El Estado recurrir¨¢ el fallo que devuelve la empresa Ficis a Ruiz-Mateos

La actual Rumasa, a trav¨¦s de la abogac¨ªa del Estado, recurrir¨¢ ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Secci¨®n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la cual se reconoce la reversi¨®n a la familia Ruiz-Mateos de la empresa Ficis, SA, una de las sociedades del holding Rumasa, que fue expropiada y adquirida por la entidad BASF Espa?ola, SA en 1984 por 19 millones de pesetas.

Los abogados de Ruiz-Mateos tienen interpuestas 74 demandas similares, en las que se pide la reversi¨®n de otras tantas sociedades a la familia del empresario jerezano. Seg¨²n estos abogados, unas 15 de las 74 demandas podr¨ªan estar resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en breve plazo, debido a la antig¨¹edad de los autos. Ficis, SA, de Barcelona, empresa de tintas para artes gr¨¢ficas, era uno de los patrimonios o activos de Rumasa que fue expropiado. El Estado argument¨® en los procedimientos judiciales la ausencia del derecho de reversi¨®n que ahora reconocen de forma un¨¢nime los cinco magistrados que componen la Secci¨®n Segunda, presidida por Luis Manuel L¨®pez Mora.Entre estas 15 empresas figuran el Banco Atl¨¢ntico, Galer¨ªas Preciados, Cementos Porland, Mantequer¨ªas Leonesas y varias sociedades de seguros, vinos y hoteles. El Estado recurrir¨¢ el fallo -pronunciado el pasado d¨ªa 14- ante el Tribunal Supremo dentro de los plazos establecidos (cinco d¨ªas a partir de la fecha en que fue dictada la sentencia). Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas del Estado existen "errores de bulto" en la sentencia, como es la aplicaci¨®n de una legislaci¨®n de 1987, cuando la empresa Ficis se hab¨ªa vendido en 1984.

Seg¨²n las mismas fuentes, el derecho de reversi¨®n tendr¨ªa que ir al Estado y no al propietario antiguo de la compa?¨ªa, la familia Ruiz-Mateos. Seg¨²n los abogados de Ruiz-Mateos, de la sentencia se desprende que se han violado las normas de contrataci¨®n p¨²blica en las ventas de las empresas de Rumasa. Los letrados se?alaron que este criterio se sostiene ante el Tribunal de Cuentas y el Supremo.