El juez reitera a la fiscal¨ªa la declaraci¨®n de renta del subastero Alberto Royuela

El juez Vicente Conca, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Barcelona, remiti¨® la semana pasada a la fiscal¨ªa de la Audiencia los datos relativos a la declaraci¨®n de renta del ejercicio de 1987 de Alberto Royuela, un conocido subastero en el ¨¢mbito de las Magistraturas de Trabajo de Barcelona. El juez tom¨® esta decisi¨®n a la vista de los datos facilitados por la Delegaci¨®n de Hacienda respecto al ejercicio de 1987 por si en la declaraci¨®n se pudo cometer alguna irregularidad.Royuela declar¨® una base imponible de 205.502 pesetas en el impuesto sobre la renta de las personas flisicas y de 45.008.592 pesetas en el impuesto sobre el patrimonio. El juez ha enviado la documentaci¨®n para que el fiscal investigue "por la evidente desproporci¨®n de las cifras correspondiente a la declaraci¨®n de renta".

El juzgado requiri¨® la colaboraci¨®n de Hacienda dentro de una investigaci¨®n abierta contra Royuela por un delito de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas.

De hecho, Alberto Royuela est¨¢ a la espera de que se fije la fecha de juicio por esta causa, ya que el fiscal formul¨® acusaci¨®n y solicit¨® el pago de una multa que ascend¨ªa a 27 millones de pesetas.

En el proceso instruido consta una relaci¨®n de bienes del acusado, entre los que se encuentran m¨¢s de 20 veh¨ªculos. Uno de ellos es un Rolls-Royce. Los signos aparentes de riqueza de Royuela y las cantidades de dinero que manej¨® en la operaci¨®n investigada judicialmente fueron otros motivos por los que el juez resolvi¨® enviar los documentos a la fiscal¨ªa.

El proceso penal se desencaden¨® por la subasta de una finca, en el t¨¦rmino de l'Hospitalet de Llobregat, de la que Royuela fue adjudicatario. La finca era propiedad de la empresa Auxiliar Textil Algodonera, y la Magistratura de Trabajo n¨²mero 8 de Barcelona se la adjudic¨® al subastero en el mes dejulio de 1984 por una cantidad de 25.000 pesetas, aunque ha sido valorada pericialmente en 137 millones de pesetas. Posteriormente se descubri¨® que la empresa ten¨ªa una deuda con los trabajadores que ascend¨ªa a m¨¢s de 77 millones de pesetas.

Los trabajadores presentaron una demanda ante un juzgado, instancia que orden¨® que se procediera a subastar la finca. Royuela, en uni¨®n de otros dos acusados en el procedimiento, arrend¨® la finca a nombre de uno de ellos para alejar a los posibles postores interesados en ella, hecho que, seg¨²n el fiscal, constituye un delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas.