Controlar el juego

EL MINISTERIO del Interior, que dirige Jos¨¦ Luis Corcuera, ha contestado con una rotunda negativa al concurso para ampliaci¨®n de casinos que hab¨ªa sido convocado por su antecesor, Jos¨¦ Barrionuevo. El cambio de criterio, que se produce en el seno de un mismo partido y de un mismo Gobierno, apunta una voluntad pol¨ªtica de restricci¨®n del juego, un sector que mueve en Espa?a unos tres billones de pesetas al a?o.Desde la legalizaci¨®n del juego en Espa?a se ha ido creando una jungla de normas al amparo de la cual se produjo el boom de casinos, tragaperras y bingos. Ello, unido a la potenciaci¨®n de la ONCE desde la propia Administraci¨®n y a la creaci¨®n de nuevas loter¨ªas por el Estado, ha generado un mercado del juego que se resume en las siguientes cifras: 22 casinos, 600 salones de bingo, 312.000 m¨¢quinas tragaperras con premio y m¨¢s de 46.000 puntos de venta de loter¨ªas, quinielas y cupones.

Por otra parte, importantes lagunas normativas dejan una amplia v¨ªa para la trampa. As¨ª, por ejemplo, el l¨ªmite de premios en las tragaperras se ha burlado por el procedimiento de encadenar series de premios sucesivos; otro ejemplo: la propiedad de los casinos debe ser transparente, mediante acciones nominativas, pero nada ha impedido que esas acciones sean suscritas por sociedades de cartera domiciliadas en para¨ªsos fiscales, lo que hace imposible la identificaci¨®n del aut¨¦ntico propietario.

De puertas afuera, la pol¨ªtica restrictiva se basa en el argumento moralista de que el nivel de juego existente en Espa?a es m¨¢s que suficiente para el nivel de renta de los espa?oles. Pero hay otras razones m¨¢s serias. Entre ellas, que la falta de control actual crea condiciones para que se forme una enorme bolsa de dinero negro. A este respecto hay que destacar las posibilidades de lavado que ofrece el negocio de los casinos, en el que se intercambia dinero sin ninguna contrapartida en t¨¦rminos de bienes. Algunos casinos de peque?as capitales no tur¨ªsticas carecen de rentabilidad clara, pese a lo cual sus propietarios han pugnado, incluso con contundencia, por obtener otras concesiones en ciudades de condiciones similares.

Es muy discutible, sin embargo, que el control del juego deba ser el fruto de meras decisiones administrativas. Y tampoco est¨¢ suficientemente debatido el papel que deba desempe?ar el Estado como administrador del juego p¨²blico. Cuando han transcurrido ya 12 a?os desde la despenalizaci¨®n del juego, merece la pena afrontar el problema en su ra¨ªz, cortar por lo sano los factores de riesgo excesivo y regular estas actividades por medio de una ley que proporcione un marco de referencia estable y cree controles para garantizar la transparencia del sector.