La presidencia espa?ola no quiere la utop¨ªa

Felipe Gonz¨¢lez, presidente en ejercicio del Consejo Europeo , parece no querer recoger el guante, tantas veces lanzado por el Parlamento Europeo desde el momento en que se aprob¨® el Acta ¨²nica europea, reclamando una reforma institucional que responda a las nuevas necesidades que surgir¨¢n con la consecuci¨®n de los objetivos fijados para 1992.Reforma cuyo sentido fundamental es poner fin al d¨¦ficit democr¨¢tico que supone la actual distribuci¨®n de poderes en el seno de la Comunidad. Un d¨¦ficit mucho m¨¢s importante de lo que a simple vista parece. En efecto, se calcula que a partir de enero de 1993, cuando a las competencias fijadas por los tratados de Par¨ªs y Roma se sumen todas las que recoge el Acta ¨²nica europea, alrededor de un 80% de las decisiones pol¨ªticas que afectan a los ciudadanos ser¨¢n tomadas por la Comunidad Europea. De no modificarse el actual esquema institucional, estas decisiones escapar¨¢n a todo control democr¨¢tico efectivo, ya que, hoy por hoy, es el Consejo -¨®rgano formado por representantes de los Gobiernos de los doce que, a nivel de la Comunidad, no est¨¢n sometidos a ning¨²n control parlamentario- el que acumula la mayor parte de los poderes legislativo y ejecutivo.

Todas y cada una de las medidas legislativas a adoptar para la realizaci¨®n del mercado interior; las medidas que deben hacer efectiva finalmente la libre circulaci¨®n de personas, bienes, productos y servicios por todo el territorio de la Europa comunitaria; las medidas para fortalecer la cohesi¨®n econ¨®mica y social de la Comunidad a fin de superar los desequilibrios regionales hoy existentes m¨¢s los que la din¨¢mica de 1992 pueda generar; las medidas para establecer la pol¨ªtica agr¨ªcola o la pol¨ªtica de transportes de la Europa de los doce; las medidas de pol¨ªtica social necesarias para mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores comunitarios y para hacer participar a los interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones... Todas y cada una de estas medidas se adoptar¨¢n a partir de 1993 al margen de la voluntad de los ciudadanos de la Comunidad. Porque el Parlamento Europeo -la ¨²nica instituci¨®n legitimada democr¨¢ticamente para representar esta voluntad dada su elecci¨®n por sufragio universal y directo- no tiene competencias que le permitan reemplazar, en el ejercicio de este control, a los Parlamentos de los Estados miembros. La necesidad de modificar el actual ordenamiento institucional a fin de dotar al Parlamento Europeo de los poderes necesarios para resolver el d¨¦ficit que se est¨¢ creando es, pues, incuestionable.

Votaci¨®n por mayor¨ªa

Como incuestionable es la necesidad de modificar el sistema de toma de decisiones previsto en el Acta ¨²nica, que si bien es cierto que ha extendido considerablemente el n¨²mero de materias que requieren votaci¨®n por mayor¨ªa, todav¨ªa somete al Consejo a la norma de la unanimidad en ¨¢mbitos vitales para la Comunidad, lo que resta eficacia a su actuaci¨®n y dificulta enormemente la posibilidad de avanzar hacia la consecuci¨®n de una Europa capaz de hacer frente a los grandes retos que plantea el siglo XXI; e incuestionable es tambi¨¦n la necesidad de una modificaci¨®n de los tratados que permita hacer realidad la uni¨®n monetaria y la creaci¨®n de un banco central europeo sin el cual la realizaci¨®n del mercado interior se hace pr¨¢cticamente inviable.

De ah¨ª que, desde el momento mismo de la entrada en vigor del Acta ¨²nica, el Parlamento Europeo, fiel a su mandato de defender los intereses de aquellos a quienes representa, haya manifestado en reiteradas ocasiones la conveniencia de una reforma de las instituciones comunitarias que permita satisfacer estas necesidades y al mismo tiempo proseguir por el camino que conduce a la Uni¨®n Europea. En esta l¨ªnea de actuaci¨®n debe inscribirse la resoluci¨®n aprobada con motivo de la discusi¨®n del informe Herman sobre "la estrategia del Parlamento Europeo con vistas a la creaci¨®n de la Uni¨®n Europea", resoluci¨®n aprobada por ampl¨ªsima mayor¨ªa y en la que se pide que el Consejo Europeo de Madrid mandate al Parlamento que ser¨¢ elegido en junio de este a?o a que proceda a la elaboraci¨®n de un nuevo proyecto de Tratado de Uni¨®n Europea en el que, junto con otras reformas, deber¨¢ incluirse la modificaci¨®n del actual "equilibrio" institucional, otorgando al Parlamento poderes legislativos y de control del ejecutivo y estableciendo procedimientos de decisi¨®n m¨¢s eficaces y democr¨¢ticos.

Sin embargo, aunque el Parlamento ha expresado tan claramente su voluntad, no parece que la presidencia espa?ola vaya a tenerla en cuenta. Decir, como dijo Felipe Gonz¨¢lez en su condici¨®n de presidente en ejercicio del Consejo Europeo ante el pleno de Estrasburgo, que "el Parlamento tiene que encargarse de hacer la reflexi¨®n sobre el ¨¢mbito de competencias que le corresponder¨¢ en el siguiente per¨ªodo para poder encarar el siguiente paso en la construcci¨®n de la Uni¨®n Europea" es no decir nada. Pero decir, como dijo tambi¨¦n el presidente Gonz¨¢lez, que el Parlamento va a cumplir el pr¨®ximo mandato con las competencias actuales, pero no m¨¢s, es decir demasiado; y es, adem¨¢s, perder la gran oportunidad de dar un nuevo salto cualitativo en el camino hacia la integraci¨®n europea. ?Que es ut¨®pico pensar en estos momentos en la elaboraci¨®n de un nuevo proyecto de Tratado de Uni¨®n Europea, como dijo el actual secretario de Estado para las Relaciones con la CE durante la reuni¨®n de la comisi¨®n institucional celebrada en Madrid el pasado enero? Tal vez. Pero no olvidemos que -como afirmaba ese gran europe¨ªsta que fue Paul Henri Spaack- "si los europeos de ayer s¨®lo hubieran sido realistas, no existir¨ªa nada de lo que hoy constituye la Europa del rna?ana".