El juez pide que se procese a los comisarios Mart¨ªnez Torres y Alberto El¨ªas por el "espionaje pol¨ªtico"

CARLOS Y?RNOZ, Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, juez instructor del sumario sobre el espionaje pol¨ªtico realizado por la polic¨ªa a diversos partidos, pidi¨® ayer a la Audiencia Provincial de Madrid que procese a los comisarios Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, comisario general de Informaci¨®n, y Alberto El¨ªas, jefe de la Brigada de Informaci¨®n Interior, por entender que existen indicios racionales de implicaci¨®n en delitos como revelaci¨®n de secretos, infidelidad en la custodia de documentos o incluso malversaci¨®n de fondos. El juez a?ade que la polic¨ªa "ha vetado" que ¨¦l investigara posibles intervenciones telef¨®nicas.

En un auto dictado ayer, V¨¢zquez Honrubla se?ala que la Secci¨®n de Movimientos Sociol¨®gicos -unidad integrada en la Brigada de Informaci¨®n Interior- "ha venido realizando in formaciones de ¨ªndole pol¨ªtico" sobre Alianza Popular (AP) y el Partido Comunista de Espa?a (PCE), entre otras organ¨ªzacio nes legales, y que ese tipo de in vestigaciones "fueron ordenadas y autorizadas en 1983 por Alberto El¨ªas y Jes¨²s Mart¨ªnez Torres". El juez recuerda que, seg¨²n un informe de la propia Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, ese tipo de investigaciones se realizaban en el marco de "un concepto universal y moderno en un Estado de derecho, que inclu¨ªa la informaci¨®n sobre part¨ªdos pol¨ªticos para preservar la seguridad del Estado. "Este instructor no alcanza a comprender cu¨¢l sea ese concepto", dice V¨¢zquez Honrubia, para a?adir que quiz¨¢s se han cometido delitos de revelaci¨®n de secretos o de perturbaci¨®n de partidos legales y aurorizados.El "verdadero meoll¨®"

"No se considera por este instructor que, por ejemplo, la cris¨ªs interna del PCE o las reuniones que mantuvieron cargos de AP o sus listas de militantes tengan inter¨¦s para el orden p¨²blico o que puedan afectar a la seguridad del Estado, debiendo en todo caso la Audiencia Provincial explicitar qu¨¦ debe entenderse por la misma, verdadero meollo de la cuesti¨®n", se dice en el auto.

Recuerda tambi¨¦n V¨¢zquez Honrubia que, seg¨²n polic¨ªas que han declarado en la causa, las informaciones proced¨ªan en ocasiones "de colaboradores pr¨®ximos o integrantes" de los partidos a espiar a cambio de dinero procedente de "fondos reservados". Para el juez, aqu¨ª pueden haber ya dos delitos. Por parte de los colaboradores, el delito de revelaci¨®n de secretos y, por parte de la polic¨ªa, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, porque a ¨¦stos se les dio "una aplicaci¨®n diferente a aqu¨¦lla para la que est¨¢n destinados".

Otros polic¨ªas declarantes -F¨¦lix Gallego y Juan Jos¨¦ Medida, ex miembros de la Brigada de Interior- se?alaron que la polic¨ªa tambi¨¦n hac¨ªa intervenciones telef¨®nicas de pol¨ªticos mediante mandamientos judiciales, "arnpar¨¢ndose las peticiones en causas falsas e inexistentes". Para el juez, la polic¨ªa "ha vetado" que ¨¦l investigue en esta l¨ªnea porque ha destruido los documentos en los que pod¨ªan estar las pruebas (Ver recuadro en la parte inferior de esta p¨¢gina).

Ya en julio de 1986, la Audiencia Provincial de Madrid dict¨® un auto en el que se?alaba que, si bien pod¨ªa considerarse "l¨ªcita, normal o incluso necesaria" una seguimiento policial sobre algunas organizaciones pol¨ªticas, tambi¨¦n exist¨ªa "un tufillo" de alguna irregularidad, por lo que pidi¨® a V¨¢zquez Honrubia que continuara sus diligencias. El juez dice ahora que "se ha reforzado" la tesis de que la polic¨ªa investigaba a partidos pol¨ªticos. Adem¨¢s de los datos recogidos en el auto por el que se concluy¨® la primera fase de la investigaci¨®n, V¨¢zquez Honrubia se?ala que "se han incorporado a la causa nuevos elementos que suponen deducir sin demasiado esfuerzo lo que ya se dijo en su d¨ªa".

Pruebas abrumadoras

Recuerda, por ejemplo, que ahora est¨¢ incorporado al sumario un amplio documento policial sobre el PCE que la polic¨ªa reconoce que estaba en el despacho de Mart¨ªnez Torres, y que el inspector Gallego ha dicho, por ejemplo, que a ¨¦l le encargaron investigar al PSOE.

Aparte de la informaci¨®n obtenida de las declaraciones de los miembros de la brigada Gallego y Medina, el magistrado resalta que, "en cuanto a los dem¨¢s funcionarios de la brigada, pese a largu¨ªsimos interrogatorios, no ha podido determinarse exactamente cu¨¢l sea en concreto la funci¨®n de la denominada Movimientos Sociol¨®gicos". "Y lo que resulta cuando menos clamoroso", a?ade V¨¢zquez Honrubia, "es que a pesar de lo abrumador de las evidencias documentales, todos ellos nieguen haber investigado a asociaciones y partidos".

Por todo ello, el juez pide a la Audiencia Provincial que procese a Mart¨ªnez Torres y Alberto El¨ªas, as¨ª como a los polic¨ªas dependientes de ellos e implicados en los mismos supuestos delitos, "y en su caso a los superiores jer¨¢rquicos, administrativos y pol¨ªticos". En lugar de decretar directamente el procesamiento de los acusados, como ocurre en la generalidad de los casos, el juez de instrucci¨®n n¨²mero 21 de Madrid eleva el caso a la Audiencia Provincial, por ser ¨¦ste tribunal colegiado el ¨®rgano competente para continuar la tramitaci¨®n de la causa y, en su caso, decidir el procesamiento, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 8 de la ley org¨¢nica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que otorga a los polic¨ªas y guardias civiles el llamado fuero policial.