Ya est¨¢ bien

La distribuci¨®n territorial del poder, el hecho de que existan comunidades aut¨®nomas con Parlamento y Gobierno propio, no puede conducir a que a los ciudadanos se les mida por distinto rasero seg¨²n la comunidad aut¨®noma a la que pertenezcan. Independientemente de cu¨¢l sea la estructura del Estado, los ciudadanos tienen que ser iguales en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Cualquier quiebra de este principio ser¨ªa un atentado no ya a las normas constitucionales, sino a principios tan arraigados en la conciencia colectiva que no precisar¨ªan siquiera su formalizaci¨®n jur¨ªdica.No cabe duda de que as¨ª es para todos los ciudadanos de a pie de este pa¨ªs. No creo que nadie pueda documentar una diferencia de trato para los ciudadanos de las diferentes comunidades aut¨®nomas ni en las relaciones entre privados ni en sus contactos con las diferentes administraciones p¨²blicas o en sus recursos ante los tribunales de justicia.

Y sin embargo no es as¨ª cuando se trata de los poderes p¨²blicos, habi¨¦ndose generado una situaci¨®n de facto, no de lucro, en la cual parece que aquellos ciudadanos que ocupan cargos p¨²blicos en Catalu?a no pueden ser investigados cuando existen indicios racionales de que su comportamiento encaja en alguna de las conductas tipificadas como delito en el C¨®digo Penal, mientras que no ocurre as¨ª en el resto del Estado.

Hace unos meses se conoci¨® la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n por la que se exoneraba de toda responsabilidad penal al antiguo presidente de la comunidad aut¨®noma, Demetrio Madrid. La sentencia inclu¨ªa incluso en sus considerandos una serie de pronunciamientos extraordinariamente elogiosos hacia la conducta de Demetrio Madrid, que, en opini¨®n del Tribunal, hab¨ªa estado muy por encima de lo exigible en una econom¨ªa de mercado o sociedad capitalista como la que vivimos.

A la vista de los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia, uno se sorprende de c¨®mo se lleg¨® a dictar un auto de procesamiento contra el entonces presidente de la comunidad aut¨®noma, con las consecuencias que de ello se derivaron. Pero no es a esto a lo que quiero referirme, sino al hecho de que, una vez que fue dictado dicho auto de procesamiento, Demetrio Madrid dimiti¨® de su cargo y se enfrent¨® al procesamiento como un ciudadano m¨¢s. Y era, de acuerdo con la Constituci¨®n y el estatuto de autonom¨ªa, el m¨¢ximo representante del Estado de la comunidad aut¨®noma.

En estos d¨ªas estamos asistiendo a un espect¨¢culo ins¨®lito, que es el reverso del que se vivi¨® en Castilla y Le¨®n hace unos a?os.

Simplemente porque el ministerio fiscal, cumpliendo con su obligaci¨®n, investiga la conducta de un cargo p¨²blico de la Generalitat se ha montado una campana en la que se est¨¢n invirtiendo todos los hombres fuertes del partido gobernante en Catalu?a (Pujol, Roca, etc¨¦tera), solicitando las sustituci¨®n del fiscal jefe de Barcelona.

Si, como est¨¢n afirmando tanto el se?or Prenafeta como los dirigentes de Converg¨¨ncia i Uni¨®, no existe la m¨¢s m¨ªnima duda sobre el comportamiento jur¨ªdico correcto del secretario general de la Presidencia de la Generalitat, ?por qu¨¦ inquietarse ante una investigaci¨®n del ministerio fiscal? Si la actuaci¨®n del fiscal jefe del Tribunal Superior de Catalu?a no tiene ninguna base jur¨ªdica, ?es que tiene la m¨¢s m¨ªnima duda el Gobierno catal¨¢n o los dirigentes de Converg¨¨ncia de que los jueces actuar¨¢n en consecuencia?

La verdad es que para cualquier ciudadano no puede dejar de resultar chocante que se responda con amenazas de tipo pol¨ªtico ante una actuaci¨®n estrictamente jur¨ªdica del ministerio fiscal. ?Es que una conducta que en opini¨®n del fiscal est¨¢ tipificada como delito debe dejar de perseguirse porque el ciudadano afectado sea un cargo p¨²blico en Catalu?a, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado? ?Es que no se debe dejar que el ministerio fiscal cumpla con su obligaci¨®n y los jueces con la suya sin verse sometidos a presiones pol¨ªticas externas? ?Es que no se puede hacer depender las relaciones entre el Estado y la comunidad aut¨®noma de Catalu?a de que el fiscal considere que debe actuar en relaci¨®n con la conducta de un miembro del Gobierno lato sensu de la Generalitat? ?Quiere decirse que para que existan buenas relaciones entre el Estado y la comunidad aut¨®noma el fiscal debe dejar de cumplir con su obligaci¨®n de denunciar las conductas que considere jur¨ªdicamente incorrectas?

Creo que fue F. D¨¹rrenmatt quien acu?¨® la expresi¨®n "tiempos dif¨ªciles aquellos en los que hay que estar reivindicando lo evidente". Parece que los dirigentes de Converg¨¨ncia i Uni¨® se est¨¢n empe?ando en que todos tengamos que reivindicar algo tan obvio como el principio de igualdad ante la ley.

Suscriben este art¨ªculo, adem¨¢s de