Valor c¨ªvico

COMO LE ha ocurrido al general Pinochet en Chile, el recurso al refer¨¦ndum lleva a?os jugando malas pasadas al Ej¨¦rcito uruguayo. En noviembre de 1980, en una consulta de este tipo, los uruguayos rechazaron una nueva Constituci¨®n propuesta por el entonces presidente M¨¦ndez que amenazaba con eternizar la ocupaci¨®n militar del poder pol¨ªtico. El Ej¨¦rcito cerr¨® los ojos, y, tras colocar en la presidencia a un general retirado, puso fuera de la ley a varios partidos pol¨ªticos para que cuando se produjera el inevitable retorno a la vida civil no se hicieran demasiadas preguntas sobre la corrupci¨®n econ¨®mica y la represi¨®n policial que hab¨ªan presidido su largo paso por la vida de Uruguay.Cuatro a?os despu¨¦s del primer refer¨¦ndum, la democracia volvi¨® a Uruguay con la elecci¨®n en comicios libres del candidato colorado (liberal) Julio Mar¨ªa Sanguinetti. Otros cuatro a?os m¨¢s tarde, es el pueblo el que recurre al refer¨¦ndum para jugar una nueva mala pasada al Ej¨¦rcito. Pese a las considerables trabas puestas, los uruguayos consiguieron reunir anteayer el n¨²mero suficiente de firmas para forzar la convocatoria de una consulta en torno a la llamada ley de Caducidad de la Pretensi¨®n Punitiva del Estado, eufemismo tras el que se esconde un punto final a la responsabilidad del Ej¨¦rcito por sus cr¨ªmenes.

La ley fue aprobada en diciembre de 1986, y se aplicaba al per¨ªodo de 1973 a 1985 (se entend¨ªa que la lucha contra los Tupamaros -de 1967 a 1972- hab¨ªa sido una guerra y se exim¨ªa al Ej¨¦rcito de cualquier responsabilidad en ella). Era un respiro para el presidente Sanguinetti, siempre temeroso de las reacciones de la c¨²pula militar. Un respiro de corta duraci¨®n, sin embargo, porque, apenas un mes m¨¢s tarde, la coalici¨®n de centro-izquierda -el Frente Amplio-, los sindicatos y los grupos pro derechos humanos empezaron a recoger firmas para obtener el aval de un 25% de los electores que, seg¨²n el precepto constitucional, es necesario para la convocatoria de un refer¨¦ndum. Casi dos a?os m¨¢s tarde, han conseguido 218 firmas m¨¢s de las 555.701 necesarias. Una buena noticia que muestra el arraigo de los valores c¨ªvicos en un pueblo que no quiere perder la memoria. Que luego se consiga derrotar la ley del punto final o no es otra cuesti¨®n.

Contrasta este episodio con lo que est¨¢ ocurriendo en la vecina Rep¨²blica Argentina. Al igual que Sanguinetti, el presidente Alfons¨ªn, leg¨ªtimamente preocupado por la afici¨®n de los militares argentinos a hacer gala de su valor atrincher¨¢ndose en sus cuarteles y disparando sobre la poblaci¨®n civil, fue moderando sus promesas electorales de obligar a los mandos militares a responder de las atrocidades cometidas durante la dictadura. La ley de punto final argentina permiti¨® sentar en el banquillo, en un proceso celebrado ante la justicia civil, a las c¨²pulas militares que dirigieron el pa¨ªs durante esa etapa. Un acontecimiento hist¨®rico cuyo ¨²nico precedente moderno es lo ocurrido en Grecia tras la ca¨ªda de la dictadura militar en julio de 1974. A cambio, las responsabilidades de la represi¨®n quedaban limitadas a esa misma c¨²pula. Lo que en su d¨ªa fue elogiado como un acto de justificada prudencia pol¨ªtica se ha ido volviendo en contra del Gobiemo democr¨¢tico y del conjunto de la sociedad. Desde el estamento militar, la ley de punto final ha sido entendida como una especie de rendici¨®n de las instituciones pol¨ªticas en la medida en que esa ley -condici¨®n necesaria, pero no suficiente- no fue acompa?ada de otras medidas tendentes a desmontar el enorme peso pol¨ªtico que las fuerzas armadas han tenido tradicionalmente en Argentina. La marcha atr¨¢s est¨¢, sin embargo, pr¨¢cticamente descartada debido al hecho de que a los argentinos les est¨¢ constitucionalmente vedado recurrir al refer¨¦ndum por convocatoria popular.