Cr¨ªmenes sin castigo en El Salvador

Importantes obst¨¢culos se oponen a un enjuiciamiento con ¨¦xito de los presuntos responsables del asesinato, el pasado 16 de noviembre, del jesuita vasco Ignacio Ellacur¨ªa, otros cinco miembros de la misma orden (cuatro de ellos tambi¨¦n espa?oles) y un matrimonio del servicio de su residencia, en la Universidad Centroamericana (UCA). Las dificultades persisten pese al anuncio del presidente Alfredo Cristiani, efectuado el pasado domingo, en el que reconoc¨ªa que miembros del Ej¨¦rcito fueron responsables de la matanza, ocurrida en plena ofensiva en la capital de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN).

Funcionarios pr¨®ximos a la investigaci¨®n aseguran que la primera fase de ¨¦sta concluir¨¢ antes de una semana, con varias detenciones, que vendr¨ªan a unirse a las ya producidas: dos oficiales y 45 soldados, seg¨²n el coronel Ren¨¦ Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor.Varios diplom¨¢ticos y abogados hacen notar que, en el pasado, sospechosos en cr¨ªmenes de intencionalidad pol¨ªtica han salido bien librados, incluso sin ser procesados. "Mucho depende ahora del sistema judicial, y ah¨ª es donde surgen los problemas, si se mira hacia atr¨¢s", asegura, por ejemplo, Scott Greathead, miembro de la asociaci¨®n Abogados por los Derechos Humanos y que ha participado en el caso en representaci¨®n de los jesuitas en Estados Unidos. Tanto ¨¦l como otros cr¨ªticos del Gobierno de San Salvador estiman, no obstante, que el anuncio de Cristiani es la primera indicaci¨®n de que el presidente est¨¢ intentando en serio que los asesinos comparezcan ante la justicia.

Francisco Estrada, rector, en sustituci¨®n de Ellacur¨ªa, de la Universidad Centroamericana Jos¨¦ Sime¨®n Ca?as, en la que ense?aban y resid¨ªan los religiosos asesinados, considera el anuncio insuficiente y pide m¨¢s detalles. "S¨®lo confirma lo que ya sab¨ªamos desde el principio", afirma. "Necesitamos algo m¨¢s completo".

Cristiani no quiso dar precisiones sobre su anuncio, efectuado por radio y televisi¨®n, en el que asegur¨®: "Se ha determinado que algunos elementos de las fuerzas armadas estuvieron involucrados" en la matanza. No especific¨® la unidad a la que pertenec¨ªan los asesinos, como tampoco su rango.

Los asesinatos pol¨ªticos han caracterizado la guerra civil desde 1980, cuando ocho pol¨ªticos de izquierda fueron abatidos a tiros por los militares y cuatro monjas norteamericanas y el arzobispo de San Salvador, ?scar Arnulfo Romero, fueron asesinados. En los a?os que siguieron, decenas de miles de civiles resultaron muertos. Seg¨²n los grupos defensores de los derechos humanos, la mayor¨ªa de estos cr¨ªmenes es atribuible a los siniestros escuadrones de la muerte, estrechamente ligados al Ej¨¦rcito.

Casos sin resolver

Los sospechosos fueron identificados casi siempre con rapidez. Sin embargo, y pese a las presiones norteamericanas, pasaron cinco a?os antes de que fueran procesados y condenados seis soldados por la muerte de las monjas. Los otros casos quedaron en nada, aunque funcionarlos salvadore?os y norteamericanos aseguraron que hab¨ªa pruebas sobradas para sacar adelante las acusaciones ante un tribunal.En otro atentado que caus¨® una gran conmoci¨®n en Estados Unidos, en 1981, el jefe del programa de reforma agraria y dos consejeros norteamericanos fueron asesinados en una cafeter¨ªa. Se acus¨® a dos oficiales, pero no fueron condenados. En cambio, dos soldados terminaron entre rejas.

El fracaso gubernamental en hacer la luz sobre estos y otros cr¨ªmenes ha fortalecido la causa de la guerrilla izquierdista. Muchos salvadore?os han llegado a convencerse de que esta sociedad tradicionalmente autoritaria es incapaz de tolerar ni siquiera las protestas no violentas y que la justicia ¨²nicamente se puede obtener mediante la fuerza. Tambi¨¦n dudan de que el ineficaz sistema judicial sea capaz de perseguir a miembros del poderoso Ej¨¦rcito, que ha ejercido desde tiempo inmemorial un poder de veto en la pr¨¢ctica sobre las grandes decisiones del Gobierno. Ni un solo oficial ha sido condenado por un asesinato de intencionalidad pol¨ªtica desde el inicio de la guerra civil que, hasta el momento, ha desplazado a uno de cada siete salvadore?os y se ha cobrado m¨¢s de 70.000 vidas.

Cristiani est¨¢ sometido a una fuerte presi¨®n de Washington para que localice y castigue a los asesinos de los seis jesuitas. Dirigentes del Congreso norteamericano aseguran que de ello depende incluso la continuaci¨®n del apoyo de EE UU.

El presidente salvadore?o ha ofrecido una recompensa de 250.000 d¨®lares (unos 28 millones de pesetas) por cualquier informaci¨®n que ayude a resolver el caso. Tambi¨¦n ha constituido una comisi¨®n de honor especial con oficiales y abogados civiles para colaborar con el equipo investigador.

La matanza ha renovado las dudas sobre el ¨¦xito de Ronald Reagan, antes, y George Bush, ahora, en sus esfuerzos por fortalecer la democracia en el pa¨ªs centroamericano. Tambi¨¦n suscita preocupaci¨®n sobre la capacidad de Cristiani de controlar a los jefes m¨¢s radicales de las fuerzas armadas.