Una receta insuficiente

LAS COMISIONES especiales creadas hasta ahora en el Parlamento han aportado escasa luz sobre los oscuros asuntos o conductas sospechosas que estaban obligadas a investigar. Sin embargo, han sido generosas en la elaboraci¨®n de toda suerte de consejos y recomendaciones que, obviando la exigencia de responsabilidades concretas, tratan de poner remedio a la enfermedad que diagnostican -por otra parte, nunca reconocida expl¨ªcitamente- con recetas generales de tipo pol¨ªtico y legislativo.La comisi¨®n parlamentaria sobre el caso Flick -que sorprendi¨® a los socialistas al inicio de su mandato en el poder- no descubri¨® nada, del mundo subterr¨¢neo que pon¨ªa en relaci¨®n el dinero con los estados mayores de los partidos pol¨ªticos, pero fue expl¨ªcita en su recomendaci¨®n de una ley -ya en vigor- para la financiaci¨®n generosa, a costa del erario p¨²blico, de la actividad de las formaciones pol¨ªticas. La comisi¨®n parlamentaria sobre el tr¨¢fico de influencias, creada en marzo del a?o pasado a iniciativa de Alianza Popular, tampoco fue capaz de aportar la m¨¢s m¨ªnima luz sobre el asunto que justific¨® su nacimiento: el comportamiento supuestamente corrupto de determinados antiguos altos cargos socialistas desembarcados en ¨¢reas econ¨®micas privadas relacionadas con su anterior actividad en la Administraci¨®n p¨²blica. Sin embargo, y a modo de justificaci¨®n de que adem¨¢s del mucho ruido tambi¨¦n hab¨ªa habido algunas nueces, la susodicha comisi¨®n se despach¨® con 19 recomendaciones destinadas a reforzar los mecanismos de control de la actividad de los parlamentarios y de los altos cargos.

Fruto de aquellas recomendaciones es la propuesta presentada ahora en el Congreso por el Grupo Socialista para colmar las lagunas legales que impiden la erradicaci¨®n del tr¨¢fico de influencias en el ¨¢rea del poder pol¨ªtico y de la actividad parlamentaria. Aun que el fruto no se corresponda con la naturaleza y los fines de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n -y su alumbramiento no basta para redimir a posteriori de su fracaso a la comisi¨®n correspondiente-, tampoco es cuesti¨®n de desconocer el avance que la iniciativa supone respecto del absoluto vac¨ªo legal anterior. Pero para el futuro ser¨ªa mejor dejar estas propuestas de reformas legales en manos de m¨¢s humildes y reposadas comisiones de estudio y destinar las m¨¢s pol¨¦micas y controvertidas comisiones de investigaci¨®n a las tareas para las que han sido dise?adas. As¨ª se evitar¨ªa lo que ha ocurrido ahora: que los obst¨¢culos opuestos por la mayor¨ªa parlamentaria y los errores en los planteamientos de la oposici¨®n hayan provocado que a la postre sea el Grupo Socialista el ¨²nico patrocinador de una iniciativa sobre la moralizaci¨®n y transparencia de la vida p¨²blica, lo que le permite salvar la cara pol¨ªticamente despu¨¦s de que los trabajos de la comisi¨®n quedaran condenados al fracaso. Los plazos de tramitaci¨®n de la iniciativa legislativa har¨¢n que las personas denunciadas en su momento por la oposici¨®n no incurran en los supuestos de la futura ley, porque ya habr¨¢n transcurrido los dos a?os previstos.

En todo caso, la propuesta se ha quedado corta, ya que deber¨ªa haber extendido la incompatibilidad sobrevenida que propone para los ex altos cargos -dos a?os de cese en actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resoluci¨®n- a toda actividad vinculada de una u otra forma con sus antiguas funciones. La derecha conservadora, que opuso una tenaz resistencia a los primeros intentos de regulaci¨®n de las incompatibilidades de la clase pol¨ªtica, se muestra ahora partidaria de que el tr¨¢fico de influencias sea tipificado como un delito espec¨ªfico. De cualquier manera, la propuesta socialista est¨¢ en la l¨ªnea de lo que en este terreno existe en otros pa¨ªses democr¨¢ticos, y no deber¨ªa haber dificultad alguna para mejorarla durante su tramitaci¨®n parlamentaria. Pero, con ser fundamental la existencia de una legislaci¨®n apropiada, lo es a¨²n m¨¢s disponer de los mecanismos de control que aseguren su efectivo cumplimiento, extremo insuficientemente expresado en la propuesta legislativa. La experiencia existente sobre el seguimiento del actual r¨¦gimen de incompatibilidades de altos cargos -convertido en buena medida en poco menos que en papel mojado- muestra que no basta con la ley si quienes tienen que cumplirla encuentran el campo abonado para burlarla impunemente.