?Desobediencia civil o desacuerdo?

El articulista aclara en este texto la postura de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) sobre el asunto del control sindical de los contratos. Seg¨²n el autor del texto, la intenci¨®n manifestada por la CEOE de no colaborar con dicha ley cuando ¨¦sta se promulgue ha provocado una pol¨¦mica que, basada en interpretaciones err¨®neas, ha dado lugar a acusaciones injustas.

Uno de los puntos que han quedado m¨¢s oscuros sobre la postura de la CEOE en el asunto del control sindical de los contratos es, al parecer, la intenci¨®n que hemos manifestado de "no colaborar" con esta ley cuando sea promulgada como tal, ya que nos parece injusta y posiblemente inconstitucional. Las palabras entrecomilladas corresponden al discurso que pronunci¨¦ el pasado mes de mayo ante la asamblea electoral de la CEOE, y han dado p¨¢bulo a interpretaciones err¨®neas y a acusaciones de "incitar a la desobediencia civil" o de estimular a los empresarios a incumplir la legislaci¨®n. No hace mucho, un comentarista pol¨ªtico de los que acostumbran a opinar sin tener antes la precauci¨®n de informarse m¨ªnimamente sobre el asunto opinado hac¨ªa una dura diatriba contra la CEOE en las p¨¢ginas de este mismo peri¨®dico, afirmando que "los dirigentes de la CEOE, llevados por malos humores corporativistas, no parecen conscientes de los malos ejemplos implicados en sus coqueteos con la acci¨®n directa y los comportamientos sediciososSi la organizaci¨®n patronal siguiera amenazando con incumplir las leyes que les disgustan, ?c¨®mo podr¨ªa condenar ma?ana las exhortaciones a la desobediencia civil de los grupos radicales?".

M¨¢s recientemente, y tambi¨¦n desde EL PA?S, el profesor Santiago Gonz¨¢lez Ortega opinaba, con m¨¢s mesura pero con la misma inexactitud, que "con esta postura, la CEOE se estar¨ªa arrogando la facultad de decidir acerca de la constitucionalidad de una ley, pretendiendo con ello suplantar a las instancias jurisdiccionales que son las llamadas por la propia Constituci¨®n que se invoca para emitir un juicio de esta naturaleza".

El citado profesor tambi¨¦n critica el prop¨®sito, enunciado por la CEOE, de consultar previamente al trabajador afectado para conocer si desea o no que su contrato sea conocido por los sindicatos.

Visto todo lo anterior, no deja de tener su gracia que sea precisamente a las organizaciones empresariales y a la CEOE, celosas cumplidoras de la legislaci¨®n vigente y acatadoras por sistema de las sentencias de los jueces, a quienes se les acuse de "desobediencia civil" o de "comportamientos sediciosos". Para nosotros, y para cualquiera que razone con un poco de l¨®gica, son "comportamientos sediciosos" otros muy distintos. Por ejemplo, sabotear la televisi¨®n espa?ola con motivo del llamado eufem¨ªsticamente paro general. Tambi¨¦n son comportamientos sediciosos recurrir al piquete violento, a la rotura de cristales, al sabotaje de instalaciones, puertas o cierres, para sacar adelante una huelga; retener a directivos de empresas para obligarles a transigir, y una colecci¨®n muy extensa de pr¨¢cticas sindicales reiteradas que, sin embargo, nunca he visto criticadas por los mismos que ahora acusan a la CEOE de "desobediencia civil".

Legitimidad

El profesor Gonz¨¢lez Ortega tiene la obligaci¨®n de saber que una ley no tiene por qu¨¦ ser siempre leg¨ªtima, y que precisamente para dilucidar estas cuestiones se inventaron los tribunales de justicia. Cuando la CEOE dice que "no colaborar¨¢" con la aplicaci¨®n de? control sindical de los contratos no dice que incumplir¨¢ esa ley. Porque en el mismo texto legal se establece lo que le sucede al empresario que no entregue los contratos: incurrir¨¢ en infracci¨®n de car¨¢cter grave, se le impondr¨¢ una multa y podr¨¢ llevar el asunto a los tribunales, que ser¨¢n a la postre los que o bien le obliguen a materializar la entrega o le den la raz¨®n. Pero todo dentro del marco normativo vigente y recurriendo a los cauces adecuados y civilizados propios de un Estado de derecho.

Estos casos se dan muy a menudo en los pa¨ªses en que los ciudadanos est¨¢n provistos de las suficientes garant¨ªas jur¨ªdicas. Cuando se sufre una inspecci¨®n de Hacienda, cuando a un particular se le lleva el Coche la gr¨²a, cuando se le obliga a pagar una tasa, etc¨¦tera, los ciudadanos pueden recurrir ante los tribunales, y a menudo tienen ¨¦xito. Los empresarios hacemos lo mismo. Todos recordar¨¢n que la ¨²ltima vez fue con motivo de la obligaci¨®n de pagar las cuatro horas libres para votar que se establecieron en el refer¨¦ndum sobre la OTAN, en 1986. La organizaci¨®n empresarial del metal de Zaragoza entabl¨® recurso, y el Tribunal Supremo le dio la raz¨®n. Est¨¢ claro que si el Gobierno desea regalar a los asalariados medio d¨ªa de vacaciones para estimular la participaci¨®n ciudadana, puede hacerlo, pero no con el dinero de los empresarios.

En CEOE estamos en desacuerdo con este proyecto de ley, y no facilitaremos su cumplimiento, de la misma forma que sectores empresariales y profesionales concretos (el period¨ªstico, por cierto, lo hace muy a menudo) se oponen con frecuencia a entregar listas, datos o documentos que en su opini¨®n no les son exigibles o que pueden poner en peligro derechos fundamentales. Unas veces los tribunales les dan la raz¨®n y otras se la quitan, pero no por ello tienen que sufrir acusaciones de "desobediencia civil" y otras lindezas por el estilo.

Control sindical

Estoy seguro de que con esto del control sindical de los contratos va a pasar lo mismo: los jueces dir¨¢n si es admisible que un tercero, perteneciente a una organizaci¨®n privada y casi siempre pol¨ªtica, tenga derecho a conocer los datos de una relaci¨®n contractual espec¨ªficamente privada, de la que ya se informa, por otra parte, a las autoridades p¨²blicas competentes. Y se pronunciar¨¢n los jueces no solamente porque haya empresarios que lleven el asunto a los tribunales. Tambi¨¦n ser¨¢n numerosos los trabajadores que se nieguen a sufrir este control, que supuestamente les beneficia, pero s¨®lo supuestamente, ya que el hecho de que sea obligatorio nos hace pensar que quienes se lo han inventado no est¨¢n muy seguros de que el ben¨¦fico control fuese aceptado si fuera solamente voluntario. "Ama a tu pr¨®jimo, pero lleva un palo", dicen los norteamericanos. Los sindicatos espa?oles dicen algo parecido: "Esto es por vuestro bien, pero por si acaso no os lo cre¨¦is, lo convertimos en obligatorio".

Por ¨²ltimo, desear¨ªa puntualizar una de las tesis que sostiene el profesor Gonz¨¢lez Ortega, seg¨²n la cual, las apelaciones al derecho a la intimidad que hace la CEOE en este asunto no son m¨¢s que una excusa, a?adiendo que la CEOE "parece reivindicar una especie de extra?o derecho a la clandestinidad en la fijaci¨®n de las condiciones de trabajo".

Yo no s¨¦ por d¨®nde ve esa clandestinidad el profesor Gonz¨¢lez Ortega, cuando actualmente el contenido de cualquier contrato debe ser remitido al Ministerio de Trabajo, al Inem y a otras instituciones p¨²blicas, y el propio trabajador tiene su copia, que puede facilitar a quien le plazca.

Precisamente porque todos esos controles ya est¨¢n establecidos, nos parece tan innecesario como peligroso que adem¨¢s se deban entregar los contratos obligatoriamente a unos delegados de organizaciones muy respetables, pero que no forman parte de los poderes del Estado.

?Controles?, los que hagan falta para evitar el fraude (todo fraude perjudica a los empresarios, porque supone siempre competencia desleal), pero que los efect¨²en funcionarios dotados de independencia de criterio y sometidos a su vez a controles rigurosos en su propia actuaci¨®n. ?Inspecciones?, las precisas, sean ¨¦stas cuales sean, pero que no las hagan miembros de organizaciones pol¨ªticas o politizadas, sino expertos independientes al servicio de la Administraci¨®n. ?Qu¨¦ dir¨ªan los ciudadanos si, con el pretexto de escasez de plantilla, se aprobara una ley por la cual a partir de ahora las Inspecciones de Hacienda las har¨¢n militantes de partidos pol¨ªticos?

Jos¨¦ Mar¨ªa Cuevas es presidente de la CEOE.