S¨®lo uno de cada 10 abortos se ajusta a la ley, seg¨²n la ginec¨®loga de Pamplona procesada
Elisa Sesma, ginec¨®loga acusada de practicar un aborto en un centro p¨²blico a una joven que hab¨ªa recibido radiaciones y que ser¨¢ juzgada en Pamplona dentro de una semana, asegura que s¨®lo "entre el 3% y el 10% de los abortos que se practican se ajustan realmente a los supuestos que contempla la ley". La m¨¦dica, que participa en unas jornadas en Madrid, denuncia la falta de regulaci¨®n, que incide en la paciente, de la objeci¨®n del personal sanitario frente al aborto en los hospitales p¨²blicos. En estos centros s¨®lo se practican cuatro de cada 100 abortos.
Dentro de una semana, Sesma, de 36 a?os, se sentar¨¢ en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pamplona por interrumpir el embarazo de una joven de 19 a?os a la que se le hab¨ªan practicado m¨¢s de 15 radiograf¨ªas. Dos ginec¨®logos m¨¢s -Mari Cruz Landa y Pablo S¨¢nchez- la acompa?ar¨¢n, junto con la solidaridad de sus compa?eros de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FASDP), de la que ella es miembro, y que han organizado una campa?a de contestaci¨®n, adem¨¢s de los grupos feministas, que han convocado movilizaciones y unas jornadas de debate que se clausuran hoy en Madrid.Este juicio, en que se procesa por primera vez a profesionales que practicaron la interrupci¨®n del embarazo en un hospital p¨²blico, es considerado por feministas y defensores de la sanidad p¨²blica como un "grave atentado" al recortado derecho de abortar en los centros p¨²blicos.
El fiscal pide la absoluci¨®n de los inculpados, supuesto en el que Sesma conf¨ªa como desenlace, mientras que la acusaci¨®n particular, que ejerce la asociaci¨®n Acci¨®n Familiar, -"cercana al Opus Dei", recuerda ella- solicita para cada procesado 12 a?os de c¨¢rcel, 14 de inhabilitaci¨®n profesional y un mill¨®n y medio de pesetas de multa.
Con la espada encima
Sesma se entrevist¨® ayer con su colega Carmen Mart¨ªnez Ten, directora del Instituto de la Mujer. Y reclam¨® "que se mojen, que pidan a sus compa?eros del PSOE que modifiquen la ley del aborto para que sea libre y dejar as¨ª que la mujer decida. Se trata de hacer primar el derecho de la gestante sobre los del feto". El actual texto despenalizador incluye los supuestos de grave peligro para la vida o la salud ps¨ªquica o f¨ªsica de la embarazada, gestaci¨®n provocada por violaci¨®n o presunci¨®n de taras en el feto. "Tiene unos l¨ªmites muy estrechos". Sesma cree, de todos modos, que los plazos para abortar restar¨ªan problemas t¨¦cnicos, dado que en el segundo trimestre de la gestaci¨®n existe m¨¢s peligro en el aborto, "aunque hay que decidir en cada caso". Otra queja es la indefensi¨®n de los profesionales que practican el aborto en hospitales p¨²blicos.El caso que se juzgar¨¢ en Pamplona era una de los 10 interrupciones del embarazo que los tres facultativos realizaron entre octubre de 1985 y febrero de 1987. "Fuimos muy cautos", asegura, "y en ese per¨ªodo enviamos fuera de Navarra a 2.000 personas para que abortaran". Ella y sus compa?eros se plantearon practicar abortos en la sanidad p¨²blica. Pronto surgieron los problemas.
Sesma culpa al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) -al que pertenece el hospital Virgen del Camino de Pamplona, donde se realizaron los abortos- de no regular los l¨ªmites de la objeci¨®n del personal sanitario. Cree que en la sanidad p¨²blica la mujer que aborta "siempre est¨¢ en medio de todo". Ella conoce casos de objetores "que se han negado a hacer exploraciones complementarias, a poner sueros, a rasurar a las enfermas, e incluso a servirles la comida". Las situaciones pueden llegar al absurdo de exigir guardias localizadas especiales para estas pacientes o de internarlas en soledad.
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