El Senado pide nuevas normas para actuar en los casos de ancianos desamparados

La Comisi¨®n de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo aprob¨® ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la ponencia sobre la problem¨¢tica de la tercera eda", que ser¨¢ debatida en el pleno del Senado el pr¨®ximo d¨ªa 27 de junio. Esta ponencia denuncia la situaci¨®n de abandono e indefensi¨®n en que se encuentran gran parte de los ancianos espa?oles. Este sector representaba el 13,4% del conjunto de la poblaci¨®n en 1986, y se situar¨¢ en 1990 en 5.202.424 ancianos.

El paulatino aumento de la poblaci¨®n mayor de 65 a?os supondr¨¢, seg¨²n previsiones de la OCDE, una subida de un 40% en los gastos sanitarios para el a?o 2040. Las pensiones costar¨¢n un 85% m¨¢s y el conjunto de los gastos sociales aumentar¨¢ un 33%. Actualmente, la mayor parte de los jubilados se encuentran agrupados en niveles de renta que est¨¢n por debajo del salario m¨ªnimo interprofesional. A este respecto, la ponencia, coordinada por Manuel Fern¨¢ndez Ramos, senador del Grupo Socialista, pone de manifiesto que, seg¨²n el art¨ªculo 50 de la Constituci¨®n, "los poderes p¨²blicos garantizar¨¢n, mediante pensiones adecuadas y peri¨®dicamente actualizadas, la suficiencia econ¨®mica a los ciudadanos durante la tercera edad".

En una de sus recomendaciones, el informe recoge la necesidad de una adaptaci¨®n paulatina del derecho de familia a la realidad social, para lo que se requiere "efectuar las necesarias modificaciones normativas que permitan que aquellas instituciones encargadas de la asistencia del anciano puedan promover las actuaciones judiciales correspondientes frente a situaciones de desamparo ".

En el texto elaborado por el Senado se "insta a los poderes p¨²blicos a que alivien la carga financiera que recae sobre las familias que se ocupan de esta asistencia, mediante la creaci¨®n de subsidios, incentivos fiscales y otorg¨¢ndoles protecci¨®n social".

El informe denuncia tambi¨¦n la situaci¨®n de ilegalidad en que se encuentran gran parte de las residencias privadas, y la consiguiente falta de control que hay sobre sus actividades.

En Espa?a faltan unas 100.000 plazas en residencias para atender a la demanda existente. El ¨®ptimo establecido por la CE es de cinco plazas por cada 100 ancianos, mientras que Espa?a tiene un nivel de cobertura de 2,49 plazas por cada 100 ancianos.