El Gobierno recurre por segunda vez ante el Constitucional la ley catalana de cajas por un art¨ªculo a?adido posteriormente
El Gobierno ha decidido recurrir por segunda vez ante elTribunal Constitucional la ley catalana de cajas de ahorro. En esta ocasi¨®n el recurso se plantea exclusivamente por un p¨¢rrafo a?adido posteriormente al art¨ªculo 17 de la citada ley con el objetivo de controlar por parte de la, Generalitat la Caixa de CatalunYa. El recurso supone la suspensi¨®n de la aplicaci¨®n de la ley, lo que representa un aplazamiento de la renovac¨ª¨®n de los ¨®rganos de Gobierno de las 11 cajas catalanas y repercutir¨¢ en el proceso de fusi¨®n de La Caixa y Caixa de Barcelona.El p¨¢rrafo a?adido hace referencia a los criterios para determinar la elecci¨®n de los representantes de las corporaciones locales de fundaci¨®n p¨²blica en las cajas. El p¨¢rrafo dice textualmente: "Los acuerdos del pleno de las corporaciones locales fundadoras designando los consejeros generales que les correspondan deber¨¢n tomarse con el voto favorable de las dos terceras partes del n¨²mero de hecho, que ning¨²n caso podr¨¢ ser inferior a la mayor¨ªa absoluta del n¨²mero legal de miembros de la corporaci¨®n".
Ello supone que el gobierno de la Diputaci¨®n de Barcelona -con mayor¨ªa de socialistas y comunistas- no podr¨¢ elegir directamente a sus representantes en La Caixa de Catalu?a, que son el 51% de los consejeros de la caja de ahorro. Este p¨¢rrafo fue a?adido el pasado febrero aprovechando la adaptaci¨®n de la ley catalana de cajas de ahorro que hab¨ªa ordenado el Tribunal Constitucional en su sentencia de 22 de marzo de 1988. El p¨¢rrafo a?adido supon¨ªa una modificaci¨®n no exigida por la sontencia.
Un documento interno de la Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Finaciera de la Generalitat reconoci¨® entonces que la modificaci¨®n legal introducida se efectuaba no s¨®lamente para hacer una estricta adaptaci¨®n de la ley catalana a la sentencia del Constitucional, "sino tambi¨¦n para limitar el exceso de influencia de una fuerza pol¨ªtica en la designaci¨®n de consejeros generales de una caja de fundaci¨®n p¨²blica".
El Gobierno considera, por su parte, que la base jur¨ªdica en la que se apoya laGeneralitat para efectuar esta modificaci¨®n es insuficiente y "tiene un claro trasfondo pol¨ªtico". Seg¨²n el recurso, la Generalitat se ha apoyado en el art¨ªculo 47 de la ley reguladora de las Bases del R¨¦gimen Local. Este art¨ªculo especifica los casos concretos en que se requiere la mayor¨ªa cualificada de dos tercios por estimar que se trata de decisiones trascendentes como es el caso de la segregaci¨®n de municipios.
El Departamento de Econom¨ªa de la Generalitat emiti¨® ayer un comunicado en el que afirmaba "la Administraci¨®n central sabr¨¢ si conviene al inter¨¦s de Espa?a mantener un permanente rescoldo de conflictividad. La Historia tiene la ¨²ltima palabra". La conseller¨ªa no puede ocultar que le sabe mal que ciertos pol¨ªticos catalanes acudan al poder central para defender sus intereses tal como hizo la derecha en la Segunda Rep¨²blica".
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