Una rebeli¨®n que no cesa

LA DEMOCRACIA argentina ha hecho frente a una rebeli¨®n militar que es, en la pr¨¢ctica, continuaci¨®n de las que se produjeron en Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987 y en Monte Caseros en enero pasado. Con una diferencia: esta vez no la encabezaba una figura relativamente secundaria, como el[ teniente coronel Aldo Rico, sino el coronel Seineld¨ªn, que ha sido desde el principio el verdadero jefe del movimiento. Este militar de convicciones ultrarreaccionarias se ha lanzado a una empresa criminal, cegado por un fanatismo y una obcecaci¨®n propia de seres irracionales, incapaces de comprender la nueva realidad de la Argentina de hoy.El objetivo de Seineld¨ªn y de sus seguidores es que los poderes de la Rep¨²blica -violando lo decidido por el pueblo y sus mandatarios- reivindiquen como una acci¨®n honorable la espantosa guerra sucia llevada a cabo durante la dictadura. Y que, en consecuencia, se promulgue la amnist¨ªa por todos esos cr¨ªmenes. En las rebeliones anteriores, el presidente Alfons¨ªn tuvo la posibilidad de lograr el cese de los levantamientos -si bien s¨®lo de modo provisional, como los hechos ulteriores han demostrado- adoptando dos leyes que, en cierta medida, daban satisfacci¨®n al deseo de los militares de que cesasen las acciones judiciales tendentes a esclarecer y sancionar los cr¨ªmenes de la etapa dictatorial.

La ley de punto final y, despu¨¦s de la rebeli¨®n de Semana Santa de 1987, la ley de obediencia debida -aceptadas con dificultad por la conciencia democr¨¢tica argentina, ya que garantizaban la impunidad por hechos odiosos- permitieron concentrar las penas en los altos jefes, sin duda los m¨¢ximos responsables, eximiendo a los mandos inferiores con el argumento de que todo militar est¨¢ obligado a obedecer a su superior.

Pero en el caso presente ya no se vislumbraba un terreno de posible repliegue. Es m¨¢s, lo que salta a la luz es la posici¨®n absolutamente incongruente en que se colocaron los militares sublevados: no pocos de ¨¦stos, empezando por el propio coronel Seincid¨ªn, se han acogido a la ley de obediencia debida para negarse a responder por los delitos que presumiblemente han cometido durante la guerra sucia. Pero despu¨¦s de haberse amparado en el principio de obediencia, como algo consustancial a su condici¨®n de militares, lo violan al negarse a obedecer al jefe supremo de las fuerzas armadas, el propio Alfons¨ªn.

Una democracia no puede vivir a expensas de un poder militar que no se siente obligado a obedecer a las autoridades elegidas por el pueblo. Eso es lo que hoy se discute. Dentro del estamento militar -a causa de una concepci¨®n patol¨®gica de la solidaridad corporativa-, las demandas de los rebeldes encuentran cierto apoyo, lo que crea grandes dificultades para que tengan eficacia las medidas dictadas por el Gobierno. Pero en la ciudadan¨ªa, el repudio a los rebeldes es absoluto. Nunca se ha producido en Argentina una unidad tan completa de los partidos pol¨ªticos y de todos los sectores sociales como la que se afirma contra la rebeli¨®n. La CGT, central ¨²nica de los trabajadores, ha llamado a una huelga general para hoy, que debe atestiguar una voluntad un¨¢nime de apoyo a la democracia.

Vivimos momentos en los que la solidaridad con el Gobierno argentino es un imperativo para todos los dem¨®cratas del mundo, y de un modo particular para los espa?oles. Numerosos Gobiernos, incluido el de EE UU, han expresado de modo inmediato su apoyo al presidente Alfons¨ªn. Todo ello confirma que la acci¨®n de los rebeldes era una aventura que no respond¨ªa a ning¨²n proyecto racional. Lo ¨²nico que pod¨ªa provocar es derramamientos de sangre, agregando nuevos horrores a la lista, no corta, de los graves delitos cometidos por los militares contra los intereses de la naci¨®n argentina. En todo caso, el Gobierno espa?ol debe adoptar las medidas m¨¢s apropiadas para lograr que la Comunidad Europea exprese de forma eficaz su plena solidaridad con la democracia argentina.