La odisea del aborto legal
64.000 mujeres interrumpieron su embarazo en Espa?a el a?o pasado
Casi 35.000 mujeres, seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, han interrumpido legalmente su embarazo desde que en 1985 entr¨® en vigor la ley que despenalizaba algunos casos de aborto. Pero un estudio reciente de la Federaci¨®n de Asociaciones de Planificaci¨®n Familiar sit¨²a en 64.000 las mujeres que abortaron en nuestro pa¨ªs en 1988. Los n¨²meros -oficiales o estimados- no indican cu¨¢l es la realidad del aborto en Espa?a: cada una de esas mujeres ha tenido que sortear una dura carrera de obst¨¢culos para poder ampararse en la ley.
La primera aproximaci¨®n a las dficultades que encuentran las mujeres que abortan en nuestro pa¨ªs la ofrecen los datos oficiales: el 95% de las 16.900 interrupciones voluntarias de embarazo que, seg¨²n el Ministerio de Sanidad y Consumo, se realizaron legalmente en 1988 fueron practicadas en cl¨ªnicas privadas.En un proceso en que el tiempo es fundamental, el retraso que imponen los requisitos burocr¨¢ticos y el riesgo de que su situaci¨®n se conozca fuera del ¨¢mbito estrictamente m¨¦dico hacen m¨¢s penosa la espera y provoca en muchas mujeres la elecci¨®n de un centro privado, donde se agilizan mucho los tr¨¢mites, seg¨²n Consuelo Ruiz Jarabo, secretaria de la Federaci¨®n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP). Marcadas por esa angustia, 14 mujeres interrumpieron, durante 1987, otros tantos embarazos surgidos como consecuencia de una violaci¨®n. Tambi¨¦n ese mismo a?o 213 mujeres se decidieron a no tener sus hijos tras conocer el resultado de las pruebas m¨¦dicas que indicaban que tendr¨ªan un ni?o con malformaciones y otras 15.989 mujeres optaron por interrumpir la gestaci¨®n porque continuar con ella supon¨ªa un grave riesgo para su salud.
Pero para ello esas mujeres necesitaron que un cardi¨®logo, un onc¨®logo, un radi¨®logo o cualquier otro especialista certificara la necesidad del aborto. Y no siempre los m¨¦dicos est¨¢n dispuestos a firmar lo que verbalmente manifiestan como la opini¨®n cient¨ªfica m¨¢s adecuada.
Objeci¨®n de conciencia
Esa contradicci¨®n es uno de los principales escollo para que la ley se aplique con agilidad. Un aborto legal puede practicarse en cualquier hospital en el que pueda dar a luz una mujer, y cualquier m¨¦dico capacitado para atender un parto lo est¨¢, tambi¨¦n, para ejecutar un aborto, seg¨²n el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). La Administraci¨®n, adem¨¢s, tiene que garantizar a toda mujer cuyo caso est¨¦ incluido en los tres supuestos despenalizados que se le interrumpa su embarazo. Pero la mayor parte de los m¨¦dicos del Insalud utilizan la cl¨¢usula de conciencia para no prestar ese servicio.Muchas mujeres tienen que desplazarse a otras provincias para recibir una atenci¨®n sanitaria que la ley les garantiza, y que las direcciones provinciales del Insalud tramitan directamente si no lo hacen los m¨¦dicos. En Espa?a se realizan abortos en s¨®lo 21 provincias, en 35 centros. En comunidades como Extremadura, Murcia, La Rioja y Navarra no se realizan abortos. De las nueve provincias de Castilla y Le¨®n, s¨®lo en dos centros p¨²blicos se llevan a cabo. Sin embargo, en la provincia de Valencia existen siete centros -p¨²blicos y privados-, y en Asturias, tres. El hospital de M¨®stoles, en Madrid, y el hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s, tambi¨¦n en Madrid, se hacen cargo de buena parte de las intervenciones que no realizan los ginec¨®logos de otros centros asistenciales p¨²blicos, tanto de la Comunidad de Madrid como de otras provincias espa?olas.
Desde otras provincias
La mitad de las mujeres atendidas en el hospital de M¨®stoles no corresponden al ¨¢rea de salud del centro, seg¨²n el jefe de servicio, Javier Ferrolaza. Tres hospitales m¨¢s, La Paz, Doce de Octubre y la maternidad provincial completan la lista de hospitales p¨²blicos madrile?os que realizan algunas interrupciones. Seg¨²n un dictamen del letrado Manuel Cobo del Rosal solicitado por el Insalud, se podr¨ªa obligar a los m¨¦dicos contratados por la Administraci¨®n a realizar un aborto siempre que no exista otro funcionario que lo ejecute. Pero el Insalud ha optado por desviar los casos de ¨¢reas de salud en las que los m¨¦dicos son objetores a centros de otras provincias. Consuelo Ruiz Jarabo asegura que la Administraci¨®n est¨¢ subvencionando en parte algunos abortos que se realizan en cl¨ªnicas privadas.El n¨²mero de m¨¦dicos objetores no est¨¢ contabilizado. Seg¨²n el Insalud, en cada hospital se conoce exactamente qu¨¦ m¨¦dicos est¨¢n dispuestos a realizarlos. Pero no se les exige ninguna declaraci¨®n. Jos¨¦ Luis D¨ªaz, director m¨¦dico del hospital de Valdecilla, en Santander, est¨¢ satisfecho de que su centro cuente con un 25% de no objetores capaz de atender la demanda de Cantabria.
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