La credibilidad

EL DEFENSOR del Pueblo recibi¨® a lo largo de 1989 un total de 21.023 quejas, de las que aproximadamente una tercera parte fueron admitidas a tr¨¢mite. Ello supone un incremento de m¨¢s del 50% respecto al a?o anterior, en el que a su vez se recibieron un 12% m¨¢s que en 1987. Ello podr¨ªa interpretarse en el sentido de que esa instituci¨®n vuelve a recobrar credibilidad tras varios a?os en que la p¨¦rdida de la misma se tradujo en una dr¨¢stica reducci¨®n del n¨²mero de quejas planteadas, que pas¨® de m¨¢s de 30.000 en 1983 a apenas 13.000 tres a?os despu¨¦s. Seg¨²n el informe anual que acaba de ser presentado al Parlamento, durante 1989 se concluy¨® la tramitaci¨®n de casi 5.000 expedientes, de los que la actuaci¨®n de la Administraci¨®n fue considerada correcta en 3.600 casos, mientras que fue subsanada la actuaci¨®n considerada incorrecta en 1.800 casos. La Administraci¨®n mantuvo su criterio frente al del Defensor en 126 casos.El Informe se compone de dos grandes apartados, el primero de los cuales se refiere a. posibles vulneraciones de los derechos fundamentales por parte de las distintas Administraciones, y el segundo, a las deficiencias en el funcionamiento ordinario de esas Administraciones. Respecto a lo primero, si bien el Informe concluye que no ha habido graves incumplimientos, constata la persistencia de casos puntuales, pero significativos, de malos tratos por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad. En opini¨®n del Defensor del Pueblo, tal vez lo m¨¢s preocupante de esos casos sea la ausencia de colaboraci¨®n de los :responsables policiales para el esclarecimiento de los hechos denunciados y eventual sanci¨®n a los responsables. El Informe incluye ejemplos que prueban ese desinter¨¦s, cuando no desnudo obstruccionismo, tanto en el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y en la Guardia Civil como en algunas polic¨ªas municipales. Denuncia el Defensor que en muchos casos las autoridades responsables evitan, con diferentes subterfugios, adoptar medidas de suspensi¨®n cautelar de los agentes denunciados, "dando la impresi¨®n ante los ciudadanos denunciantes de que no ha pasado nada". Tampoco est¨¢ de acuerdo el Defensor con la pr¨¢ctica de paralizar los expedientes internos, y las medidas sancionadoras correspondientes, en tanto no exista resoluci¨®n del procedimiento judicial, cuyo fallo puede retrasarse durante a?os.

Al igual que en el informe de 1988, las denuncias sobre la Administraci¨®n de justicia son las m¨¢s numerosas, y aun valorando positivamente el esfuerzo por mejorar la dotaci¨®n personal y material de esta Administraci¨®n -cuyos efectos s¨®lo ser¨¢n visibles a largo plazo-, se insiste en el riesgo de que los retrasos en las resoluciones judiciales supongan en la pr¨¢ctica la indefensi¨®n de los ciudadanos. La creciente preocupaci¨®n ciudadana sobre las deficiencias observadas en los servicios p¨²blicos relacionados con los transportes y las comunicaciones, ampliamente recogida en el anterior informe, se reitera en ¨¦ste; y si bien se reconoce el esfuerzo realizado por la Renfe con respecto a las recomendaciones planteadas hace un a?o por el Defensor, se critica la poca receptividad hallada en Correos y el insuficiente reflejo pr¨¢ctico de la atenci¨®n en principio prestada por la direcci¨®n de la Compa?¨ªa Telef¨®nica.

Transcurridos ocho a?os de la vida de esta instituci¨®n, parece acreditada su eficacia para dar respuesta a quejas de particulares; pero de la presentaci¨®n de los informes anuales ante el Parlamento no se deducen, o no en suficiente medida, iniciativas tendentes a subsanar las deficiencias legales o administrativas que hacen posibles las vulneraciones que dan cuerpo a esas quejas particulares. De ah¨ª la conveniencia de estudiar alguna f¨®rmula de articulaci¨®n de las recomendaciones del Defensor del Pueblo con las comisiones parlamentarias especializadas o con su equivalente en la Administraci¨®n aut¨®noma y local. Porque no es normal que ninguna consecuencia pr¨¢ctica se siga de algunas de las denuncias contenidas cada a?o en el Informe.