Un refuerzo de 51 jueces y 670 funcionarios ayudar¨¢ a desbloquear los 254 ¨®rganos judiciales mas congestionados

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprob¨® ayer el plan de medidas urgentes para poner a punto un total de 254 ¨®rganos judiciales con elevado volumen de atrasos o falta de personal para atender los asuntos que debe tramitar. Entre las medidas, adoptadas a iniciativa de las asociaciones judiciales, figura la adscripci¨®n o comisi¨®n de servicio de 51 jueces a otros tantos juzgados, as¨ª como la ampliaci¨®n definitiva o transitoria de otros 670 funcionarios judiciales. El Ministerio de Justicia se han comprometido a financiar el plan y a aprobar las medidas que le competen.

Seg¨²n resalt¨® el portavoz del Consejo, Jos¨¦ Luis Calvo -que compareci¨® ante los informadores acompa?ado del jefe de Prensa del CGPJ, Agust¨ªn Zurita-, este plan de urgencia es independiente de las dotaciones previstas en la futura ley de Planta y Demarcaci¨®n y tampoco debe confundirse con la relaci¨®n de necesidades urgentes para 1989 remitidas por el CGPJ al Gobierno. El origen del plan urgente son las peticiones planteadas por las asociaciones judiciales y asumidas por la mayor¨ªa del Consejo el 29 de abril ¨²ltimo, entre las que figuraba "la preocupante situaci¨®n de numerosos ¨®rganos jurisdiccionales", que no pod¨ªa esperar a la aprobaci¨®n de los m¨®dulos de trabajo, otra de las reivindicaciones judiciales, pendiente todav¨ªa de decidir sobre si se contrata o no una empresa evaluadora.

Junto al refuerzo de 51 jueces y magistrados, la ampliaci¨®n definitiva, transitoria o en comisi¨®n de servicio del resto del personal judicial afecta a un total de ocho secretarios, 194 oficiales, 379 auxiliares y 89 agentes. A diferencia de los jueces y magistrados, que dependen del CGPJ, la competencia para la dotaci¨®n de estos ¨²ltimo 670 funcionarios corresponde al Ministerio de Justicia, con el que, seg¨²n Calvo, ya existe un compromiso, igual que sobre otras medidas del plan de urgencia, cuya implantaci¨®n "debe ser simult¨¢nea en todo el territorio nacional". Las comisiones de servicio durar¨¢n un a?o prorrogable.

Financiaci¨®n sin problemas

El portavoz se?al¨® que la cuantificaci¨®n del plan urgente la realizar¨¢ el Ministerio de Justicia, y asegur¨® que para su financiaci¨®n "no existen problemas presupuestarios". El seguimiento del cumplimiento del plan lo realizar¨¢ el CGPL Calvo resalt¨® la eficacia de otro plan similar, el realizado para desatascar el Tribunal Central de Trabajo, que de un total de 10.000 asuntos anuales ha pasado a tramitar 30.000, gracias al refuerzo de 35 magistrados en comisi¨®n de servicio.

Respecto a otra de las reivindicaciones asociativas, la relativa a la remuneraci¨®n de jueces y magistrados, Calvo inform¨® que el aumento anunciado de un 28% o 3051. en dos a?os "no es consecuencia del di¨¢logo que sobre esa materia mantiene el Consejo con el Ministerio de Justicia". El portavoz se neg¨® a comentar este aumento, si Sien asegur¨®, sonriente, que "el sistema retributivo no ha sido todav¨ªa fijado". Sobre las quejas manifestadas por otros colectivos de funcionarios judiciales, que consideran discriminatorio el aumento de los sueldos judiciales, Calvo estim¨® "correcto que defiendan sus derechos", pero record¨® que este personal "no depende del CGPJ, por lo que el Consejo no puede asumir sus reivindicaciones".

En relaci¨®n con la oferta realizada hace unos meses por el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, al presidente del CGPJ, Antonio Hern¨¢ndez Gil, sobre la participaci¨®n del Consejo en la elaboraci¨®n de los presupuestos de la Administraci¨®n de Justicia, Calvo reconoci¨® que, por lo que se refiere a los de 1989, "no se ha producido".

La iniciativa de Gonz¨¢lez, que significaba en la pr¨¢ctica la ampliaci¨®n, en un aspecto decisivo, de las escasas competencias del Consejo, fue muy bien recibida, de forma especialmente elogiosa, por las asociaciones judiciales.

Reforma procesal penal

Seg¨²n inform¨® el portavoz, el CGPJ celebrar¨¢ la pr¨®xima semana un pleno extraordinario para informar el anteproyecto de ley de reforma procesal penal remitido por el Ministerio de Justicia por procedimiento de urgencia. La futura ley, que el Gobierno pretende que entre en vigor el 1 de enero de 1989, trata de ofrecer una respuesta legislativa al requerimiento del Tribunal Constitucional en favor de la incompatibilidad del juez para instruir y juzgar una misma causa. En cuanto a las medidas provisionales sugeridas por el Consejo para solucionar el atasco producido por la sentencia de 12 de julio del alto tribunal, Calvo afirm¨® que est¨¢n teniendo "bastante buena aceptaci¨®n".

El portavoz record¨® que se trata en todo caso de normas indicativas y que corresponde a las juntas de jueces y a las audiencias territoriales adoptar las medidas concretas. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, en algunas audiencias territoriales, entre ellas la de Madrid, se han producido disidencias entre sus juntas de gobierno y las juntas de jueces.