Un divorcio por 100.000 millones
La ruptura en la mesa de concertaci¨®n se ha producido por una diferencia final de 104.000 millones de pesetas entre la oferta del Gobierno y las demandas de UGT y CC OO. La extensi¨®n de la cobertura del desempleo ha sido el punto m¨¢s dif¨ªcil, aunque tampoco ha habido acuerdo en los otras tres cuestiones.
En la equiparaci¨®n de las pensiones al salario base, la discrepancia fundamental ha radicado en que el Gobierno propon¨ªa igualarlas al salario m¨ªnimo interprofesional neto. Ello supone restar a las 46.680 pesetas mes del SMI en vigor, el 6% que se detrae a los trabajadores en activo por el impuesto sobre la renta le las personas f¨ªsicas.
Las diferencias tambi¨¦n han sido grandes en la recuperaci¨®n del poder adquisitivo perdido por pensionistas y empleados p¨²blicos en 1988. Mientras que el Gobierno s¨®lo acced¨ªa a incrementar dos puntos las tablas salariales de 1989, los sindicatos ped¨ªan que se pagase a estos colectivos dos puntos de atrasos correspondientes a 1988 m¨¢s la consolidaci¨®n de esa cantidad en los salarios de 1989, lo que duplica la oferta del Ejecutivo.
En cuanto al reconocimiento del derecho a la negociaci¨®n colectiva de los funcionarios, que ejercen desde hace a?os los trabajadores de las empresas p¨²blicas y privadas, y pese a que no cuesta dinero, tampoco ha sido posible alcanzar un m¨ªnimo pacto. El Gobierno exig¨ªa un compromiso de paz social y la renuncia al derecho constitucional de huelga en el caso de que se alcanzase un acuerdo sobre salarios.
UGT y CC OO tambi¨¦n reclamaban el derecho a negociar, adem¨¢s de las cuestiones retributivas, otras condiciones laborales de los funcionarios y que.se hiciese compatible el reconocimiento de la soberan¨ªa del Parlamento con el ejercicio de la negociaci¨®n colectiva. El Gobierno acced¨ªa a algunas de esas peticiones si se hubiera logrado un acuerdo parcial que rechazaron en todo momento las centrales sindicales.
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