El ¨²ltimo pe¨®n
Pinochet dicta una ley que asegure la continuidad econ¨®mica del r¨¦gimen en Chile
El Gobierno militar chileno procura dejar atada y bien atada la econom¨ªa para la gesti¨®n del nuevo Ejecutivo. La aprobaci¨®n de una ley que permite a Pinochet controlar el banco central as¨ª lo demuestra, De otro lado, aunque la econom¨ªa del pa¨ªs puede considerarse entre las m¨¢s saneadas de Am¨¦rica Latina, sobrevuela el peligro de un incremento de la presi¨®n de la deuda, algo que para la esperada democracia podr¨ªa tener repercusiones negativas.
La reciente aprobaci¨®n de una controvertida ley que otorga autonom¨ªa al banco central y permite al general Augusto Pinochet designar las autoridades que tendr¨¢ la instituci¨®n durante el pr¨®ximo Gobierno que, seg¨²n las encuestas, encabezar¨¢ el opositor Patricio Aylwin, fue el ¨²ltimo remache de esta concepci¨®n continuista.Economistas y pol¨ªticos opositores consideran un abuso de poder que un r¨¦gimen saliente deje "colocados a funcionarios pinochetistas" en el banco central y anunciaron que la ley ser¨¢ modificada por el Gobierno democr¨¢tico. Los t¨¦nicos de Aylwin ha pedido a la derecha dialogar sobre el alcance de esta reforma que, para efectuarse, requerir¨¢ la aprobaci¨®n del 57% del Parlamento.
De acuerdo a la ley, el presidente del banco central, que Pinochet designar¨¢ en un plazo de dos meses, permanecer¨¢ en el cargo hasta 1994, cuando termine el pr¨®ximo per¨ªodo presidencial. Los cinco miembros del consejo del banco central podr¨¢n ser renovados cada dos a?os. El ¨²ltimo de ellos seguir¨¢ en funciones hasta 1999.
Las funciones de la entidad monetaria chilena son m¨¢s amplias que las que tienen instituciones similares en los pa¨ªses desarrollados. Un funcionario internacional ha comentado que la ley toma los aspectos m¨¢s liberales del Bundesbank alem¨¢n y de la Reserva Federal norteamericana. En Chile, el banco central tiene la direcci¨®n monetaria, crediticia, cambiaria y del sistema bancario. Participa en la negociaci¨®n de la deuda externa. La ley estipula, adem¨¢s, que la instituci¨®n no podr¨¢ financiar al Estado con cr¨¦ditos.
Para los detractores, en cambio, las autoridades monetarias deben estar sujetas al control democr¨¢tico, y la autonom¨ªa puede conducir a que el banco central tenga pol¨ªticas distintas que la de los Ministerios de Hacienda y Econom¨ªa, estimulando la inestabilidad. Seg¨²n los partidarios de la ley la autonom¨ªa impedir¨¢ un rebrote de la inflaci¨®n y ayudar¨¢ a la estabilidad econ¨®mica, favoreciendo la democracia. Un miembro de la Junta de Gobierno, el almirante Jos¨¦ Toribio Merino, afirm¨® que el prop¨®sito es "mantener una econom¨ªa so cial de mercado controlada" y que sea muy dif¨ªcil de introducir "una econom¨ªa socialista en que todo est¨¦ controlado por el Estado". Sobre la necesidad de controlar la inflaci¨®n, en cambio, existe consenso.
Pese a los anuncios de futuros cambios legales, Aylwin se esfuerza por dar se?ales a los empresarios e inversionistas sobre el modelo econ¨®mico que se mantendr¨¢. Las modificaciones ser¨¢n para dar un car¨¢cter social a una econom¨ªa at¨ªpica en Am¨¦rica Latina.
Aunque los cambios planificados por la oposici¨®n son moderados -fortalecer los sindicatos, subir el salario m¨ªnimo aumentar impuestos para financiar m¨¢s gasto social- los empresarios locales han dejado su inversi¨®n en comp¨¢s de espera. La inversi¨®n extranjera, en cambio, apresura su paso, usando los mecanismos de conversi¨®n de deuda externa en activos, que entregan un descuen to al comprador.
Pa¨ªs rico y pueblo pobre
Considerando s¨®lo los ¨ªndices macroecon¨®micos, el pa¨ªs andino se encuentra en una de las mejores situaciones del continente. Una inflaci¨®n del 16% anual, frente a las centenas con las que se miden las econom¨ªas como la de Per¨² o la de Argentina. El crecimiento del PIB en 1988 que se situ¨® en un 7,4% o del consumo que se increment¨® en un 10,4%. Un signo positivo es tambi¨¦n la reducci¨®n de la deuda en t¨¦rminos absolutos ¨¦sta ha descendido de 19.700 millones de d¨®lares en 1984 a 6.700 millones en estos momentos.Pero todo lo que reluce no es oro. El coste social de la pol¨ªtica econ¨®mica ha dejado al 41,2% de la poblaci¨®n de Chile en los m¨¢rgenes de la pobreza. As¨ª lo estima un estudio elaborado por el Programa de Econom¨ªa del Trabajo (PET),organismo dependiente de la Academia de Humanismo Cristiano. En cifras ¨¦llo viene a representar 5.220.000 personas sobre una poblaci¨®n de 12.500.000 habitantes. De ese porcentaje, un 14,9% est¨¢ formado por indigentes, personas que no pueden satisfacer sus necesidades b¨¢sicas de alimentaci¨®n y de vivienda.
El tratamiento de la deuda en los pr¨®ximos cuatro a?os, puede da?ar seriamente una situaci¨®n que, aunque presente signos positivos, es aun precar¨ªa. De no mediar una reestructuraci¨®n de los actuales compromisos, Chile deber¨¢ dedicar un 33,5% de sus exportaciones al servicio de la deuda entre 1991 y 1993, mientras que actualmente el porcentaje es de un 27%. Los expertos, tanto opositores al r¨¦gimen como oficilistas, coinciden en que el servicio anual de la deuda superar¨¢ lo 3.000 millones de d¨®lares entre 1990 y 1993.
La deuda ha sido rebajada gracias a una actuaci¨®n en tres frentes. El primero se debe fundamentalmente a operaciones de convertibilidad de bonos y pagar¨¦s, iniciadas en 1985 y que se combinaron con el trasapaso de empresas estatales al sector privado. En una segunda etapa se logr¨® un ventajosa renegociaci¨®n de la deuda en febrero de 1987. ?sta inclu¨ªa una reprogramaci¨®n de pagos hasta 1990 y pr¨®rrogas en la amortizaci¨®n de gran parte del principal hasta 1997. Un tercer frente fue poder.aprovechar la bonanza de los precios de los principales bienes exportados por Chile, principalmente cobre.
Dos de esos frentes se ver¨¢n erosionados a partir de 1990. La buena salud del precio del cobre, que representa un 45% de las exportaciones, tender¨¢ a rebajarse.
Por otro lado, en 1991 finaliza el calendario de revisi¨®n de los plazos para el pago de los intereses de la deuda, lo que significa que a partir de ese a?os se duplicar¨¢n los actuales pagos por amortizaciones llegando, seg¨²n una fuente oficial, a 1.200 millones de d¨®lares.
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