Un doble debate pol¨ªtico y Constitucional bloquea la salida a la crisis de gobierno
La gesti¨®n de la Comunidad de Madrid se encuentra semiparalizada desde antes del verano por la fracasada moci¨®n de censura del centroderecha y la persistencia de la divisi¨®n del Parlamento regional en dos grandes bloques enfrentados y equiparables en n¨²mero de esca?os. La soluci¨®n a esta crisis, seg¨²n reconocen todas las fuerzas en conflicto, pasa por la convocatoria. de elecciones anticipadas. La falta de acuerdo sobre el procedimiento a seguir, que no est¨¢ contemplado en el estatuto de autonom¨ªa, no s¨®lo impide desbloquear la situaci¨®n, sino que ha propiciado un serio enfrentamiento sobre una cuesti¨®n tan delicada como el respeto o no a la Constituci¨®n de los mecanismos propuestos.
El 1 de septiembre, el mismo d¨ªa en que el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, anunciaba la convocatoria de elecciones legislativas, Joaqu¨ªn Leguina dio a conocer su proyecto para desbloquear la situaci¨®n pol¨ªtica que ahoga, en un emparejamiento a 48 votos de las formaciones de izquierda y centro-derecha, a la Comunidad de Madrid: disolver la Asamblea y convocar comicios auton¨®micos anticipados.Leguina pretende soslayar la crisis mediante la tramitaci¨®n de un proyecto de ley en la Asamblea. Los deseos del presidente socialista se estrellaron primero contra un dictamen de los letrados de la C¨¢mara solicitado por la presidenta del legislativo, la centrista Rosa Posada. Seg¨²n este informe, el presidente del Ejecutivo s¨®lo podr¨ªa adelantar las elecciones mediante una reforma del estatuto de autonom¨ªa tramitada con el respaldo de dos tercios de los votos de la Asamblea y con el posterior refrendo de las Cortes en una ley org¨¢nica.
Alberto Ruiz Gallard¨®n, el presidenciable del Partido Popular para Madrid y abogado en ejercicio, no tard¨® en acusar a Leguina de pretender vulnerar la Constituci¨®n con su iniciativa, al tiempo que advert¨ªa del riesgo que puede suponer para el actual sistema de autonom¨ªas la modificaci¨®n del estatuto madrile?o por una simple ley ordinaria. Sus aliados del CDS sostienen iguales argumentos.
El catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la universidad de Alcal¨¢ de Henares Santiago Mu?oz Machado, autor del informe en el que se apoy¨® el Gobierno regional para presentar el proyecto de ley de disoluci¨®n de la Asamblea, ha rebatido el dictamen negativo de los letrados de la C¨¢mara. A su juicio, el sistema constitucional espa?ol "remite al cuerpo electoral la soluci¨®n de los conflictos que sus representantes se hayan mostrado incapaces de resolver".
Jurisprudencia constitucional
Mu?oz Machado, especialista en legislaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, sostiene la viabilidad jur¨ªdica del proyecto de Leguina y, aunque se trate de una cuesti¨®n opinable", considera que la jurisprudencia constitucional avala la posibilidad de que una ley de la Asamblea cubra las lagunas del estatuto.El catedr¨¢tico afirma que el alto tribunal se pronunci¨®, en su sentencia de 28 de septiembre de 1984, a favor de que leyes ordinarias de los legislativos aut¨®no mos puedancomplementar lo establecido en los estatutos en cuestiones no reguladas por ¨¦stos. El Tribunal Constitucional, al resolver sobre la cuesti¨®n de la sede de los ¨®rganos de gobierno de las comunidades aut¨®nomas -que, seg¨²n la Constituci¨®n, hay que precisar en los estatutos-, se?ala que no debe efectuarse "reserva estatutaria absoluta frente a la ley de la comunidad aut¨®noma en lo que se refiere a la organizaci¨®n de las instituciones auton¨®micas propias".
Los pactos auton¨®micos suscritos el 31 de julio de 1981 por el PSOE y el Gobierno central, entonces de la Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD), excluyeron la disoluci¨®n de los Parlamentos regionales por parte de los Ejecutivos aut¨®nomos. Sin embargo, Mu?oz Machado -que fue uno de los siete expertos en derecho p¨²blico que elaboraron el dictamen que desaconsejaba la f¨®rmula de la disoluci¨®n anticipada- subraya que los pactos s¨®lo tienen significado pol¨ªtico y no valor de ley.
El profesor Mu?oz Machado concluye que una ley auton¨®mica puede complementar el estatuto y facultar al presidente regional para disolver la Asamblea "sin que quepan dudas sobre su constitucionalidad". El catedr¨¢tico dice que ¨¦sta es "la opini¨®n com¨²n en la comunidad jur¨ªdica", al margen de los debates pol¨ªticos.
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