El retorno de los agentes sociales

La Constituci¨®n de 1978, con un lamentable retraso, cumpli¨® de una forma at¨ªpica la funci¨®n de gran pacto social, que en los pa¨ªses europeos democr¨¢ticos se ha venido expresando despu¨¦s de la II Guerra Mundial a trav¨¦s de otros procedimientos legales o convencionales.Seg¨²n ese pacto impl¨ªcito, los trabajadores espa?oles (en el m¨¢s amplio sentido) no pondr¨ªan en cuesti¨®n la econom¨ªa de mercado y la libertad de empresa a cambio de poder dirigir, a trav¨¦s de la v¨ªa sindical, tambi¨¦n libremente, su permanente lucha por la distribuci¨®n de la riqueza producida.

La Constituci¨®n abr¨ªa el camino legal para la movilizaci¨®n de los agentes sociales y su entrada en la definici¨®n y control de la pol¨ªtica social y econ¨®mica del pa¨ªs, los cr¨¦ditos, las inversiones, el empleo, la pol¨ªtica de bienestar.

La Constituci¨®n estableci¨®, pues, las condiciones jur¨ªdicas para que pudiera producirse a partir de 1978 una transformaci¨®n de la orientaci¨®n de las pol¨ªticas desarrolladas por los Gobiernos franquistas: una variaci¨®n de la forma constitucional para que pudiera romperse el fondo de la pol¨ªtica cerrada y olig¨¢rquica -aunque no inm¨®vil ni ciega- de! sistema autoritario.

Pero la democracia de 1978 se construye sobre una transici¨®n pac¨ªfica porque los sectores sociales m¨¢s beneficiados por la dictadura, las clases dirigentes, los aparatos del Estado m¨¢s ligados a ese sistema de poder, no sufren directa e inmediatamente lesi¨®n en sus posiciones. Es decir, el proceso de reforma pol¨ªtica permite que se garanticen las libertades b¨¢sicas, se democraticen los poderes legislativo y ejecutivo y se legalicen partidos y sindicatos, pero tambi¨¦n permite que las pol¨ªticas esenciales (defensa, justicia, servicios, econom¨ªa) experimenten pocas variaciones sustanciales respecto al pasado.Ser¨ªa un ejercicio investigador fascinante comprobar hasta qu¨¦ punto las pol¨ªticas p¨²blicas de la democracia guardan un cord¨®n umbilical de continuidad con las pol¨ªticas de los ¨²ltimos 25 a?os, en sus contenidos y en sus protagonistas.

Lo cierto es que, a partir de 1978, un Gobierno y una mayor¨ªa parlamentaria pueden optar por seguir la herencia y las estructuras del ayer o iniciar un proceso de transformaci¨®n profunda. Lo que el electorado vota en 1982 es precisamente la segunda v¨ªa: el cambio, ese programa enormemente atractivo que el PSOE supo resumir a la periecci5n con aquella palabra m¨¢gica.

Hoy, en 1988, cuando los sindicatos mayoritarios llaman a una huelga general contra la pol¨ªtica del Gobierno, la percepci¨®n del conjunto de 'la base social que vota cambio en 1982 es que las pol¨ªticas reales aplicadas por el Gobierno socialista se inscriben en el campo de ?a continuidad, es decir, en lo que, desde la perspectiva de los grupos sociales beneficiarios y sus relaciones de poder, no ofrece perfiles estructuralmente distintos de fondo respecto de la pol¨ªtica de Gobiernos anteriores.

Este factor capital, que explica en buena medida un fen¨®meno tan peculiar como la debilidad de una derecha pol¨ªtica, alcanza seguramente su manifestac¨ª¨®n emblem¨¢tica en la pol¨ªtica econ¨®mica, aquella que est¨¢ en el punto de mira de la movilizaci¨®n de los trabajadores el 14 de diciembre.

La pol¨ªtica econ¨®mica de la sociedad posindustrial es de enorme complejidad. Por eso, el continuismo, entendiendo por tal otorgar el protagonismo a los agentes econ¨®micos empresariales, es siempre una tentaci¨®n para el gobernante. La pol¨ªtica de los Gobiernos espa?oles ha venido incidiendo en esa l¨ªnea, ofreciendo una estrategia de salarlo social diferido que entrega la ¨²ltima decisi¨®n inversora (productiva) y de creaci¨®n de empleo a la libertad empresarial. omn¨ªmoda. Es una v¨ªa hacia la fractura de la sociedad laboral, en la que no se compensa la fuerte p¨¦rdida de ocupaci¨®n en el sector industrial con el lento crecimiento en el sector se?vicios.Toda estrategia de salario social diferido exige una capacidad de rnantener las expectativas y promesas de futuro, pera esto es lo que ya ha desaparecido en el mundo laboral espa?ol, con la creciente convicci¨®n de que la moderaci¨®n salarial no se retribuye con la inversi¨®n productiva, sino, m¨¢s bien, con una fuerte actividad especulativa, que sit¨²a a la poblaci¨®n activa en un lugar de mero espectador, no beneficiarlo ni a corto ni a largo plazo de las revueltas palaciegas financieras.

La pol¨ªtica econ¨®rnica espa?ola, puesta en coniacto con la realidad comunitaria europea, no ha hecho sino ahondar en una fisonom¨ªa neoliberal que ofrece creciente capacidad de acci¨®n a los agentes empresariales y mayor sujeci¨®n y disfuncionalidad a los agentes sindicales, produciendo en el seno de ¨¦stos la reacci¨®n que cabr¨ªa esperar.

La glorificaci¨®n del mercado como forma de asignaci¨®r de recursos, sin la mediaci¨®n pol¨ªtica y sindical, lleva en su seno la progresiva confrontaci¨®n con los agentes sociales. Pero, sobre todo, esa peligrosa estrategia, adem¨¢s de ser contraria a la constataci¨®n f¨¢ctica de que el crecimiento econ¨®mico ha coincidido hist¨®ricamente con la ¨¦poca de ampliaci¨®n del Estado de bienestar y de la intervenci¨®n sindical y no con los per¨ªodos de capitalismo sin freno, entra netamente en conflicto con la l¨®gica constitucional.Y es que la utop¨ªa liberal del mercado necesita actores sociales, no organizados, no asociados, y convive dificilmente con la democracia pol¨ªtica. En la esfera del mercado definitivamente libre, los recursos son distribuidos desigualmente; en la esfera de la democracia, por el el reparto de poder (sufragio universal) es igualitario. Por eso una pol¨ªtica econ¨®mica como la dominante en los ¨²ltimos a?os no s¨®lo encuentra cada vez m¨¢s dificultades para sintonizar con los sindicatos, sine, que afecta al propio funcionamiento de los principios democr¨¢ticos.

Efectivamente, la democracia espa?ola, con un Parlamento en tendencia hacia la aton¨ªa v con nostalgias tecnocr¨¢ticas ¨¢ un imposible Estado administrativo (en el sentido schmittiano), ha ido perdiendo gas en la medida en que las pol¨ªticas p¨²blicas no han salido del continuismo.

Por eso la convocatoria de paro general se nos muestra como un revulsivo que introduce por vez primera en el sistema pol¨ªtico espa?ol la discontinuidad con pasadas pol¨ªticas de pasados reg¨ªmenes. La huelga del 14-D es la discontinuidad. Es, objetivamente, una bocanada de aire puro frente a la cultura pol¨ªtica de la indiferencia. Es un despertar de los agentes sociales en su contacto con el conjunto de la sociedad civil.

Este sentido de cambio profundo es lo que parece dif¨ªcil de aceptar por el establecimiento. Porque los sindicatos desarrollan una dimensi¨®n fuerte de? Estado democr¨¢tico frente a esa especie de pensamiento d¨¦bil posmoderno que ha venido presidiendo la pol¨ªtica econ¨®mica y que ha sido presentado como modernizaci¨®n, como secularizaci¨®n o como legitimaci¨®n.La huelga general pone en cuesti¨®n que la pol¨ªtica econ¨®mica merezca esos calificativos, y propone otra cultura de gobierno para la sociedad democr¨¢tica avanzada. Una cultura para la que no existe la central?zaci¨®n pol¨ªtica (yo o el caos), y en la cual los conflictos no son erradicables, condenables o suprimibles, sino s¨®lo gobernables.

Suscriben el art¨ªculo