AP y los comunistas piden que se procese a Mart¨ªnez Torres por el 'espionaje pol¨ªtico'

El Partido Comunista de Espa?a (PCE) y Alianza Popular (AP) han solicitado al juez Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, instructor del sumario del llamado espionaje policial a los partidos, que pida a la Audiencia Provincial el procesamiento de los comisarios Jes¨²s Mart¨ªnez Torres y Alberto El¨ªas -jefes de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n y de la Brigada de Informaci¨®n Interior, respectivamente- y del inspector Manuel Sanmamed. V¨¢zquez Honrubia dictar¨¢ un auto sobre esta cuesti¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas.Los abogados de ambos partidos consideran que los tres citados han podido incurrir en un delito previsto en el art¨ªculo 172 del C¨®digo Penal, seg¨²n el cual ser¨¢n condenados a una pena de arresto mayor "quienes impidieren u obstaculizaren el leg¨ªtimo ejercicio de la libertad de, asociaci¨®n o de alguna manera perturbaren gravemente las actividades estatutarias de cualquier asociaci¨®n l¨ªcita".

En el mismo art¨ªculo se agrega que "las penas se impondr¨¢n en su m¨¢ximo grado cuando el impedimento, obst¨¢culo o perturbaci¨®n afectare al pluralismo pol¨ªtico o sindical".

Adem¨¢s, los dos partidos afectados argumentan que tambi¨¦n existen indicios para procesar a Mart¨ªnez Torres y a El¨ªas por otro presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, ya que de los departamentos bajo responsabilidad de esos polic¨ªas desaparecieron o fueron destruidos los libros de registro de entrada de documentos oficiales sobre actividades de partidos pol¨ªticos.

Ahora, el juez dictar¨¢ un auto en el que expondr¨¢ sus tesis sobre la conveniencia o inconveniencia de procesar a los polic¨ªas. En caso afirmativo -tesis calificada como "la m¨¢s probable" en medios judiciales-, tendr¨¢ que solicitar el procesamiento a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que ' al ser polic¨ªas, gozan de un fuero especial.

El sumario sobre el espionaje pol¨ªtico se inici¨® en mayo de 1985. Meses despu¨¦s, V¨¢zquez Honrubia se dirigi¨® al Tribunal Supremo, por entender que hab¨ªa indicios para procesar a miembros del Gobierno, como el entonces titular del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo. La respuesta del Supremo fue negativa y el juez instructor decidi¨® archivar el caso, pese a considerar que la polic¨ªa hab¨ªa realizado informaciones sobre actividades internas de partidos.

Esa decisi¨®n del juez fue recurrida por los partidos a la Audiencia Provincial, que orden¨® al juez la reapertura del caso no ya para dilucidar si la polic¨ªa hab¨ªa espiado a los partidos pol¨ªticos, sino para conocer si en ese tipo de pr¨¢cticas se hab¨ªan utilizado m¨¦todos ilegales.