Ruptura definitiva de Ias negociaciones entre Gobierno y sindicatos para la concertaci¨®n

Viene de la primera p¨¢ginaEl salario m¨ªnimo neto es aquel que resulta de restar el 6% que se detrae por el impuesto sobre la renta a los trabajadores en activo al salario m¨ªnimo interprofesional. El Ejecutivo, finalmente, asegur¨® que va a tener en cuenta el poder adquisitivo perdido por pensionistas y funcionarios en 1988.

Los sindicatos, por su parte, piensan afrontar la ruptura de las negociaciones con "serenidad", seg¨²n el dirigente de CC OO Agust¨ªn Moreno. En los pr¨®ximos d¨ªas mantendr¨¢n una reuni¨®n al m¨¢ximo nivel con la presencia de los secretarios generales de ambas centrales, Nicol¨¢s Redondo y Antonio Guti¨¦rrez, en la que analizar¨¢n las medidas que van a tomar "para que no ca¨ªgan en saco roto las demandas del 14-D". Agust¨ªn Moreno cree que el "broche de oro" a la huelga general hubiera sido alcanzar un acuerdo y asegura que los sindicatos lo han buscado con todo su empe?o.

El dirigente ugetista Ant¨®n Sarac¨ªbar cree que la ruptura de las negociaciones defrauda al pa¨ªs, a los trabajadores y a los sindicatos, y califica el comportamiento del Gobierno en esta mesa de "absurdo y lamentable". A su juicio, el Ejecutivo sigue echando un pulso a los sindicatos y se distancia cada vez m¨¢s de su base social y electoral. Sarac¨ªbar est¨¢ seguro que s¨®lo han existido razones pol¨ªticas en la actuaci¨®n del Gobierno. Agust¨ªn Moreno coincide en que ha faltado voluntad pol¨ªtica y emplaz¨® al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, para que presente una alternativa a la oferta ahora desechada por los sindicatos.

Autoritarismo

"La ruptura se ha producido", a?adi¨® Agust¨ªn Moreno, "por un problema de fuero, de autoritarismo. El Gobierno ha querido dejar claro que aqu¨ª manda ¨¦l, que puede burlar las reivindicaciones del 14-D. Ha confundido la paciencia de los sindicatos con la debilidad". Las dos centrales coincidieron en responsabilizar al Gobierno y a su presidente de la ruptura.

La reuni¨®n de ayer, que comenz¨® a las cinco de la tarde en el Ministerio de Trabajo, vio c¨®mo, tras cinco horas y media de conversaciones y dos recesos para estudiar propuestas de ambas partes, cierto optimismo inicial, dejaba finalmente paso al absoluto alejamiento de posiciones. A media tarde, los interlocutores sociales parec¨ªan haber conseguido desbloquear la situaci¨®n creada, en la que estaba prevista como ¨²ltima y definitiva reuni¨®n, mediante una declaraci¨®n de principios del Gobierno, en la cual ¨¦ste manifestaba su voluntad de modificar la oferta presentada en la reuni¨®n del pasado d¨ªa 225 de enero, aunque no concretaba de momento en cu¨¢nto iba a mejorarla. Los sindicatos, por su parte, se comprometieron a detallar sus peticiones y a desvelar el calendario de aplicaci¨®n de la cobertura de desempleo, que, seg¨²n sus datos, permitir¨ªa un importante ahorro.

Poco antes de las diez de la noche, los negociadores del Gobierno estudiaron el coste de la propuesta de las centrales. UGT CC OO estaban dispuestas a aplazar hasta el mes de junio la puesta en marcha de la protecci¨®n por desempleo para los j¨®venes parados y que el resto de la ampliaci¨®n del subsidio para otros colectivos entre en vigor en abril.Otra demanda que flexibilizaron UGT y CC OO fue la recuperaci¨®n del poder adquisitivo de los funcionarios. Mientras que para los pensionistas siguieron pidiendo dos puntos de incremento, aceptaban que ese aumento para los funcionarios no se aplicara en todos los conceptos salariales.

La equiparaci¨®n de las pensiones contributivas m¨¢s bajas al salario m¨ªnimo interprofesional, era una cuesti¨®n que la hab¨ªan dejado pendiente al cierre del cap¨ªtulo relativo a la deuda social contra¨ªda con los pensionistas como consecuencia del incremento de la inflaci¨®n en 1988, por encima de las previsiones del Gobierno. En el cuarto punto que se discut¨ªa en la reuni¨®n de ayer, el derecho a la negociaci¨®n colectiva de los funcionarios, las centrales pod¨ªan que desapareciera del texto presentado por el Gobierno, en el que se establece el compromiso que se exige a los sindicatos de garantizar la paz social y renunciar al derecho constitucional de huelga en el caso de que se pacte un acuerdo para los salarios de los empleados p¨²blicos.

Tambi¨¦n reclamaban que se negociaran otras condiciones laborales e dem¨¢s de los conceptos retributivos y que compatibilizara el respeto a la soberan¨ªa del Parlamento con el derecho a la negociaci¨®n colectiva de los trabajadores, sin cercenar ninguno de ellos.