El Gobierno trata de salvar su reforma procesal con una declaraci¨®n de respeto al Poder Judicial

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer, despu¨¦s de un intenso debate, un proyecto de reforma procesal y otro de actualizaci¨®n del C¨®digo Penal, que no fueron distribuidos ni en su versi¨®n ¨ªntegra, ni siquiera en los res¨²menes que en circunstancias normales entrega la Oficina del Portavoz del Gobierno. La titular de esta ¨²ltima, Rosa Conde, y el ministro de Justicia, Enrique M¨²gica, concedieron una breve conferencia de prensa de la que se desprende que el Ejecutivo trata de salvar su reforma, tras las cr¨ªticas recibidas por parte de fiscales, abogados y del propio Consejo del Poder Judicial. M¨²gica calific¨® el informe de este organismo de "no vinculante, pero sugestivo".

El fiscal va a recuperar con esta reforma los viejos usos ca¨ªdos en desuso" que ya exist¨ªan en la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de manera que podr¨¢ recibir denuncias, dar instrucciones a la Polic¨ªa Judicial -que "no es s¨®lo del juez", precis¨® M¨²gica- y llamar a comparecer a cualquier persona. No contest¨® a la pregunta de si los ciudadanos citados por los fiscales tendr¨¢n derecho a la asistencia de abogado. S¨ª aclar¨® que el ciudadano podr¨¢ negarse a acudir a la llamada del fiscal si un juez revoca la orden.El fiscal deber¨¢ renunciar a sus investigaciones cuando tenga conocimiento de que existe una instrucci¨®n paralela del juez. M¨²gica tambi¨¦n mencion¨® la posibilidad de que los fiscales puedan archivar las diligencias abiertas por ellos cuando los hechos investigados no revistan caracteres de delito.

M¨²gica asegur¨® que el Gobierno ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo del Poder Judicial y de otras instancias, aunque en lo que se refiere al fiscal no ha seguido la recomendaci¨®n del Consejo de que desaparezca toda referencia a la fiscal¨ªa en el anteproyecto de reforma procesal. El ministro se esforz¨® por demostrar que no se trata de "ampliar competencias", sino de "homogeneizar" (sic) lo que ya figuraba en otras leyes.

La diferencia entre la reforma aprobada ayer por el Gobierno y la prevista inicialmente es que el juez "puede recobrar en todo momento los elementos probatorios", dijo M¨²gica, quien no contest¨® al resto de las preguntas formuladas para precisar en qu¨¦ se ajusta a la opini¨®n emitida por el Poder Judicial.

Juzgados de lo Penal

De la informaci¨®n facilitada ayer -demasiado confusa para un asunto tan controvertido- qued¨® claro que el Gobierno crea ¨®rganos jurisdiccionales de car¨¢cter unipersonal, en contra de? criterio expresado por el Consejo del Poder Judicial, y ampl¨ªa el procedimiento abreviado a todos los delitos flagrantes, aspecto tambi¨¦n desaconsejado por dicho Consejo.M¨²gica abord¨® la explicaci¨®n de esta parte con una referencia a la lentitud de la Administraci¨®n de Justicia, provocada por "el abuso de la escritura". Puso el ejemplo de un sumario reciente, cuya vista oral ha durado dos meses despu¨¦s de una fase de instrucci¨®n que se prolong¨® tres a?os. Por esta raz¨®n, el Gobierno ha decidido crear un procedimiento abreviado para los del¨ªtos flagrantes y para todos los delitos penados con menos de seis a?os.

Asimismo se crean los Juzgados de lo Penal, que fallar¨¢n los delitos castigados con penas de hasta seis meses, as¨ª como los delitos flagrantes que conlleven penas de hasta seis a?os. En estos casos, la segunda instancia ser¨¢ la Audiencia Provincial.

Los delitos no flagrantes, castigados con penas de entre seis meses y seis a?os, ser¨¢n fallados por un s¨®lo magistrado de la Audiencia Provincial. ?ste es uno de los puntos en que el Gobierno no hace caso al Poder Judicial. La segunda instancia, para este tipo de delitos, ser¨¢ el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a los delitos castigados con m¨¢s de seis a?os, se mantendr¨¢ la situaci¨®n actual: ser¨¢n enjuiciados y fallados por una sala en pleno de la Audiencia Provincial, y la segunda instancia ser¨¢ el Tribunal Supremo. Por el contrario, el Gobierno ha tenido en cuenta ampliamente el informe del ¨®rgano de gobierno de los jueces, en lo que se refiere al C¨®digo Penal.

Error informativo

Enrique M¨²gica y Rosa Conde comparecieron ante los periodistas un cuarto de hora m¨¢s tarde de la hora anunciada y abandonaron la conferencia de prensa cuando apenas hab¨ªa transcurrido media hora, alegando otras ocupaciones.Rosa Conde afirm¨® que el Gobierno hab¨ªa pedido la opini¨®n del Consejo del Poder Judicial sin estar obligado a ello -en abierto desconocimiento de lo se?alado por la vigente ley org¨¢nica del Poder Judicial- y fundament¨® en ese error la teor¨ªa de que el Gobierno "hab¨ªa cre¨ªdo necesario pedir la opini¨®n de instituciones ajenas al Ejecutivo, como el Poder Judicial", antes de aprobar la reforma, que se contiene en dos proyectos de ley org¨¢nica. Ha sido aplazado un decreto complementario.