El precio del debate

LA DECISI?N del Gobierno de reducir los gastos presupuestarios en casi 200.000 millones de pesetas para hacer un espacio a los compromisos del debate sobre el estado de la naci¨®n tiene el m¨¦rito de poner de relieve la intenci¨®n de los responsables de la pol¨ªtica econ¨®mica de seguir luchando contra el d¨¦ficit p¨²blico. Se trata de un prop¨®sito razonable, aunque de gran dificultad pol¨ªtica, pues los ministerios afectados tendr¨¢n que renunciar a unas asignaciones presupuestarias con las que ya contaban. En realidad, de lo que se trata es de un cambio de prioridades: habr¨¢ menos subvenciones y transferencias -lo cual parece oportuno-, menos gastos en agricultura, defensa y educaci¨®n, pero tambi¨¦n habr¨¢ menos dinero disponible para inversiones, lo cual es m¨¢s discutible. En cualquier caso, ser¨¢ preciso esperar a que termine esta primera ronda de reducciones para tener una idea cabal de la l¨®gica con que se ha llevado el reajuste.Al tiempo que se decide este cambio en las prioridades para dar cabida a los 200.000 millones de pesetas prometidos en el debate sobre el estado de la naci¨®n, el Gobierno ha anunciado la concesi¨®n de pensiones asistenciales a unos 700.000 ancianos y minusv¨¢lidos que no han cotizado a la Seguridad Social o que lo han hecho de manera incompleta para la obtenci¨®n del derecho a una pensi¨®n plena. Se trata de una importante medida, cuyo coste supera los 150.000 millones de pesetas y cuya justificaci¨®n parece obvia: aunque Espa?a no es uno de los pa¨ªses m¨¢s ricos del planeta, cuenta con el grado de desarrollo suficiente como para plantearse con seriedad que ning¨²n espa?ol pase hambre, cualesquiera que sean las circunstancias personales que le acompa?en.

La suma de los gastos inherentes a las primeras medidas y a esta ¨²ltima de las pensiones asistenciales corresponde num¨¦ricamente, aunque no en su esp¨ªritu, a lo reclamado por los sindicatos en la fallida negociaci¨®n sobre las demandas del 14 de diciembre pasado. El Gobierno pretende as¨ª responder, a su manera, a quienes reclamaban un giro social. No est¨¢ claro c¨®mo se van a financiar estos 150.000 millones adicionales, aunque en el anuncio realizado se dice que, en realidad, las medidas legislativas no estar¨¢n dispuestas antes de fin de a?o, por lo que cabe suponer que se trata de algo que figurar¨¢ en el presupuesto del a?o que viene.

El anuncio de estas medidas no ha aplacado a los sindicatos, que estiman que el Gobierno propone bastante menos de lo que estaba dispuesto a conceder antes de la ruptura final de las negociaciones. La fr¨ªa acogida de las medidas refleja el sentimiento de los sindicatos de haber desempe?ado un papel poco grato en la funci¨®n: lo que no se concedi¨® a lo largo de las negociaciones se otorga ahora en el ¨¢mbito parlamentario, con la anuencia de la mayor parte de los partidos pol¨ªticos representados. Para los parlamentarios es muy dif¨ªcil rechazar unas medidas de corte claramente social, salvo para quienes buscan la obtenci¨®n de un capital. pol¨ªtico en la multiplicaci¨®n de las demandas o en el agravio comparativo.

En cualquier caso, los problemas de fondo no se resolver¨¢n con el cambio de decorado. El Gobierno no ha querido cargar con la responsabilidad ¨²nica de la ruptura con los sindicatos y ha trasladado la discusi¨®n al Parlamento, donde cuenta con una doble red: el car¨¢cter social de las medidas y la mayor¨ªa parlamentaria de que dispone. Las cosas resultar¨¢n as¨ª m¨¢s f¨¢ciles pol¨ªticamente, salvo la discusi¨®n interna para ajustar el gasto, pero dejan las heridas abiertas. El peligro reside en que los pasos reales que se han dado en la redefinici¨®n de los objetivos de la pol¨ªtica econ¨®mica queden desdibujados por la forma en que se han instrumentado. Puede aducirse que tan s¨®lo se trata de un problema de forma, pero en este caso la forma es indisociable de los problemas de fondo.