Zona franca

LO POCO que se conoce de los estudios que expertos oficiales est¨¢n realizando sobre la proyectada ley del Gobierno confirma los peores augurios sobre las intenciones que puedan existir tras el anuncio de esta ley. Lo que no deber¨ªa ser otra cosa que una norma pol¨ªtico-jur¨ªdica que actualizase, a la luz de la Constituci¨®n, la vetusta normativa sobre organizaci¨®n y funcionamiento de la Administraci¨®n central del Estado, las competencias de sus diferentes ¨®rganos y las responsabilidades de sus titulares, tiene las trazas de convertirse en un monumento legal a la impunidad y al secretismo contra el que se estrellen los intentos de pedir cuentas por sus actuaciones a quienes est¨¢n al frente de la gobernaci¨®n del pa¨ªs.Por lo que se ha podido saber, los inspiradores de la nueva norma intentan que a su sombra se cobijen temas tan heterog¨¦neos como el incremento de las garant¨ªas contra la violaci¨®n de los secretos oficiales, el reforzamiento del fuero de los altos cargos frente a las exigencias de responsabilidad civil y criminal en el ejercicio de sus funciones, el ocultamiento de los fondos reservados a la labor investigadora de los jueces en la persecuci¨®n del delito o la determinaci¨®n de la forma en que un alto cargo debe colaborar con la justicia. Es decir, un batiburrillo que desvela los verdaderos objetivos de esta norma, que se prefigura como una aut¨¦ntica ley especial en cuanto excluye o limita en el ¨¢rea de actuaci¨®n del Ejecutivo la aplicaci¨®n de los c¨®digos ordinarios que rigen para la generalidad de los ciudadanos.

El Gobierno ha intentado dar credibilidad pol¨ªtica al anuncio de la nueva norma con la especie de que su existencia vendr¨ªa exigida por la necesidad de elaborar una nueva ley de r¨¦gimen jur¨ªdico de la Administraci¨®n del Estado y por el mandato constitucional de regulaci¨®n legal del estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Con ello se ha pretendido probablemente evitar la impresi¨®n de que esta iniciativa legislativa es consecuencia de las derivaciones del caso Amedo, y en particular del inter¨¦s de los jueces por seguir las trazas de los cr¨ªmenes de los GAL a trav¨¦s del uso de los fondos reservados del Estado.

Pero la amplitud y la naturaleza de las cuestiones que se pretenden resolver con la nueva norma trascienden con mucho de lo que exigir¨ªa una nueva ley de r¨¦gimen jur¨ªdico de la Administraci¨®n del Estado y la regulaci¨®n constitucional del estatuto de los miembros del Gobierno. Una y otra son necesarias, y la primera de ellas, m¨¢s que urgente, pues la que est¨¢ en vigor, del a?o 1957, es pr¨¢cticamente inservible en un Estado democr¨¢tico. Pero, admitida su necesidad, habr¨¢ que ver si el Gobierno no aprovecha la percha de esta ley para colgar en ella un vestido de dif¨ªcil encaje en el modelo constitucional.

En Espa?a, el secreto oficial sobre materias referentes a la seguridad y defensa del Estado y su protecci¨®n penal tienen una apoyatura legal equivalente a la que pueda haber en cualquier pa¨ªs europeo, por lo que constituye una interesada desinformaci¨®n la afirmaci¨®n de que tal regulaci¨®n no existe o es gravemente insuficiente. Lo que al Gobierno parece sacarle de quicio son las incursiones del Poder Judicial en determinados ¨¢mbitos de la actuaci¨®n del Ejecutivo, as¨ª como el control de esas actuaciones por la oposici¨®n y la opini¨®n p¨²blica. Esa posibilidad, de intervenci¨®n y control constituye uno de los pilares decisivos del Estado de derecho y la garant¨ªa m¨¢xima de funcionamiento democr¨¢tico de las instituciones. Mal puede el Parlamento exigir la responsabilidad pol¨ªtica del Gobierno si se le niega la informaci¨®n precisa, y dif¨ªcilmente podr¨¢n los jueces exigir las responsabilidades penales y civiles que procedan contra los gobernantes si se le veda la obtenci¨®n de las pruebas.

Con la legislaci¨®n que se incuba es posible que el Gobierno se libre de las incomodidades de tener que responder jur¨ªdica y pol¨ªticamente de todas sus actuaciones. Pero ser¨¢ a cambio de crear una peligrosa zona franca donde todo abuso y corrupci¨®n se hagan posibles.