Poner orden

EL PARLAMENTO debatir¨¢ por segunda vez en esta d¨¦cada una ley del deporte. En 1980, el Gobierno de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico consensu¨® un marco legal cuyo objetivo era, de un lado, estimular la pr¨¢ctica del deporte por parte de los ciudadanos, y de otro, poner orden en el an¨¢rquico mundo de las federaciones deportivas, sujetas durante el franquismo a los designios de la Secretar¨ªa General del Movimiento. Aquella ley pretendi¨® dar a las federaciones un marco de actuaci¨®n democr¨¢tico, desvincul¨¢ndolas de la intervenci¨®n de los poderes pol¨ªticos. A los pocos a?os de su entrada en vigor, la ley demostr¨® contar con muchas lagunas: por un lado, hab¨ªa olvidado entrar a regular el deporte profesional; por otro, la autonomizaci¨®n de las federaciones no garantizaba por s¨ª misma un funcionamiento interno democr¨¢tico.La nueva ley ampl¨ªa sobremanera el campo de actuaci¨®n de su antecesora. Trata de poner coto a la actuaci¨®n de los presidentes federativos, pero tambi¨¦n a la de quienes dirigen los clubes profesionales, cuya repercusi¨®n p¨²blica es mucho mayor y a quienes se considera, en su conjunto, culpables de una deuda multimillonaria que tardar¨¢ en sanearse otra d¨¦cada. La nueva ley est¨¢ influida tambi¨¦n por la trascendencia p¨²blica que ha alcanzado el deporte espect¨¢culo y el de alto rendimiento, en un momento en el que las televisiones ofrecen cientos de horas mensuales de retransmisiones deportivas, sucesos como los de Sheffield adquieren resonancia mundial y Espa?a se prepara para organizar unos Juegos Ol¨ªmpicos. La nueva ley busca un nuevo orden -los profesionales, por un lado, y los aficionados, por otro- y se?ala qui¨¦nes son los responsables de cada parcela.

Pero su principal caracter¨ªstica es la apuesta que realiza en favor de la conversi¨®n de los clubes de deporte profesional en sociedades an¨®nimas. Ello afecta fundamentalmente al mundo del f¨²tbol, un deporte en el que la impericia, falta de escr¨²pulos o frivolidad de quienes estaban al frente de los clubes ha genera~ do deudas multimillonarias, con el agravante de que esos dirigentes no eran jur¨ªdicamente responsables ante nadie. Con la nueva ley, cada club ser¨¢ ofrecido en propiedad a sus socios, que habr¨¢n de suscribir las acciones necesarias para desembolsar un capital m¨ªnimo. Los socios tendr¨¢n dos oportunidades para ser due?os del club, y si no se suscriben todas las acciones, las sobrantes podr¨¢n ser ofrecidas al p¨²blico. Este sistema intenta evitar que los actuales administradores puedan jugar con ventaja y ama?ar la posibilidad de convertirse en propietarios del club que actualmente presiden. Otra novedad es la de obligar a los futuros administradores de clubes a respetar las directrices de la Liga Profesional, ¨®rgano que adopta las competencias del deporte espect¨¢culo en cada caso. De otro lado, los gastos que desborden lo presupuestado (fichajes espectaculares, etc¨¦tera) deber¨¢n contar con la autorizaci¨®n expresa de la asamblea de accionistas. La ley, por tanto, designa responsables y pide responsabilidades. Sus redactores afirman que trata "b¨¢sicamente de poner orden en el deporte espa?ol". Pero en su trasfondo aparece, como no lo hace en ning¨²n otro caso en Europa, el Gobierno, capacitado ahora para sancionar a los responsables. Hay quien afirma que la mejor ley del deporte es la que no existe, puesto que en los pa¨ªses de nuestro entorno la tendencia es a regular aspectos parciales (por ejemplo, el control antidoping) y porque el deporte debe ser contemplado como una actividad libre y privada, aunque el Estado ampare el derecho a una igualdad de acceso a la pr¨¢ctica deportiva.