El Tribunal de la CE rechaza el recurso de tres qu¨ªmicas espa?olas

El Tribunal de Justicia de la CE rechaz¨® ayer el recurso interpuesto en febrero de 1987 por las empresas qu¨ªmicas espa?olas EMP, Alcudia y Dow Chemical Ib¨¦rica. La sentencia de la m¨¢xima instancia jur¨ªdica de la Comunidad entiende que la Comisi¨®n Europea est¨¢ facultada para investigar las documentaciones de las empresas encausadas a la hora de perseguir pr¨¢cticas contra la libre competencia.Los hechos juzgados se refieren a la investigaci¨®n por parte de funcionarios comunitarios que sufrieron el 20 y 21 de enero de 1987 estas tres empresas, acusadas de formar parte de un c¨¢rtl? de compa?¨ªas qu¨ªmicas formado para fijar de mutuo acuerdo los precios del polietileno y polivinicloruro (PVC).

Posteriormente a los hechos enjuiciados, el 21 de diciembre de 1988, la Direcci¨®n General de la Competencia de la CE conden¨® estas pr¨¢cticas abusivas de mercado e impuso una sanci¨®n ejemplar al conjunto de las 17 empresas implicadas, entre las que figuraban sociedades del relieve de Basf, Hoechst, Montedison y Bayer.

En el caso del polietileno la multa se elev¨® a 37 millones de ECU (4.800 millones de pesetas) y en el del PVC (producto termopl¨¢stico muy utilizado en embalajes y otras aplicaciones) a 23,5 millones de ECU (3.055 millones de pesetas). Alcudia, hoy Repsol Qu¨ªmica, recibi¨® una sanci¨®n de 13 millones de pesetas por sumarse a ese acuerdo ?legal de fijaci¨®n de precios en lo referente a la producci¨®n de polietileno de baja densidad, mientras que a Dow Chemical se le impusieron 292,5 millones de pesetas para las varias filiales europeas afectadas. EMP se vio envuelta en el asunto como matriz de Alcudia.

Respecto a la investigaci¨®n, el tribunal se opone a los argumentos de la defensa sobre las empresas espa?olas, encomendada al bufete Ur¨ªa y Men¨¦ndez. Los investigadores comunitarios hicieron fotocopias de documentos de las compa?¨ªas e incluso tuvieron acceso "a una agenda personal de un representante de Dow Ib¨¦rica". Sin embargo, a juicio del tribunal, no hubo conculcaci¨®n del principio constitucional espa?ol de inviolabilidad como pretende el recurso.