La reforma pendiente

LA AMPLIA normativa sobre incompatibilidades alumbrada en los ¨²ltimos a?os en Espa?a ten¨ªa por fin acabar con la inmoral pr¨¢ctica -bastante extendida en el pasado, sobre todo en los altos niveles de la funci¨®n p¨²blica- de servir al Estado por la ma?ana y servirse de ¨¦l por la tarde, utilizando conocimientos, relaciones e influencias oficiales en provecho de intereses privados. En tan escandalosa actuaci¨®n han cabido conductas m¨¢s o menos honestas y otras claramente deshonestas: desde la del funcionario modesto que completaba sus ingresos con un segundo puesto de trabajo, a la del abogado del Estado que no pon¨ªa reparo moral alguno en pleitear contra el Estado desde su bufete privado, o a las de aquellos funcionarios con posibilidades de lucrarse con pedidos de la Administraci¨®n astutamente trasvasados a sus empresas particulares.No es seguro que actualmente hayan desaparecido estos parasitarios comportamientos individuales que, durante tanto tiempo, han imposibilitado en Espa?a el desarrollo de una ¨¦tica de lo p¨²blico que protegiese los bienes, que son de todos, de su patrimonializaci¨®n y despilfarro por desaprensivos bien situados en el entramado del Estado. El caso del alto directivo de Tabacalera que alternaba su trabajo en esta empresa p¨²blica con la de asesor jur¨ªdico de La Caixa es un ejemplo de moral laxa y permisiva que algunos practican sin remordimiento alguno cuando lo que est¨¢ en juego son intereses p¨²blicos.

La reforma de la Administraci¨®n del Estado -gran reclamo electoral con el que los socialistas llegaron al poder hace siete a?os- pretend¨ªa, entre otros supuestos, establecer unas pautas morales b¨¢sicas en el desempe?o de la funci¨®n p¨²blica. Tan ambicioso y justo objetivo ha quedado reducido en la pr¨¢ctica a algunas medidas inconexas, poco operativas y absolutamente insuficientes para motivar la adhesi¨®n racional, ya que no el entusiasmo, de los funcionarios. Algunas de estas medidas, como la generalizaci¨®n del reloj en la entrada de las oficinas p¨²blicas, fueron implantadas con una excesiva carga moralizante. Otras, como la mejora de los servicios de ventanilla, fueron pensadas m¨¢s bien como una operaci¨®n de imagen.

No puede decirse que los contactos de los ciudadanos corrientes con la Administraci¨®n sean menos penosos ahora de lo que siempre han sido: el del enfermo que acude a la Seguridad Social, el del estudiante a matricularse, el del contribuyente a pagar la contribuci¨®n o reclamar la devoluci¨®n de un gravamen indebido, el del lector de una biblioteca p¨²blica a retirar un libro, el del pensionista a recibir su pensi¨®n, el del ama de casa a denunciar los precios abusivos del mercado o el del empresario a conseguir los permisos para la apertura de su establecimiento.

El r¨¦gimen de incompatibilidades o la exigencia del cumplimiento del horario laboral son medidas necesarias pero insuficientes para construir una administraci¨®n p¨²blica profesionalizada y eficaz. Si el sistema retributivo y la organizaci¨®n del trabajo administrativo no tienden a equipararse a las pautas que rigen en la empresa moderna, la situaci¨®n actual persistir¨¢: una masa desmotivada y rutinaria de funcionarios, incapacitada para ofrecer a los ciudadanos el servicio de calidad a que tienen derecho y el flujo continuo de la elite de los altos cuerpos funcionariales hacia los dominios m¨¢s acogedores del sector privado.