Abdicaci¨®n

LA DECISI?N de una comisi¨®n del Senado de Colombia de proponer al pleno de la C¨¢mara que someta a refer¨¦ndum la extradici¨®n de sus n arcotrafic antes puede constituir el primer paso hacia una abdicaci¨®n del Estado ante la sangrienta guerra declarada por una banda de delincuentes contra las instituciones y contra la sociedad colombiana en general. No sorprende que el gesto -apropiadamente bautizado como la narcopropuesta- haya sido p¨²blicamente aplaudido por sus sujetos pasivos, los extraditables miembros de los c¨¢rteles de la droga. Enfrentados con ¨¦l, los l¨ªderes de los principales partidos pol¨ªticos colombianos, el liberal Turbay Ayala y el conservador Pastrana, han dimitido; es una decisi¨®n que les honra y que, probablemente, pone gravemente en peligro sus vidas.El refer¨¦ndum va a constituir, en realidad, un plebiscito para que el pueblo colombiano, aterrorizado por una pandilla de asesinos, legimite con su voto la lucha emprendida por los traficantes de drogas contra el poder leg¨ªtimo, la democracia y la libertad. Cuando se considera que el conjunto de los narcotraficantes colombianos le-tiene formalmente declarada la guerra al Gobierno hasta tanto no anule la medida de la extradici¨®n, la convocatoria de una consulta popular, nada menos que para dentro de 10 meses, augura un ba?o de sangre inacabable. Es conocido que los integrantes del c¨¢rtel de Medell¨ªn prefieren la siembra de bombas al reparto de pasquines como m¨¦todo de propaganda electoral. A ese paso, el 30 de septiembre de 1990 quedar¨¢n pocos colombianos para votar. Un Estado de derecho no puede rendirse incondicionalmente al dictado del crimen. Y aunque es cierto que pocos son los Estados que entregan a sus propios ciudadanos a la justicia de otros, las inistituciones democr¨¢ticas no pueden traspasar sus responsabilidades en una decisi¨®n de tal calibre a un pueblo reh¨¦n de la violencia criminal.