El Gobierno decide trasladar de la c¨¢rcel de Valladolid a los presos 'ultras' para que no obtengan permisos

B. DE LA C. / M. M. El Gobierno ha decidido trasladar a diferentes c¨¢rceles a los nueve ultraderechistas internos en Valladolid, en evitaci¨®n de que los jueces "se obstinen", en expresi¨®n del ministro de Justicia, Enrique M¨²gica, en nuevos permisos penitenciarios como el que disfruta Jos¨¦ Fern¨¢ndez Cerra, condenado por la matanza de Atocha. Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Jos¨¦ Luis Calvo, estim¨® ayer incorrectos tales traslados "cuando su motivaci¨®n es", dijo, "la desconfianza hacia el juez de vigilancia penitenciaria competente".

La decisi¨®n de la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias se ha producido a ra¨ªz del permiso de seis d¨ªas que, desde el mi¨¦rcoles pasado, disfruta Jos¨¦ Fern¨¢ndez Cerra, condenado a 197 a?os por su participaci¨®n en la matanza de Atocha, seg¨²n fuentes del Ministerio de Justicia.El permiso fue autorizado por la juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Rosa Mar¨ªa Rodr¨ªguez Rodr¨ªguez, perteneciente a Jueces para la Democracia, contra el criterio de la Junta de R¨¦gimen de la, prisi¨®n. Fern¨¢ndez Cerra fue trasladado a la c¨¢rcel de El Dueso (Cantabria) para eludir la concesi¨®n del permiso, pero el juez de Santander se inhibi¨® por estimar firme la decisi¨®n de la juez de Valladolid, que hab¨ªa conocido en profundidad el caso.

El Ministerio de Justicia no tiene intenci¨®n de proponer que se modifique la actual legislaci¨®n sobre permisos a reclusos. "Por cuatro casos aislados", indic¨® la citada fuente, "no se va a cambiar una ley que beneficia a miles de personas y favorece su reinserci¨®n social".

"La ley", a?adi¨®, "establece las condiciones en las que se puede conceder permisos, pero no obliga al juez a concederlos como si se tratase de un derecho objetivo del interno. Los permisos son potestativos y lo que no pueden hacer los jueces es actuar en esta materia de forma mec¨¢nica".

En cuanto a la pol¨ªtica de traslado de presos, puesta en pr¨¢ctica por la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias para eludir las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria contrarios a los criterios de las juntas de r¨¦gimen de las diferentes c¨¢rceles, el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, considerado el cerebro jur¨ªdico del departamento, declar¨® ayer a EL PA?S que son legales tales traslados y los compar¨® con "los cambios de domicilio social de las empresas, para que el juez competente sea uno diferente al del lugar de origen".

Control judicial

Jos¨¦ Luis Calvo, portavoz del CGPJ, manifest¨®, en cambio, que "no es correcto el traslado de un preso cuando la motivaci¨®n es la desconfianza hacia el juez competente". Record¨® que la vigente ley org¨¢nica del Poder Judicial establece en su art¨ªculo 94 que en cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habr¨¢ uno o varios Juzgados de Vigilancia penitenciaria, que tendr¨¢n las funciones jurisdiccionales previstas en la ley General Penitenciaria en materia de ejecuci¨®n de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y dem¨¢s que se?ale la ley".

Por su parte, Hierro reconoci¨® que la decisi¨®n ¨²ltima sobre la situaci¨®n de los internos corresponde al poder judicial, si bien record¨® que las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria son recurribles ante las respectivas audiencias provinciales. Preguntado por qu¨¦ no hab¨ªa sido recurrido el auto de la juez Rodr¨ªguez, contest¨®: "Eso hay que pregunt¨¢rselo al fiscal". A?adi¨® que los traslados son tambi¨¦n recurribles por los internos, a pesar de lo cual no existe noticia de que se haya impugnado ninguno de ellos, ni siquiera en el caso de la dispersi¨®n de presos de ETA recientemente aplicada por la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias. Estim¨® que ser¨ªa dif¨ªcil en todo caso que tales recursos prosperaran.

La decisi¨®n de trasladar a los presos ultraderechistas est¨¢ vinculada a la experiencia conocida, ya que varios de ellos aprovecharon los permisos penitenciarios para fugarse.

As¨ª ocurri¨® con Hemilio Hell¨ªn, condenado por el asesinato de Yolanda Gonz¨¢lez; Fernando Lerdo de Tejada, autor como Fern¨¢ndez Cerra- del asesinato de cinco abogados laboralistas conocido como matanza de Atocha, y Jos¨¦ Ignacio Fern¨¢ndez, presunto autor del estudiante Arturo Ruiz. Seg¨²n fuentes penitenciarias, los permisos concedidos en todos estos casos no estaban justificados por un cambio en la actitud del interno.

"Obstinaci¨®n"

En un encuentro con informadores celebrado ayer por el ministro de Justicia, Enrique M¨²gica, el titular del departamento declar¨® que en el caso de Fern¨¢nderz Cerra, todos los informes penitenciarios eran contrarios a la concesi¨®n del permiso, a pesar de lo cual "la juez de vigilancia penitenciaria, se ha obstinado", dijo, "en darle la libertad".

M¨²gica se manifest¨® decidido partidario de la pol¨ªtica de reeducaci¨®n y reinserci¨®n social de todos los reclusos. En aplicaci¨®n de esta pol¨ªtica situ¨® las recientes medidas de dispersi¨®n de presos de ETA, para alejarlos de la presi¨®n de las gestoras proamnist¨ªa. "Queremos liberar a los presos de ETA que quieren renunciar a la violencia, frente a los elementos combativos de la banda terrorista, empecinados en su fanatismo", declar¨®.

Preguntado por la ausencia de unas aut¨¦nticas medidas de tratamiento para los reclusos, Enrique M¨²gica afirm¨® que actualmente se est¨¢n dando los pasos para implantarlas.

Por lo que se refiere a la situaci¨®n penitenciaria general, M¨²gica resalt¨® que mientras que en Francia el 40% de los presos son condenados y el 60% preventivos, en Espa?a ocurre al rev¨¦s, lo que indica que la justicia espa?ola actua con mayor rapidez, ya que la prisi¨®n preventiva es en muchas ocasiones una pena anticipada, no respaldada por una sentencia judicial.