Colgados de la droga

A diferencia de otras campa?as electorales, no es ya el problema de inseguridad ciudadana el que centra el debate sobre la droga, sino c¨®mo rescatar a sus v¨ªctimas m¨¢s directas, los propios toxic¨®manos. La criminalidad ha descendido en los ¨²ltimos a?os y se ha observado tambi¨¦n un estancamiento en el consumo de hero¨ªna, pero el de coca¨ªna est¨¢ aumentado de forma alarmante.Se estima que en estos momentos hay en Espa?a 50.000 heroin¨®manos y unos 35.000 cocain¨®manos habituales. El miedo al SIDA y a la muerte s¨²bita ha hecho que muchos heroin¨®manos se hayan refugiado en la coca¨ªna. La dram¨¢tica escalada de muertes se agudiz¨® hace dos a?os y en 1988 se produjeron 272 muertes, frente a las 187 registradas en 1987.

La alarma surgi¨® en Barcelona, pero pronto se comprob¨® que el incremento no era debido a causas excepcionales, sino al deterioro f¨ªsico de los toxic¨®manos con m¨¢s a?os de drogadicci¨®n, y que tampoco era un fen¨®meno exclusivo de la capital catalana, sino que en Madrid, Bilbao y otras ciudades se produc¨ªan, y siguen produci¨¦ndose, las mismas tasas de mortalidad. Todos los expertos coinciden en que el n¨²mero de muertes se doblar¨¢ cada a?o, por lo menos hasta 1991, porque guarda proporci¨®n con la evoluci¨®n del consumo.

La sociedad est¨¢ alarmada y las estad¨ªsticas confirman que tiene motivos: los accidentes de tr¨¢fico debidos al alcohol y las muertes a causa de la droga son en estos momentos las dos principales causas de mortalidad entre los j¨®venes. La hero¨ªna es una droga muy traidora: cada toxic¨®mano tiene una tolerancia distinta, que puede variar adem¨¢s de un d¨ªa a otro. Por ejemplo, por la ingesti¨®n de medicamentos y alcohol, algo muy habitual entre los toxic¨®manos -el 64% de los que iniciaron un tratamiento el a?o pasado hab¨ªan consumido en el mes anterior tres o m¨¢s drogas distintas. De esta forma, el pico de cada d¨ªa se convierte en una especie de ruleta rusa con dos balas en la rec¨¢mara.

El azote del SIDA

Hay un dato escalofriante que revela, mejor que ning¨²n otro, el grado de eficacia del actual planteamiento frente a las drogas: el 80% de los toxic¨®manos muertos no hab¨ªa acudido jam¨¢s a ning¨²n centro de tratamiento. Compartir jeringas usadas es una pr¨¢ctica absolutamente habitual que ha originado la r¨¢pida extensi¨®n del SIDA, hasta el punto de que el s¨ªndrome se est¨¢ convirtiendo en la principal causa de mortalidad entre los drogadictos.

Este problema est¨¢ trastocando los esquemas de las autoridades sanitarias, que se debaten entre el convencimiento de que han de hacer algo por evitar la expansi¨®n de la enfermedad, por ejemplo repartir jeringas, y el miedo a las reacciones pol¨ªticas que podr¨ªan suscitar. As¨ª, mientras el alcalde de Toledo, el aliancista Manuel Molina, implantaba una multa de 15.000 pesetas a quien fuera sorprendido pinch¨¢ndose en p¨²blico, los responsables sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona estudiaban la posibilidad de implantar un sistema de reparto gratuito de jeringas, mediante furgones itinerantes. No se atrevieron, aunque propiciaron que las farmacias de las zonas m¨¢s problem¨¢ticas tengan siempre jeringas a 25 pesetas la unidad.

Si en condiciones de libertad es dificil la supervivencia para los toxic¨®manos, en la c¨¢rcel la situaci¨®n es angustiosa. En algunas prisiones, el porcentaje e toxic¨®manos alcanza el 70% de la poblaci¨®n reclusa. Muchos se han hecho drogadictos en la propia c¨¢rcel. Y la posibilidad de que contraigan el SIDA alcanza l¨ªmites que vulneran los derechos fundamentales porque las condiciones carcelarias acaban haciendo pagar al preso una pena infinitamente mayor que la impuesta por el tribunal. Y a la petici¨®n de que se suministre al menos jeringas a los presos para evitar la expansi¨®n del SIDA, que sigue siendo mortal, las autoridades penitenciarias han respondido repartiendo lej¨ªa, que pr¨¢cticamente nadie utiliza y de poco sirve para quienes se inyectan con bol¨ªgrafos.

Penalizar o legalizar

El partido en el gobierno propici¨® en 1988 una reforma del C¨®digo Penal que introdujo la posibilidad de que los toxic¨®manos pudieran cumplir la condena en un centro de rehabilitaci¨®n. Pero las condiciones exigidas -pena m¨¢xima de dos a?os, no haber reincidido...- dejan fuera de esta posibilidad a la mayor parte de los presos. Varias fuerzas pol¨ªticas propugnan que se modifiquen las condiciones, pero con matices importantes: mientras el Partido Popular (PP) defiende que el tratamiento se haga en r¨¦gimen de internado, los partidos de izquierda abogan por anular los requisitos restrictivos.

M¨¢s all¨¢ de las reformas factibles a corto plazo, el debate tiene su l¨ªnea divisora entre quienes propugnan la despenalizaci¨®n de la droga y los que defienden una pol¨ªtica m¨¢s restrictiva, es decir, penalizar tambi¨¦n el consumo. Por esta ¨²ltima opci¨®n se inclina claramente el PP, que pretende volver atr¨¢s en la reforma del C¨®digo Penal de 1983 y suprimir adem¨¢s la distinci¨®n entre drogas blandas y drogas duras.

Convergencia i Uni¨® (CiU) aboga tambi¨¦n por "tipificar con m¨¢s claridad los delitos de tr¨¢fico y consumo de todo tipo de drogas", mientras el Centro Democr¨¢tico y Social (CDS) se mantiene en una posici¨®n ecl¨¦ctica y no se pronuncia.

La divisi¨®n ha hecho mella, sin embargo, en el partido del gobierno. La pol¨¦mica ha coincidido con la tramitaci¨®n en Italia de un proyecto de ley para penalizar el consumo, cuyo principal valedor ha sido el l¨ªder socialista Bettino Craxi. Fue el ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, el primero en plantear p¨²blicamente tal posibilidad. Tambi¨¦n el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, se declar¨® favorable a ello en Roma hace apenas unas semanas. Entre los miembros del Ejecutivo predominan, sin embargo, los ministros partidarios de mantener la actual legislaci¨®n. "?Hab¨¦is pensado d¨®nde vamos a poner a todos los presos?", argumenta el ministro de Justicia, Enrique M¨²gica.

Miquel Solans, delegado del Plan Nacional sobre Drogas, asegura que penalizar el consumo "no es f¨¢ctible", pero reconoce que se est¨¢ estudiando la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a quienes consuman droga en p¨²blico.

Entre tanto, profesionales del sector, intelectuales, escritores, juristas e incluso amplios sectores de la polic¨ªa ponen en cuesti¨®n la eficacia de la actual pol¨ªtica criminalizadora y abogan por una despenalizaci¨®n controlada de la droga. Legalizar para controlar es la idea que defiende Iniciativa per Catalu?a, la coalici¨®n que encabeza el Partit Socialista Unificat (PSUC), al propugnar que se se establezca, a trav¨¦s del Parlamento Europeo, un proyecto de ley de legalizaci¨®n de las drogas. Esta misma f¨®rmulaci¨®n fue rechazada por Izquierda Unida, que no se atrevi¨® a introducirla en el programa sin un debate previo, de modo que se limita a reclamar "un debate internacional tendente a instaurar medidas legislativas despenaliz adoras".

Blanqueo y trilateral

Hay, en cambio, un aspecto en que el acuerdo es un¨¢nime entre las fuerzas pol¨ªticas: la necesidad de incrementar la persecuci¨®n del tr¨¢fico flegal mediante medidas que permitan incautarse de los bienes de los traficantes e impedir el blanqueo de dinero. El Ministerio del Interior se vanagloria de que el espectacular aumento de decomisos e incautaciones en 1988 ha obligado a los traficantes a buscar puertos m¨¢s seguros, como Liverpool, Amsterdam o Marsella. Pero las pesquisas contra el blanqueo de dinero iniciadas hace un a?o, centradas en estos momentos en Marbella y La Coru?a, no han obtenido resultados apreciables.

El protagonismo internacional que Espa?a ha adquirido en los ¨²ltimos meses ha causado en los medios progresistas, incluidos amplios sectores del PSOE, no pocos recelos. Especialmente el atrincheramiento, propiciado por el Ministerio del Interior, con Estados Unidos e Italia en la llamada trilateral contra la droga. Sectores del PSOE consideran que Espa?a e Italia son utilizadas por Estados Unidos para mejorar su deteriorada imagen en Am¨¦rica Latina. "Ahora que la perestroika de Gorbachov ha dejado sin enemigo exterior a los norteamericanos, la droga ha pasado a ser su elemento de cohesi¨®n pol¨ªtica y la excusa para intervenir en los pa¨ªses andinos de Am¨¦rica Latina. Pero necesita un puente", afirma un alto cargo socialista.