Ficciones parlamentarias

Un m¨¦rito al menos no ha de escatimarse a nuestra clase pol¨ªtica como conjunto: su habilidad en esquivar las m¨¢s serias cuestiones pol¨ªticas. Ser¨¢ que escasean los fil¨®sofos-gobernantes o que abundan los gobernantes-tenderos, vaya usted a saber. Lo cierto es que en cuanto asoma por excepci¨®n algo de indudable inter¨¦s com¨²n, la calculadora de bolsillo toma el lugar de los argumentos. Al consenso por el apa?o, tal ser¨ªa su lema. V¨¦ase, verbigracia, el caso de las incompatibilidades parlamentarias.No hay que descartar aqu¨ª una voluntad subversiva. Nos hall¨¢bamos tan ricamente en plenos festejos por la vuelta de las ovejas descarriadas al redil de nuestras democracias ... cuando alg¨²n insensato suelta la bomba. Pues ?qu¨¦ significa establecer un r¨¦gimen de incompatibilidades? Ni m¨¢s ni menos, por de pronto, que la confesi¨®n expresa de que una buena parte de nuestros diputados mantiene intereses particulares que pueden ser satisfechos a costa o en perjuicio del inter¨¦s general. Y que esos intereses privados se revelan tan potentes como para que su renuncia les lleve a abandonar su esca?o a menos que se les compense con un cuantioso sueldo p¨²blico. M¨¢s a¨²n, la medida de marras supone tambi¨¦n la constataci¨®n indirecta de que aquella amplia porci¨®n de los parlamentarios no han sido extra¨ªdos precisamente de entre los trabajadores por cuenta. ajena. A la hora de acudir al hemiciclo, a un asalariado le sobra una disposici¨®n de esa ¨ªndole: en tan rara eventualidad, la ley laboral ya le habr¨¢ dejado en inmediata excedencia respecto de su puesto de trabajo. De modo que, as¨ª le¨ªda, una norma que, requiera la incompatibilidad de los parlamentarios viene a proclamar que el Parlamento no es socialmente representativo.

Estamos, pues, por un lado, ante el reconocimiento de que la l¨®gica privada reina universalmente incluso all¨ª donde dice regir la p¨²blica. No parece haber m¨®vil ni gratificaci¨®n en el servicio p¨²blico (af¨¢n de poder, prestigio popular, naturaleza de la tarea desempe?ada, etc¨¦tera) m¨¢s elevados que los de ganar dinero. Sociedad civil y Estado, en el fondo, est¨¢n mucho m¨¢s reconciliados de lo que se piensa. El ciudadano no acierta a desprenderse de su ego¨ªsta piel de individuo. La actividad pol¨ªtica tiende a convertirse en una ocupaci¨®n lucrativa como otra cualquiera. Lo mismo da atender hoy las necesidades colectivas de una poblaci¨®n que asesorar ma?ana a la industria armament¨ªstica capaz de diezmarla. As¨ª que todos aprendemos de paso que, si est¨¢ mejor remunerada, la actividad privada resulta por eso mismo m¨¢s excelente que la p¨²blica. El tropel de altos cargos corriendo presurosos hacia las multinacionales constituye una lecci¨®n democr¨¢tica inolvidable. Y ahora muchos diputados contribuyen a esta provechosa ense?anza con sus lamentos acerca de una retribuci¨®n, mensual que s¨®lo es mediomillonaria. Sus se?or¨ªas vienen a pronunciar parecido dictamen al que en mis tiempos se dec¨ªa de los estudiantes de filosofia: "El que vale, vale, y el que no, a parlamentario".

De ser as¨ª, habr¨¢ que convenir que nos aguarda un ejercicio de la soberan¨ªa popular poco prometedor. Nada menos que el asiento b¨¢sico de una democracia -claman los augures- quedar¨ªa ocupado en lo sucesivo por un hatajo de necesitados o incompetentes. Estos tales, faltos de otra salida profesional o de miras econ¨®micas m¨¢s ambiciosas, buscar¨ªan su mejor arrimo en el Parlamento... Para evitarlo, los diputados afectados insin¨²an que s¨®lo quien no necesita vivir de la pol¨ªtica (por disponer ya de otros recursos) puede vivir para la pol¨ªtica. A diferencia del pol¨ªtico profesional, que se debe a quien le paga, estos pol¨ªticos ocasionales alcanzar¨ªan su independencia de criterio justamente gracias a sus negocios. Perm¨ªtanme subrayar lo parad¨®jico de la doctrina. Que s¨®lo quien tenga intereses econ¨®micos ajenos a la pol¨ªtica pueda ser desinteresado en pol¨ªtica; que s¨®lo quien dependa de la marcha de sus negocios privados pueda ser independiente en la gesti¨®n del negocio com¨²n... suena algo chocante.

Del otro lado, dec¨ªamos, ahora que hab¨ªan desaparecido las clases, la procedencia socioprofesional de tantos parlamentarios vendr¨ªa inoportunamente a desmentirlo. Eso se nota no s¨®lo en su abulia ante los problemas m¨¢s urgentes de sus conciudadanos. Se echa de ver, sobre todo, en el creciente fen¨®meno de la doble representaci¨®n: una, social o laboral (si se quiere, hasta corporativa), y otra, estrictamente pol¨ªtica, marchando por separado cuando no re?idas. El 14 de diciembre pasado marc¨® la fecha de su mayor distancia.

La cuesti¨®n que nos ocupa, en pocas palabras, es un s¨ªntoma m¨¢s -que no un remedio - de la crisis de la representaci¨®n parlamentaria. Hace ya tiempo que las c¨¢maras legislativas dejaron de ser el m¨¢ximo ¨®rgano de controversia racional sobre asuntos p¨²blicos. En su lugar queda un simulacro de enfrentamiento entre los partidos en torno a asuntos que ya han sido resueltos en otra parte. La discusi¨®n s¨®lo ceremonialmente precede a la decisi¨®n, mas de ning¨²n modo la determina. Podr¨¢n las constituciones seguir consagrando el modelo del mandato representativo, pero cada diputado resulta sometido por un f¨¦rreo mandato imperativo a su facci¨®n. La puesta entre par¨¦ntesis de su conciencia al votar, el gesto ritual de su portavoz indic¨¢ndole el sentido de su voto... no hacen sino Ilustrar el grado de esa disciplina. Con el debido respeto a sus seiffor¨ªas, pues, no es como para tomarse su actual cometido en demasiada estima.

Reducido como est¨¢ el parlamentarismo a pura c¨¢scara, lo dem¨¢s son ficciones. El litigio sobre las incompatibilidades s¨®lo ser¨ªa, por desgracia, una de ellas. Es de suponer que la norma que al fin se dicte buscar¨¢ asegurar una mayor pureza en el quehacer del diputado. ?Y qu¨¦ m¨¢s da mientras no cobre mayor representatividad y eficacia? Aquella limpieza, ciertamente, ser¨ªa requisito obligado para una democracia de car¨¢cter participativo. ?Por qu¨¦ ha de serlo tambi¨¦n para la que no pretende ser m¨¢s que un procedimiento de provisi¨®n ordenada de los titulares del poder? ?Se quiere una dedicaci¨®n exclusiva del compromisario a sus tareas? Cuesti¨®n peliaguda la de hacerle un profesional, pero s¨®lo tendr¨¢ sentido si se le dota de funciones reales y de responsabilidad ante los ciudadanos. De lo contrario, tanto valdr¨ªa para muchos de ellos que -sin desatender sus propios asuntosvotaran desde su casa lo ordenado por el jefe de filas...

Pero la sangre no llegar¨¢ al r¨ªo. Puesto que no hay tr¨¢fico de influencias, como es sabido, tampoco han de extremarse las incompatibilidades. Los jueces que son asimismo parte ya han sugerido que una declaraci¨®n de intereses del parlamentario bastar¨ªa para salvaguardar su independencia en el foro. Uno se pregunta por qu¨¦, si no han puesto ya tales intereses en conocimiento de Hacienda, habr¨ªan de declararlos ahora ante el confesonario del Congreso. A uno le asombra tambi¨¦n que nuestros prohombres desconozcan las posibilidades de una instituci¨®n tan renombrada como la del testaferro. Y si al Estado no le preocupa tanto el crecimiento del patrimonio de sus servidores cuanto que sea a costa del erario p¨²blico, ?es que aquellos intereses particulares iban milagrosamente a esfumarse por el mero hecho de haber sido declarados?

Parlamento y parlamentarios, para ser de verdad respetados, deber¨¢n transformar en profundidad su papel. Si no, habr¨ªa que concluir que la quintaesencia de su trabajo ya la expres¨® aquel presidente de un Parlamento aut¨®nomo cuando conmin¨® a sus miembros: "Se?or¨ªas, preten el bot¨®n". Estoy por decir que, una vez aprendida t¨¦cnica tan exquisita, bastantes de sus se?or¨ªas pueden dar por concluida su faena.