La comisi¨®n parlamentaria que estudia las sectas reclama un mayor control fiscal sobre ellas

El informe final de la comisi¨®n parlamentaria que ha estudiado las sectas en Espa?a insta al Gobierno a un mayor control sobre estas asociaciones, particularmente en materia fiscal. El documento reclama una "m¨¢s precisa regulaci¨®n del r¨¦gimen jur¨ªdico de las entidades sin ¨¢nimo de lucro y de utilidad p¨²blica, con el fin de no facilitar indebidas bonificaciones fiscales a entidades que no satisfagan ¨ªntegramente las condiciones que sean exigibles". La comisi¨®n, que hoy dar¨¢ los ¨²ltimos retoques al informe, cifra en 40 las sectas con indicios de "actuaciones ilegales", y en 150.000 sus adeptos.

La comisi¨®n del Congreso que ha estudiado las sectas, constituida en mayo pasado, cita un amplio listado de violaciones de la ley atribuidas a sectas: proselitismo il¨ªcito, coacciones, amenazas, atentados a la libertad y seguridad de las personas, estafas, delito fiscal, evasi¨®n de divisas, delitos laborales en relaci¨®n con horarios de trabajo, salarios y liquidaci¨®n de cuotas a la Seguridad Social.Y, de a?adidura, seg¨²n el informe de la comisi¨®n, "resulta especialmente preocupante el tipo de repercusiones que en el orden sanitario, educativo, cultural y social pueden sufrir los hijos nacidos de padres integrados en sectas cerradas al entorno social". Todas estas acciones delictivas sectarias, seg¨²n el documento, generan "inseguridad y angustia" en las familias afectadas y en el conjunto de la sociedad.

El texto se?ala tambi¨¦n que estas violaciones de la ley, pese a su gravedad, "son de dif¨ªcil prueba o muy lenta resoluci¨®n en los tribunales, y vienen arropadas por el marco de libertades constitucionales que los ciudadanos desean ver preservado de su abuso ileg¨ªtimo".

La comisi¨®n, cuyo presidente es el socialista Manuel del Pozo, cree suficiente el marco jur¨ªdico existente en Espa?a referente a las sectas, salvo en el apartado fiscal. El informe, que ser¨¢ elevado al pleno del Congreso para que inste al Gobierno a su aplicaci¨®n, declara injustificada e inconstitucional una ilegalizaci¨®n de todas las sectas. Esta "soluci¨®n radical", seg¨²n el documento, s¨®lo puede ser aplicada por los tribunales a las sectas que transgredan la legislaci¨®n vigente.

Sin embargo, la comisi¨®n s¨ª propone en su informe un movimento econ¨®mico con ingresos por servicios, con donaciones, con compraventas, con incremento de patrimonio, etc¨¦tera, impropio por su volumen de grupos que se presentan formalmente ante la sociedad como entidades sin ¨¢nimo de lucro y con finalidades altruistas de signo religioso, cultural, rehabilitador-terap¨¦utico o an¨¢logos".

Tutela judicial

Otra recomendaci¨®n es que se informe a jueces, fiscales y m¨¦dicos forenses sobre el "s¨ªndrome disociativo at¨ªpico" como enfermedad psiqui¨¢trica catalogada internacionalmente "por si, en su caso y con las debidas garant¨ªas judiciales, pudiera dar lugar, en aplicaci¨®n de la ley vigente, a la incapacidad y mecanismos oportunos de tutela judicial en supuestas v¨ªctimas de procesos de despersonalizaci¨®n programada con efectos graves sobre la capacidad personal de decidir libremente".

La comisi¨®n pretende que los jueces estudien y promuevan las medidas cautelares legalmente aplicables respecto a "la tutela de menores en los supuestos de delito de abandono de familia por ingreso de uno de sus miembros en un grupo que pueda impedirle en la pr¨¢ctica el ejercicio pleno de la tutela y cuidados debidos al ni?o".

Otra exigencia es el establecimiento de acuerdos internacionales sobre sustracci¨®n de menores con el fin de facilitar su repatriaci¨®n urgente si cruzan ilegalmente la frontera. La Administraci¨®n, seg¨²n el informe, debe velar tambi¨¦n por el "cumplimiento de los deberes higi¨¦nicos y de escolarizaci¨®n en condiciones legales" de los hijos de padres residentes en comunidades cerradas.

La diputada democristiana Pilar Salarrullana es uno de los integrantes de esta comisi¨®n m¨¢s favorables a introducir hoy recomendaciones a¨²n m¨¢s duras, algunas de las cuales distan de gozar del consenso, como es el caso de su idea de que se inculpe a los l¨ªderes de la secta de los delitos que cometan sus adeptos.

La comisi¨®n explica que el Pleno del Congreso le encarg¨® no que hiciera una investigaci¨®n sobre las sectas, sino un estudio. De ah¨ª coligieron los diputados que "deb¨ªa excluirse la b¨²squeda de datos e identificaciones personales o grupales o de la existencia de actuaciones concretas".

La comisi¨®n justifica el hecho de no haber establecido un cat¨¢logo de sectas en dos razones: el Congreso no se lo encarg¨® y, adem¨¢s, dados los medios disponibles, s¨®lo se habr¨ªa conseguido censar a aquellas asociaciones sobre las que la comisi¨®n hubiera tenido noticias de denuncias, lo que habr¨ªa provocado discriminaciones en favor de aquellas cuyas irregularidades no han aflorado.

La comisi¨®n estima que las "sectas destructivas", aquellas que "trasgreden la legalidad y destruye el equilibrio del sujeto y sus relaciones afectivas, laborales, sociales", acogen en Espa?a, 70.000 menores de 29 a?os, y a 80.000 ciudadanos mayores de esa edad.

El perfil del adepto a las sectas tiene estas facetas: mayor de 18 a?os, familia de renta baja, trabajo poco cualificado, cierto grado de inadaptaci¨®n, escasa integraci¨®n social, baja autoestima, y sentimientos religiosos.