'Patata caliente'

LA IMAGEN del nuncio siendo cacheado por soldados norteamericanos a la salida de la legaci¨®n vaticana en Panam¨¢ cubre de oprobio a quienes, despreciando los usos diplom¨¢ticos, vejan gratuitamente a una persona que, a su condici¨®n de hombre de Iglesia, une la de diplom¨¢tico. Es sabido que gran parte de las relaciones internacionales descansa sobre el concepto mismo de la inviolabilidad del mensajero. La ignorancia de ese principio rompe una de las m¨¢s elementales reglas del derecho internacional. En los ¨²ltimos siglos se han ido acu?ando, en las relaciones entre Estados, normas de civilidad que casi nadie -ni siquiera pa¨ªses en guerra- conculca.Y¨¦ndose a refugiar en la residencia de monse?or Laboa, Noriega ha jugado con habilidad sus cartas y ha traspasado el problema de su inc¨®moda presencia a otras manos. La operaci¨®n lanzada contra ¨¦l por EE UU ten¨ªa por objeto su arresto y traslado a territorio estadounidense para ser juzgado por sus conexiones con el narcotr¨¢fico. Laudable prop¨®sito que tan espectacular y violenta acci¨®n militar no ha resuelto; antes bien, ha comprometido el prestigio militar de Washington y puede poner en dificultad los progresos de la paz en Centroam¨¦rica.

Noriega se encuentra en el interior de la nunciatura, de momento en calidad de invitado temporal. Pero estos asilos -recu¨¦rdense los del ex presidente argentino C¨¢mpora en la Embajada mexicana en Buenos Aires durante cuatro a?os y del cardenal Mindszenty en la de Estados Unidos en Budapest durante 20- tienen tendencia. a transformarse en problemas enquistados.

Cualquier soluci¨®n posible debe pasar por que Noriega sea entregado, en todo caso, a un tribunal competente que armonice la administraci¨®n de la justicia con la posibilidad de que Panam¨¢ recobre la independencia y la paz. El ex dictador ha manifestado su deseo de ser entregado a Cuba, Nicaragua o Espa?a, lugares en los que espera poderse librar de las dos fuerzas que le amenazan: la mafia del narcotr¨¢fico, que parece tener cuentas que ajustar con ¨¦l, y el Gobierno de EE UU, que est¨¢ decidido a meterle en la c¨¢rcel. El traslado a Managua o La Habana equivaldr¨ªa de hecho a la exculpaci¨®n de un dictador corrupto que deber¨ªa ser juzgado no ya por sus supuestas conexiones con el tr¨¢fico de drogas, sino por los numerosos delitos cometidos contra su propio pueblo.

El Gobierno espa?ol, por su parte, trata de evitar que la patata caliente llegue a Madrid. Hace meses, el presidente Gonz¨¢lez ofreci¨® acoger al dictador paname?o si con ello contribu¨ªa a resolver la situaci¨®n en aquel torturado pa¨ªs. Ahora que las cosas se han complicado extraordinariamente, las autoridades espa?olas no quieren verse enfrentadas a un dif¨ªcil dilema. Tal vez por ello, el ministro de Asuntos Exteriores, Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, se precipit¨® al declarar que, en menos de 24 horas, Noriega tendr¨ªa que ser extradido a Washington en aplicaci¨®n del tratado existente entre EE UU y Espa?a. Nada menos cierto: antes que nada, porque son los tribunales de justicia los que deben determinar en primer lugar si la extradici¨®n es conforme a derecho, y ello lleva tiempo; y despu¨¦s, porque el Gobierno puede bloquear una extradici¨®n concedida. De modo que una eventual entrega de Noriega a Estados Unidos por parte de Espa?a obedecer¨ªa, en ¨²ltima instancia, a una decisi¨®n pol¨ªtica del Gobierno y no s¨®lo a una aplicaci¨®n autom¨¢tica del tratado.

La soluci¨®n m¨¢s razonable desde un punto de vista te¨®rico ser¨ªa la de la entrega negociada del general Noriega a las autoridades paname?as para su enjuiciamiento por los tribunales de este pa¨ªs. ?Pero es ¨¦sta ya una v¨ªa posible? La intervenci¨®n estadounidense ha convertido al presidente Endara, democr¨¢ticamente elegido hace meses, en un instrumento privado de voluntad propia. La recuperaci¨®n de su legitimidad democr¨¢tica pasa por que Washington se retire de territorio paname?o y, derrotado el dictador, permitiera que fuera su pueblo el que lo juzgara.