Dinero y pol¨ªtica

PESE AL secreto sumarial que impide conocer detalles del llamado caso Naseiro, puede considerarse asimilado que se trata de un asunto de cohecho (obtenci¨®n de un trato de favor mediante soborno) relacionado con la financiaci¨®n del Partido Popular (PP). Su presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, ha actuado con inteligencia al responder a los interrogantes planteados con la propuesta de creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n. Con ello, de entrada, desplaza la pelota al campo socialista: si ¨¦stos aceptasen la propuesta -y su acuerdo es necesario para que prospere- quedar¨ªan en evidencia por haber rechazado la planteada en su d¨ªa en relaci¨®n al asunto Juan Guerra. Y si la aceptan, los riesgos no ser¨ªan cualitativamente mayores para los populares que en el caso contrario, ya que s¨®lo caben dos opciones: o la comisi¨®n investiga el fondo del asunto -la financiaci¨®n paralela-, en cuyo caso se ver¨ªan forzosamente salpicados los principales partidos, incluidos los rivales del PP; o se impone la solidaridad t¨¢cita entre las fuerzas pol¨ªticas -la solidaridad en la ocultaci¨®n- y la comisi¨®n resulta inocua.Naseiro no es un militante cualquiera, sino el responsable m¨¢ximo de las finanzas de su partido. El hecho de que, al parecer, el diputado ?ngel Sanch¨ªs (anterior responsable de esa ¨¢rea) aparezca tambi¨¦n implicado refuerza la gravedad del asunto, del que no cabe escapar aduciendo que no hay que mezclar eventuales comportamientos irregulares de personas concretas con responsabilidades de partido: si los presuntos delitos se relacionan con la financiaci¨®n del PP, es la direcci¨®n de ¨¦ste la que debe responder pol¨ªticamente de los hechos. Y ello es independiente de que llegue o no a constituirse una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n.

El argumento del PSOE para oponerse a su creaci¨®n es doble. De un lado, que una comisi¨®n de ese tipo s¨®lo servir¨ªa para alentar la demagogia de quienes sostienen que todos los pol¨ªticos son unos corruptos. De otro, que ya existen comisiones regulares del Parlamento capacitadas para entender del asunto, en particular la del estatuto del diputado. A ello ha de a?adirse que el Tribunal de Cuentas es el que puede investigar todo lo relativo a la financiaci¨®n de los partidos. Son argumentos dignos de ser tomados en consideraci¨®n, pero insuficientes. A estas alturas es imposible evitar que los ciudadanos piensen que los pol¨ªticos, sean o no corruptos, individualmente considerados, participan todos ellos de unas estructuras cuya financiaci¨®n es como m¨ªnimo oscura. Las averiguaciones del Tribunal de Cuentas pueden llegar a constatar eventuales irregularidades contables, a localizar deudas excesivas o aportaciones no registradas. Pero dif¨ªcilmente podr¨¢ ir m¨¢s all¨¢, y especialmente indagar sobre esa financiaci¨®n paralela a partir de comisiones pactadas con concesionarios de obras p¨²blicas o contratas de servicios, que es lo que interesa a los ciudadanos (que acabar¨¢n pagando, como consumidores o como contribuyentes, esas cantidades).

A los argumentos citados se ha a?adido desde el Consejo General del Poder Judicial el de que una comisi¨®n parlamentaria sobre un asunto Investigado por los tribunales producir¨ªa una especie de juicio paralelo, y que, dado que los m¨¦todos respectivos de investigaci¨®n son diferentes, podr¨ªan dar lugar a conclusiones divergentes, con descr¨¦dito para las instituciones. Es tambi¨¦n una objeci¨®n atendible en principio, pero de nuevo insuficiente, pues la experiencia indica que hay un amplio cat¨¢logo de actitudes que siendo penalmente irrelevantes -por falta de regulaci¨®n espec¨ªfica o por otras razones- entran de lleno, sin embargo, en lo pol¨ªticamente condenable. Y los electores tienen derecho a conocer, al margen de que exista o no un proceso judicial sobre los aspectos penales de la cuesti¨®n, esos comportamientos de sus representantes. As¨ª ocurre en casi todos los pa¨ªses con tradici¨®n democr¨¢tica, sin que del desvelamiento de lo que los partidos querr¨ªan mantener oculto se deduzca un descr¨¦dito del sistema, sino todo lo contrario.

Por todo ello parece que los argumentos a favor de la creaci¨®n de una comisi¨®n como la propuesta por el PP, con el apoyo de Izquierda Unida, son m¨¢s poderosos que los esgrimidos en contra por el PSOE y sus aliados del momento. Y en todo caso, con o sin comisi¨®n, urge un debate p¨²blico sobre la financiaci¨®n de los partidos que ponga fin a esta desmoralizadora escalada de esc¨¢ndalos pol¨ªtico-financieros. En el mejor de los casos, tal vez ese debate sirviera para sentar las bases de un acuerdo entre los principales partidos sobre lo que, seg¨²n acaba de reconocer Fraga, constituye la causa ¨²ltima de esta degradaci¨®n: los crecientes costes de las campa?as electorales. Un acuerdo no ¨²nicamente sobre la eventual concentraci¨®n de las convocatorias electorales, sino sobre los l¨ªmites en los gastos destinados a las mismas.