Torres decidir¨¢ el lunes si acusa a 'El Mundo' en relaci¨®n con el 'caso Guerra'

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, que ten¨ªa previsto decidir ayer sobre la interposici¨®n o no de una querella contra el diario El Mundo, denunciado por el Gobierno en relaci¨®n con una informaci¨®n sobre el caso Guerra, afirm¨® a EL PA?S: "Probablemente no habr¨¢ novedad hasta el lunes; creo que me voy a tomar el fin de semana para estudiar el informe de la secretar¨ªa t¨¦cnica". Fuentes jur¨ªdicas aseguraron que dicho informe s¨®lo puede proponer archivar el caso, "dada la evidente inexistencia de indicios de delito".

El origen de la denuncia gubernamental fue una informaci¨®n publicada por El Mundo el 31 de enero ¨²ltimo, en la que se daba cuenta de que un miembro del Ejecutivo revel¨® a un alto dirigente socialista que dos ministros mencionaron a Juan Guerra en una reuni¨®n del Consejo de Ministros que acord¨® conceder una subvenci¨®n a una empresa relacionada con el hermano del vicepresidente del Gobierno.

Tanto Leopoldo Torres como los tres integrantes de la secretar¨ªa t¨¦cnica del fiscal general del Estado mantienen un mutismo total sobre el contenido del informe jur¨ªdico, al que Torres hab¨ªa se?alado inicialmente que vincular¨ªa su decisi¨®n. Sin embargo, Torres baraj¨® ayer la posibilidad de recabar el asesoramiento de la junta de fiscales de sala o remitir el caso a la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, adem¨¢s de la de archivar la denuncia o abrir diligencias informativas.

Retraso sospechoso

El retraso sobre una cuesti¨®n que Torres preve¨ªa decidir el jueves ¨²ltimo ha suscitado dudas sobre la motivaci¨®n de la demora respecto a un asunto que, aparte de la cualificaci¨®n pol¨ªtica del denunciante -el Gobierno-, es considerado de tercera fila por los juristas que lo han estudiado. Uno de ellos ha se?alado: "Si la querella se presenta, la fiscal¨ªa har¨¢ el rid¨ªculo, porque el juez al que le corresponda estudiarla la archivar¨¢ con toda seguridad".Torres orden¨® ayer emprender acciones legales contra el abogado Javier Sainz Moreno, por calificar de "fiscal prevaricador" a Javier Moscoso, anterior fiscal general del Estado.