Detenido el polic¨ªa municipal de Roquetas de Mar que descubri¨® pr¨¢cticas exorcistas

La Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almer¨ªa) detuvo ayer al jefe de la Polic¨ªa Municipal de esta localidad a petici¨®n del propio alcalde. La detenci¨®n se produjo a las 8.00 ' horas en el cuartel de la polic¨ªa local, donde Rafael Montoya, sargento y jefe en funciones del cuerpo, permanec¨ªa en huelga de hambre desde hace cinco d¨ªas iniciada dos d¨ªas despu¨¦s de su actuaci¨®n en el descubrimiento de pr¨¢cticas exorcistas. Montoya fue puesto en libertad por la tarde, por orden judicial y anunci¨® su decisi¨®n de proseguir la huelga de hambre.El conflicto se desat¨® a ra¨ªz de las cr¨ªticas del gobernador civil, Ram¨®n Lara, quien declar¨® entonces que se hab¨ªa producido una "injerencia inaceptable" por parte de Montoya y de la propia Polic¨ªa Municipal, dado que la Guardia Civil hab¨ªa iniciado ya una investigaci¨®n.

Tras estas palabras, el alcalde, el independiente Juan Emeterio Mart¨ªnez Romera, comunic¨® a su jefe de polic¨ªa que quedaba suspendido de empleo y sueldo y destituido de sus funciones hasta nueva orden. Esta decisi¨®n del alcalde no es la primera ya que Mart¨ªnez Romera y Montoya mantienen notorias diferencias que les han llevado ya a los tribunales, que hasta el momento se han pronunciado en favor del polic¨ªa. La nueva sanci¨®n ha implicado la entrega de las armas reglamentarlas del agente, que le fueron retiradas la semana pasada por la Guardia Civil.

Un portavoz del Gobierno Civil de Almer¨ªa asegur¨® ayer que la detenci¨®n se produjo a petici¨®n del alcalde ante la perspectiva de una huelga de hambre indefinida y negarse a desalojar las dependencias de la polic¨ªa local, "lo que podr¨ªa constituir un delito de desobediencia tipificado por el C¨®digo Penal, y en consecuencia la Guardia Civil le ha puesto a disposici¨®n del juez de Roquetas de Mar".

Rafael Montoya dirigi¨® el grupo de agentes que a primeros de este mes descubr¨ªa en un cortijo la pr¨¢ctica de exorcismos en las personas de j¨®venes menores de edad procedentes de barrios marginales de la capital y que hab¨ªan sido puestos por sus familiares en manos de Manuel Aracil, autodenominado "pastor de la Iglesia Evang¨¦lica de Filadelfia".

La denuncia presentada entonces ante el juzgado fue contestada con la consideraci¨®n de que no hab¨ªa indicios de criminalidad en los hechos denunciados, "que se inscrib¨ªan en la libertad de religi¨®n y de culto que ampara la Constituci¨®n espa?ola".

Este planteamiento fue secundado por el gobernador civil y Montoya lo calific¨® de "indocumentado" y le ret¨® a un debate p¨²blico.