Zozobra que no cesa

M?S DE un a?o despu¨¦s, el casco del buque Cason, el mercante que, tras haberse incendiado, embarranc¨® el 5 de diciembre de 1987 en las costas de Finisterre, contin¨²a varado al pie del acantilado con parte de su carga a bordo. Su espectral presencia sirve de recordatorio de una de las situaciones m¨¢s absurdas vividas en este pa¨ªs en muchos a?os. La publicaci¨®n del informe elaborado por una comisi¨®n constituida el pasado verano para el esclarecimiento de los hechos ha puesto de relieve, pese a sus lagunas y escasa imparcialidad, los efectos amplificadores de la suma de incompetencias que se dieron cita en aquellas fechas en Galicia.En el incendio del buque perdieron la vida 23 tripulantes, todos ellos, seg¨²n el informe forense, por intoxicaci¨®n. El barco circulaba a unas ocho millas de la costa con diversos materiales t¨®xicos, de naturaleza no bien establecida, a bordo. Como resultado de la falta de coordinaci¨®n en las tareas de rescate de esos materiales se produjeron, entre otros, los siguientes efectos: desordenado ¨¦xodo de varios miles de personas, habitantes de la zona; prohibici¨®n de pescar en una amplia franja costera durante varios meses (siendo ¨¦sta la principal actividad econ¨®mica de la comarca); 220 millones de pesetas invertidos en las tareas de rescate, y que ni la empresa propietaria del buque ni su aseguradora aceptan pagar; inutilizaci¨®n parcial de las instalaciones de la factor¨ªa de Al¨²mina-Aluminio, con p¨¦rdidas econ¨®micas evaluadas en miles de millones.

Un resultado demasiado pesado como para que nadie se haga el distra¨ªdo respecto a sus causas. El informe se?ala algunas: descontrol sobre el tr¨¢fico mar¨ªtimo que bordea las costas gallegas; falta de coordinaci¨®n entre las diversas instancias oficiales que intervinieron en el asunto; desinformaci¨®n culposa por parte de las autoridades, lo que aument¨® la alarma y tendencia a desbordamientos emocionales de una poblaci¨®n desorientada; decisi¨®n no justificada de trasladar los materiales t¨®xicos a un punto situado a 300 kil¨®metros del lugar del embarrancamiento, lo que contribuy¨® a generalizar la confusi¨®n y las reacciones de p¨¢nico.

Algunos de los problemas todav¨ªa pendientes son los siguientes: ausencia de iniciativas conocidas para controlar la circulaci¨®n de barcos con sustancias potencialmente peligrosas por la zona; presencia amenazadora de los restos del barco, de los que siguen desprendi¨¦ndose sustancias diversas (una subasta p¨²blica para adjudicar el rescate qued¨® desierta); cobro de indemnizaciones por parte de los pescadores imposibilitados de faenar durante tres meses; pleito con la empresa armadora del Cason sobre los costes de las operaciones de rescate de los bidones t¨®xicos; 23 miembros del comit¨¦ de empresa de Al¨²mina-Aluminio despedidos, a la espera de la resoluci¨®n por el Tribunal Supremo del recurso presentado; reclamaci¨®n por parte de esa empresa al Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros de una indemnizaci¨®n -por da?os materiales y beneficios no realizados- pr¨®xima a los 11.000 millones de pesetas.

El informe de la comisi¨®n investigadora evita toda referencia cr¨ªtica al comportamiento de los trabajadores de esa factor¨ªa que se negaron a mantener los servicios m¨ªnimos que hubieran evitado la inutilizaci¨®n de las cubas electrol¨ªticas. Como en el caso de los altos hornos sider¨²rgicos, la paralizaci¨®n de la producci¨®n y subsiguiente solidificaci¨®n del mineral fundido produce efectos dif¨ªcilmente reversibles en las costos¨ªs¨ªmas instalaciones. La empresa advirti¨® que el coste de esa inutilizaci¨®n podr¨ªa alcanzar los 16.000 millones de pesetas (cifra que despu¨¦s ha rebajado considerablemente, pese a lo cual es enorme).

Ese silencio de la comisi¨®n resulta menos misterioso si se recuerda que fue constituida a instancias del comit¨¦ de empresa de Al¨²mina-Aluminio. Pero ello no justifica la ligereza con que sus componentes, encabezados por el ex defensor del pueblo Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, han procedido en este aspecto preciso. No parece que el amor a la clase obrera deba implicar el halagador silenciamiento de comportamientos irresponsables que, por lo dem¨¢s, chocan frontalmente con la tradici¨®n del movimiento obrero. Pero tambi¨¦n es cierto que la mayor¨ªa socialista se opuso en su d¨ªa a la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria que investigase y depurase responsabilidades.