Partidos y partidas

LA FINANCIACI?N a cargo del erario p¨²blico de la actividad de los partidos pol¨ªticos fue presentada en su d¨ªa como la f¨®rmula que garantizar¨ªa la transparencia de sus cuentas y acabar¨ªa con las extendidas sospechas sobre el origen irregular de algunos de sus dineros. Pues bien, a los tres a?os de vigencia de la ley de 2 de julio de 1987, por la que se endosa al Estado esta carga financiera, ni las cuentas de los partidos son transparentes ni han disminuido las sospechas sobre el car¨¢cter heterodoxo de algunas de sus, fuentes de financiaci¨®n.De entonces ac¨¢, los partidos pol¨ªticos, han recibido 20.000 millones de pesetas de los Presupuestos Generales del Estado exclusivamente para sufragar los gastos derivados de su funcionamiento ordinario, a los que hay que a?adir varios miles de millones m¨¢s ingresados en sus arcas procedentes de los fondos p¨²blicos destinados a gastos electorales y de subvenciones a cuenta de la actividad parlamentaria. En todo ese tiempo, el contribuyente apenas ha sabido nada referente al uso y destino de los fondos entregados.

Esta an¨®mala situaci¨®n no puede desligarse de la ineficacia que impera en la fiscalizaci¨®n del gasto p¨²blico en general. Pero tiene sus causas propias, entre las que no es la menor la aversi¨®n que sienten los partidos a que la luz se haga en toda su plenitud sobre sus finanzas. A la obstrucci¨®n de las formaciones pol¨ªticas hay que a?adir la impotencia manifiesta del Tribunal de Cuentas, ¨®rgano constitucionalmente encargado de la fiscalizaci¨®n externa de la actividad econ¨®mico-financiera de los partidos. Y las Cortes, destinatarias de los informes de control, no han mostrado demasiada prisa en recibirlos.

A todos ellos -partidos, Tribunal de Cuentas y Cortes- deber¨ªa causarles sonrojo que a estas alturas s¨®lo se disponga de un borrador de dictamen referente a las cuentas de 1987, primer a?o en que se puso en marcha la financiaci¨®n p¨²blica de car¨¢cter regular de los partidos pol¨ªticos. Una situaci¨®n que, adem¨¢s, supone un claro incumplimiento de la ley, la cual obliga al Tribunal de Cuentas a llevar al d¨ªa sus funciones fiscalizadoras, y a los partidos pol¨ªticos, a presentar en el plazo de seis meses, a partir del cierre de cada ejercicio, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos gastos e ingresos.

Si la propia ley es tan inoperante en el cumplimiento de sus espec¨ªficos fines de transparencia, no es de extra?ar que lo sea a¨²n m¨¢s como instrumento dise?ado para alejar de los partidos pol¨ªticos el fantasma de la corrupci¨®n. La financiaci¨®n a cargo del contribuyente no ha impedido que en estos a?os crezca como la espuma la sospecha de que a sus arcas fluye un r¨ªo de incontrolable dinero negro procedente de comisiones cobradas bajo cuerda en relaci¨®n con recalificaciones de terrenos, licencias y contratas de obras p¨²blicas; es decir, de todos los lugares en los que la discrecionalidad es la norma, y no la excepci¨®n. Si esta sospecha fuera realidad, s¨®lo cabr¨ªa sacarla a la luz con ayuda de la legislaci¨®n adecuada. Lo que resulta ya inentendible es que lo que la propia ley considera transparente y di¨¢fano -el uso y destino de los fondos p¨²blicos entregados a los partidos- se convierta en opaco por el mal funcionamiento o la ineficacia de los mecanismos de control y verificaci¨®n.

No es demagogia se?alar la existencia de dos varas de medir en la actuaci¨®n del Estado frente al dinero: m¨¢ximo control fiscal sobre los bolsillos de los ciudadanos asalariados y manga ancha en el seguimiento del que corre por los conductos institucionales. Si el contribuyente espa?ol ha sido llamado en auxilio de los partidos pol¨ªticos -para favorecer su implantaci¨®n social y suplir la penuria de las aportaciones de sus militantes-, lo menos que puede exigir en contrapartida es una pronta y exhaustiva informaci¨®n sobre la ayuda prestada. No hacerlo as¨ª es alimentar irresponsablemente desde el propio Estado la antidemocr¨¢tica sospecha -por lo que tiene de generalizaci¨®n descalificadora- de que la actividad pol¨ªtica es poco menos que sin¨®nimo de trapicheo y de manejos sucios con el dinero de los ciudadanos.