Los inspectores fiscales no pueden levantar actas sobre los cinco anos anteriores a la sentencia del Constitucional

La no retroactividad de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la tributaci¨®n de la familia ha creado un problema a?adido de consecuencias inmediatas. Tanto los inspectores fiscales como el Ministerio de Hacienda se?alan que existe un vac¨ªo legal y que la actuaci¨®n inspectora que opera sobre los cinco a?os anteriores a la efectividad de la sentencia, no puede seguir adelante en su lucha contra el fraude fiscal.El problema es que el ?mpuesto ha sido anulado en sus dos; pilares fundamentales, la tarifa y los l¨ªmites de deducci¨®n que operan por unidad familiar. Por lo tanto, las actas de inspecci¨®n no pueden determinar ni las cantidades adeudadas ni, en consecuencia, las multas a pagar, ya que el impuesto anterior a la sentencia no es legal.

Por ello, la Asociaci¨®n de Inspectores de Finanzas del Estado (Apife) ha recomendado a sus asociados que paren todas sus actuaciones, "por un principio de elemental prudencia", seg¨²n se?ala su presidente, Fernando L¨®pez Amor. "Mientras no se reciban instrucciones", a?ade, "no se debe actuar".

En el Ministerio de Hacienda han reconocido que ¨¦ste es el problema m¨¢s inmediato a resolver y coinciden en que la inspecci¨®n debe paralizarse, aunque todav¨ªa no hay una decisi¨®n adoptada oficialmente ante este problema.

Uno de los temas en los que influye directamente este vac¨ªo legal son las actuaciones masivas que se est¨¢n llevando a cabo en relaci¨®n al fraude fiscal detectado en p¨®lizas de seguro con prima ¨²nica, lo que afecta a unas 500.000 personas, seg¨²n los datos oficiales.

Estas actuaciones deber¨ªan paralizarse hasta que no se apruebe el nuevo impuesto, ya que las inspecciones en marcha no pueden determinar las cantidades adeudadas por el dinero negro ocultado en estos activos ni, por consiguiente, las multas a pagar ya que el impuesto no es v¨¢lido y no se puede aplicar la tarifa anterior.

Expertos consultados se?alan que, en el caso de que una persona que tenga una inversi¨®n en primas ¨²nicas y desee de forma voluntaria regularizar su situaci¨®n, tampoco puede hacerlo ya que la tarifa no es "legal" en estos momentos y por lo tanto no se sabe que es lo que hay que pagar. Por otra parte, fuentes de la Secretar¨ªa General de Hacienda se?alan que la nueva ley del impuesto sobre la renta deber¨¢ estar aprobada antes del pr¨®ximo 31 de julio. La nueva normativa deber¨ªa tc ner el visto bueno del Gobierno en el plazo de un mes y medio, para que en los tres meses sig iientes se lleve a cabo la tramitaci¨®n parlamentaria de forma que pueda cumplirse la fecha del 31 de julio y d¨¦ tiempo a elaborar los nuevos impresos para la declaraci¨®n.

Las mismas fuentes se?alan que, "como es l¨®gico", el plazo para las devoluciones que ahora es de unos seis meses desde que se presenta la declaraci¨®n, tambi¨¦n se retrasar¨¢ en la misma medida, es decir, seis meses a partir del nuevo plazo para declarar, fijado ahora en el ¨²ltimo cuatrimestre del a?o. La posiblidad, hasta ahora, de pagar en dos plazos el impuesto sobre la renta, quedar¨¢ determinada en la nueva ley.