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DESDE QUE UGT y CC OO anunciaron una movilizaci¨®n general de los trabajadores del sector p¨²blico destinada a desbloquear la negociaci¨®n colectiva se han firmado unos 40 convenios en el sector privado que afectan a m¨¢s de 800.000 asalariados. Ello ha sido esgrimido por los dirigentes sindicales, en v¨ªsperas de la jornada de paros de ayer, como prueba de que su estrategia es correcta. Sin embargo, el hecho de que esos mismos dirigentes explicaran la iniciativa de concentraci¨®n en 24 horas de todas las movilizaciones como destinada a "evitar enfrentamientos entre los trabajadores y los usuarios de los servicios p¨²blicos" indica que eran conscientes del riesgo que asum¨ªan. Porque la concentraci¨®n de las molestias no anula el hecho decisivo de que el blanco contra el que se dirigen las huelgas no son ya los empresarios, sino los usuarios de servicios p¨²blicos no sustituibles para la mayor parte de la poblaci¨®n, y en particular para los propios trabajadores.Pero no es casualidad que mientras los convenios en el sector privado se han ido negociando con una cierta normalidad, en el sector p¨²blico apenas se haya avanzado en varios meses. En efecto, el Gobierno parece estar utilizando la negociaci¨®n colectiva en estas empresas como un episodio m¨¢s de su particular pulso con los sindicatos, a sabiendas de que la impopularidad por la paralizaci¨®n de los servicios va a recaer en primer lugar sobre los sindicatos.

En el campo de los servicios p¨²blicos, el eco de las movilizaciones se mide necesariamente por la incomodidad que producen, por la exasperaci¨®n social que provocan. La l¨®gica de fondo es que cuanto mayor sea esa exasperaci¨®n, mayor ser¨¢ la presi¨®n social para que la Administraci¨®n -obligada a mantener el orden p¨²blico e interesada en evitar graves desarmon¨ªas sociales- ceda a los requerimientos de las centrales. Pero es una l¨®gica envenenada. Por una parte, porque el riesgo de que la cuerda se rompa es grande; por otra, porque esa din¨¢mica favorece la escisi¨®n entre sectores de la clase trabajadora. Especialmente cuando tiende a hacerse evidente que los sectores m¨¢s pudientes de la sociedad tienen medios para sustraerse a los efectos de esas huelgas: ellos no viajan en metro ni autob¨²s, disponen de pantallas parab¨®licas de televisi¨®n, acuden a las consultas privadas de los m¨¦dicos. El hecho de que el fen¨®meno sea com¨²n a pa¨ªses como Italia, Francia y Espa?a indica que hay motivaciones que desbordan cualquier consideraci¨®n meramente psicol¨®gica: sin duda, tiene que ver con la terciarizaci¨®n de la econom¨ªa, con el incremento del paro, con los efectos de las pol¨ªticas neoliberales puestas en pr¨¢ctica por los Gobiernos. Pero se echa en falta una reflexi¨®n de las centrales sobre el papel del recurso a la huelga en esas condiciones. En la duda, parece que se opta por la huida hacia adelante.Esa huida favorece, a su vez, las expectativas de los sectores tecnocr¨¢ticos, que consideran a los sindicatos instrumentos disfuncionales y anacr¨®nicos. Esos sectores pueden contar con la comprensi¨®n del p¨²blico -concepto anglosaj¨®n muy aplicable al caso- para articular medidas que supongan restar protagonismo social a los sindicatos. Las recientes disposiciones del Ministerio de Trabajo sobre financiaci¨®n de los contratos indefinidos, aprobadas sin la participaci¨®n sindical, van probablemente en esa direcci¨®n. En otros pa¨ªses, la cosa ha ido m¨¢s lejos: sectores trabajadores han apoyado impl¨ªcita o expl¨ªcitamente recortes al derecho de huelga.

Como en el caso de otras libertades fundamentales, ninguna raz¨®n pol¨ªtica puede justificar poner l¨ªmites a su ejercicio. Pero la mejor manera de descargar de raz¨®n a quienes, ahora o en el futuro, pretendieran ir por el camino de la regulaci¨®n restrictiva del derecho de huelga consiste en que los sindicatos renuncien a convertir el recurso sistem¨¢tico a la huelga en una permanente pesadilla para los ciudadanos.