Unos 700.000 ancianos y minusv¨¢lidos cobrar¨¢n las futuras pensiones no contributivas

La ley de pensiones no contributivas que prepara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social afectar¨¢ a 700.000 ancianos y minusv¨¢lidos, 200.000 de los cuales no cobran ahora ning¨²n tipo de prestaci¨®n. A los 500.000 restantes, que ya reciben pensiones de beneficencia o asistenciales, adem¨¢s de la prestaci¨®n econ¨®mica se les reconocer¨¢ el derecho a las ayudas m¨¦dico-farmac¨¦uticas y a la asistencia social. U cuant¨ªa de las futuras pensiones ser¨¢ en un principio equivalente al 50% del salario m¨ªnimo, ahora estipulado en 46.680 pesetas.

La futura ley pretende acabar con las situaciones de indigencia en dos colectivos importantes: los ancianos y los minusv¨¢lidos. A los primeros se les exigir¨¢ tener m¨¢s de 65 a?os y a los segundos padecer una incapacidad que les impida trabajar y una edad superior a los 18 a?os. En los dos casos se trata de personas que no pueden trabajar o, habi¨¦ndolo hecho, no han cotizado a la Seguridad Social los per¨ªodos de tiempo suficientes para tener una prestaci¨®n contributiva.El borrador de ley de pensiones no contributivas est¨¢ casi ultimado y se quiere cerrar el anteproyecto en un plazo de tiempo inferior a un mes o mes y medio, para posteriormente ser remitido al Parlamento, de forma que pueda entrar en vigor a finales de este a?o.

La prestaci¨®n tendr¨¢ distinta cuant¨ªa seg¨²n la dimensi¨®n de la unidad familiar y la renta estar¨¢ distribuida por cada componente de la familia.

La cuant¨ªa se situar¨¢ en torno al 50% del salario m¨ªnimo interprofesional, estipulado ahora en 46.680 pesetas mensuales, aunque la cantidad definitiva ser¨¢ fijada en Consejo de Ministros. Tambi¨¦n el Gobierno debe determinar todav¨ªa las rentas m¨¢ximas que se exigir¨¢n a los beneficiarios y de momento la hip¨®tesis que se maneja es que tendr¨¢n derecho los ancianos y minusv¨¢lidos con ingresos anuales inferiores a las 325.000 pesetas, ya sean provenientes de rentas de patrimonio, personales o de capital.

Derecho constitucional

Se trata del reconocimiento de un derecho subjetivo en desarrollo del art¨ªculo 41 de la Constituci¨®n. Los beneficiarios ser¨¢n los ciudadanos espa?oles en situaci¨®n de necesidad que no han trabajado o no han cotizado los a?os suficientes a la Seguridad Social para recibir una pensi¨®n contributiva.

La diferencia con las actuales pensiones asistenciales o de beneficencia radica en que ¨¦stas se conceden con car¨¢cter graciable y cuando no hay ning¨²n familiar, con parentesco de primer grado, que en teor¨ªa pueda pasar la llamada "ayuda de alimentos", aunque en la realidad no lo haga. Con la nueva ley, adem¨¢s de reconocerse el derecho subjetivo, s¨®lo se computar¨¢n las rentas de los familiares en los casos en que elanciano conviva con hijos que no tengan descendientes a su cargo.

El reconocimiento de la pensi¨®n no contributiva conlleva el derecho a todos los servicios de la Seguridad Social -atenci¨®n hospitalaria, prestaci¨®n m¨¦dico-farmac¨¦utica, residencias de la tercera edad y otros servicios sociales-.

En los estudios previos a la elaboraci¨®n de la ley se ha calculado en 700.000 las personas que se van a ver beneficiadas. De ese colectivo, 200.000 ancianos -la mayor parte, mujeres-, no reciben en la actualidad ninguna prestaci¨®n y son las personas a las que se les ha denegado la pensi¨®n asistencial por tenei familiares directos. Los otros 500.000 beneficiarios son los que ahora cobran las pensione, del Fondo de Acci¨®n Social (FAS) y de la ley de Integraci¨®n Social del Minusv¨¢lido (LISMI), quienes adem¨¢s de la prestaci¨®n econ¨®mica recibir¨¢n el resto de los servicios de la Seguridad Social.

Las prestaciones no contributivas ser¨¢n incompatibles con otras pensiones de la Seguridad Social y a los actuales beneficiario; de las ayudas FAS y LISMI se les dar¨¢ opci¨®n para acogerse a la nueva ley.