La familia de Yolanda Gonz¨¢lez reclama intervenir en los permisos penitenciarios

La familia de Yolanda Gonz¨¢lez, estudiante asesinada por un grupo ultraderechista en febrero de 1980, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisi¨®n judicial que acord¨® no tenerla por parte -como acusaci¨®n particular- en la concesi¨®n de un permiso penitenciario a Ignacio Abad, condenado a 28 a?os de c¨¢rcel por ese crimen. Asimismo, la familia ha reclamado que se pida a Chile la extradici¨®n del otro condenado, Emilio Hell¨ªn, que se fug¨® aprovechando precisamente uno de esos permisos.

El letrado de la acusaci¨®n particular, Jos¨¦ Mariano Ben¨ªtez de Lugo, recuerda en sus alegaciones realizadas ante el alto tribunal el protagonismo de la familia de Yolanda Gonz¨¢lez durante todas las fases del proceso, y se?ala que en la ejecuci¨®n de una sentencia penal en cumplimiento de la condena impuesta ha de reconocerse a las partes "pleno derecho a intervenir".El recurso de amparo examina la disposici¨®n adicional 5?.5 de la ley org¨¢nica del Poder Judicial, que s¨®lo incluye al fiscal y al interno como legitimados para impugnar la decisi¨®n del juez de vigilancia penitenciaria sobre el permiso, e impide recurrirla a los familiares de la v¨ªctima. Ben¨ªtez de Lugo estima que tal precepto viola el principio de iguladad consagrado en el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n, "pues se coloca en diferente y desigual situaci¨®n (...) al acusador p¨²blico y, al acusador particular".

En consecuencia, pide que el alto tribunal anule dicha norma.

Asimismo, la familia de Yolanda Gonz¨¢lez pedir¨¢ al fiscal de la Audiencia Nacional y a la sala que enjuici¨® el caso que inicien los tr¨¢mites para la extradici¨®n de uno de los condenados, Emilio Hell¨ªn, quien al parecer se encuentra en Chile, tras aprovechar un permiso penitenciario para fugarse.

Firmas

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), al que pertenec¨ªa la asesinada, contin¨²a la recogida de firmas en apoyo a la extradici¨®n de Hell¨ªn. Santi Castellanos, miembro del comit¨¦ ejecutivo del PST, denunci¨® la pasividad del Gobierno al no utilizar los mecanismos legales para la solicitud de extradici¨®n de Hell¨ªn, fugado en febrero de 1987, con ocasi¨®n del permiso penitenciario concedido por el juez Jos¨¦ Donato Andr¨¦s Sanz. Dio cuenta tambi¨¦n de las preguntas parlamentarias de Euskadiko Ezkerra e Izquierda Unida sobre la actitud gubernamental y anunci¨® que un total de 150 personalidades, artistas y profesionales y hasta 100 comit¨¦s de empresa han apoyado la petici¨®n de extradici¨®n.Por su parte, el abogado Jos¨¦ Mariano Ben¨ªtez de Lugo critic¨® la conducta del juez de vigilancia penitenciaria y calific¨® de corporativistas a los jueces que lograron anular la sanci¨®n inicialmente impuesta por el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, inform¨® de que la concesi¨®n por el juez Jos¨¦ Donato Andr¨¦s de un permiso penitenciario a Hell¨ªn, condenado a m¨¢s de 43 a?os de c¨¢rcel, propici¨® su huida, con lo que los familiares de la joven asesinada no podr¨¢n percibir los seis millones de pesetas de indemnizaci¨®n a los que tambi¨¦n fue condenado. Explic¨® que ha reclamado da?os y perjuicios al Estado por el citado importe, si bien "en el Ministerio de Justicia se ha perdido", dijo, "el escrito presentado en el registro el 6 de septiembre de 1987".