La Fiscal¨ªa de la Audiencia pide "un m¨ªnimo de 40 a?os" de c¨¢rcel para delitos terroristas graves
La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional propugna la pena de cadena perpetua, con una duraci¨®n m¨ªnima de 40 a?os, para los delitos terroristas graves, seg¨²n se recoge en la memoria que el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, elevar¨¢ hoy al Rey en la apertura del a?o judicial. La duraci¨®n m¨ªnima de 40 a?os, que "no chocar¨ªa con la Constituci¨®n", seg¨²n la citada fiscal¨ªa, ser¨ªa compatible con que el Rey pudiera otorgar un indulto tras el "cumplimiento efectivo de 25 a?os de c¨¢rcel"
La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional propugna en la memoria que Torres Boursault elevar¨¢ hoy al Rey la pena de "cadena Perpetua" para los hechos terroristas graves, "y que esta pena sea efectivamente cumplida". El informe establece como absolutamente necesaria" la reforma del C¨®digo Penal en materia de terrorismo, "porque es una verdadera exigencia que la sociedad est¨¦ debidamente protegida". "Lo que se est¨¢ cuestionando es que la pena en los delitos de terrorismo sea proporcionalmente razonable a la dimensi¨®n de los hechos, y que esa pena sea efectivamente cumplida", dice el informe."Recoger en el C¨®digo Penal la pena de cadena perpetua con una duraci¨®n m¨ªnima de 40 a?os para hechos graves sena congruente con el resto de las penalidades que para otros delitos se?ale el C¨®digo, no chocar¨ªa con la Constituci¨®n, a nuestro juicio", agrega la Fiscal¨ªa.
La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional est¨¢ especialmente sensibilizada en esta materia desde el asesinato de la fiscal Carmen Tagle, del que precisamente ayer se cumpli¨® un a?o. El informe se conoci¨® ayer, coincidiendo con el momento en que el fiscal del Estado y fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional asist¨ªan a un funeral en su memoria.
La fiscal¨ªa dirigida por Eladio Escusol considera que los autores de delitos terroristas merecen "distinto trato" que los delincuentes convencionales, lo que exige que se modifique la Ley Org¨¢nica General Penitenciaira en cuanto al "sistema de ejecuci¨®n de las penas" y en cuanto al "l¨ªmite m¨ªnimo" de cumplimiento. "Hoy la sociedad reclama que por los hechos terroristas, las penas sean m¨¢s proporcionadas a la gravedad de los delitos y el tratamiento penitenciario de los delincuentes terroristas sea en t¨¦rminos de equilibrio y no en t¨¦rminos de la amplia generosidad actual", a?ade el informe.
Respecto a la ejecuci¨®n de penas, la fiscal¨ªa no es partidaria de suprimir "todos" los beneficios penitenciarios para este tipo de delincuentes "porque los beneficios que, en su caso, procedan con arreglo a la ley, son derechos subjetivos condicionados".
Sin embargo, se muestra favorable a que el C¨®digo Penal o la Ley General Penienciaria establezcan un "tiempo m¨ªnimo de cumplimiento efectivo" porque en el momento presente, agrega el informe, "la aplicaci¨®n de los beneficios penitenciarios pueden producir resultados distintos, seg¨²n se trate de delito terrorista o no".Al margen del informe de la Fiscal¨ªa, la Memoria recoge, entre las propuestas de reforma legislativa, la formulada el pasado a?o por el fiscal Ignacio Gordillo para que las penas que cumplen los terroristas "se acerquen m¨¢s a las penas realmente impuestas". El fiscal explica que los cientos de a?os impuestos en las sentencias se reducen autom¨¢ticamente al m¨¢ximo de 30 a?os en aplicaci¨®n de la regla 2 del art¨ªculo 70 del C¨®digo Penal, y a partir de ah¨ª se descuentan los beneficios de redenci¨®n por el trabajo, permisos de salida, redenciones extraordinarias o libertad condicional, "con lo que el tiempo que en realidad se cumple que da reducido a 16 o 17 a?os como m¨¢ximo".
Las modificaciones propuestas por este fiscal de la Audiencia Nacional tambi¨¦n incluyen que los polic¨ªas y guardias civiles s¨®lo se identifiquen en los juicios con su n¨²mero de carn¨¦ profesional para evitar represalias y que algunos juicios se celebren total o parcialmente a puerta cerrada cuando declaren testigos "que requieran especial protecci¨®n".
1,5 millones de delitosRespecto a la evoluci¨®n general de la delincuencia que se contiene en la Memoria de la Fiscal¨ªa del Estado, las estad¨ªsiticas "revelan un equilibrio en su crecimiento". Las diligencias abiertas por delitos durante 1989 ascendieron a 1.522.340, 98.000 m¨¢s que el a?o anterior, lo que supone un porcentaje de aumento del 6,9%.
Los delitos contra la propiedad ocuparon el lugar preferente en las estad¨ªsticas judiciales, con una cifra global que roza ya el mill¨®n de procedimientos (937.319). El total de delitos contra la libertad sexual, que comprende, adem¨¢s de las agresiones sexuales y la violaci¨®n, el exhibicionismo y todos los delitos relativos a la prostituci¨®n, dieron lugar a la apertura de 5.541 diligencias, 674 m¨¢s que el a?o anterior. Por las diversas formas de violaci¨®n se iniciaron 1.443 diligencias frente a las 1.241 de 1988, lo que implica un aumento porcentual del 16,3%. La provincias que cuentan con m¨¢s delitos de violaci¨®n denunciados son Madrid (224), Barcelona (222), Las Palmas (104) y Tenerife (66).
El tr¨¢fico de drogas motiv¨® la incoaci¨®n de 30.706 diligencias, con un incremento de 1.369 sobre el a?o anterior.
El n¨²mero de detenidos por tr¨¢fico de drogas ascendi¨® a 27.417, cifra muy similar a la del a?o precedente. Los muertos por sobredosis de estupefacientes pasaron de 250 a 577 en 1989. Seg¨²n la Fiscal¨ªa del Estado, "Espa?a est¨¢ muy cerca de batir el triste r¨¦cord europeo de n¨²mero de fallecimientos .por sobredosis. S¨®lo nos supera la RFA e Italia".
Torres quiere penalizar el tr¨¢fico de influencias
El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, solicita en la Memoria anual de la Fiscal¨ªa la tipificaci¨®n del tr¨¢fico de influencias como delito en el denominado c¨®digo penal de la democracia, previsto para esta legislatura. "Las conductas conocidas como tr¨¢fico de influencias no encajan debidamente en las descripciones t¨ªpicas, y por implicar un descarado abuso en beneficio privado de situaciones privilegiadas, en contra de los principios de igualdad ante la ley y buena fe en los negocios jur¨ªdicos, han de considerarse intolerables contra valores esenciales precisados de protecci¨®n penal", dice la Memoria.La nueva figura delictiva, dentro de los delitos socioecon¨®micos deber¨¢ "perseguir a todo aquel que se aproveche de una posici¨®n de privilegio para lucrarse o facilitar que otro se lucre por negociaciones que, en condiciones de libre concurrencia, no sean accesibles a los operadores del sector que se trate".
Protecci¨®n a marginados
En la introducci¨®n de la primera primera Memoria que presenta ante el Rey, Leopoldo Torres propugna un Ministerio Fiscal "din¨¢mico, atento a la realidad social y palad¨ªn de las libertades constitucionales" en vez de "un fiscal est¨¢tico o resignado". En ese sentido, considera que la labor del fiscal debe ir encaminada a la protecci¨®n de los sectores marginados o m¨¢s desprotegidos por la sociedad", como ni?os, mujeres, ancianos y deficientes ps¨ªquicos.
Torres se?ala en la Memoria, que hoy elevar¨¢ al Rey en la apertura del a?o judicial, que la respuesta a la actual lentitud de la justicia pasa por una mayor atribuci¨®n a los fiscales de funciones de investigaci¨®n en el proceso penal.
Antes de la ceremonia de apertura del a?o judicial, el Rey inaugurar¨¢ la nueva sede del Consejo General del Poder Judicial, en un edificio cercano al Palacio de Justicia.
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