Las inc¨®gnitas de la concertaci¨®n

NADIE IGNORA que ser¨¢ dif¨ªcil avanzar en la concertaci¨®n mientras no se despejen inc¨®gnitas como las derivadas del congreso socialista, las elecciones sindicales, la evoluci¨®n de la crisis del Golfo y un hipot¨¦tico reajuste del Gobierno. Entretanto ser¨ªa conveniente que sindicatos, Gobierno y patronal aclarasen expl¨ªcitamente su actitud ante la negociaci¨®n y sus contenidos. Eliminar sobrentendidos hoy es la mejor manera de evitar malentendidos ma?ana. Y no es evidente que los interlocutores hablen de lo mismo cuando invocan la concertaci¨®n. Una prueba del confusionismo reinante son las manifestaciones de los l¨ªderes sindicales considerando arruinada la concertaci¨®n por la pretensi¨®n gubernamental de discutir un plan de ajuste.La concertaci¨®n tiene sentido en la medida en que el resultado favorezca simult¨¢neamente a las partes que negocian. Ello se opone a la l¨®gica del compromiso de suma cero: lo que beneficie a una parte ha de perjudicar en igual medida a la otra. La experiencia ense?a que una espiral salarios-precios es perjudicial para la competitividad de la econom¨ªa del pa¨ªs en general, pero tambi¨¦n que afecta en mayor medida a los sectores m¨¢s desfavorecidos de la sociedad: parados, eventuales, asalariados con menor capacidad adquisitiva. Por ello, unos acuerdos orientados a limitar la inflaci¨®n no s¨®lo son convenientes para los empresarios, sino para los sindicatos, interesados en reducir las desigualdades sociales; aparte de convertirse en una condici¨®n sine qua non para competir en Europa en igualdad de oportunidades.

La metodolog¨ªa adoptada para la primera fase de la concertaci¨®n implicaba la posibilidad de ir cerrando acuerdos parciales a la espera de las negociaciones sobre los puntos m¨¢s conflictivos. En la pr¨¢ctica fueron aprobadas significativas reivindicaciones de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP), pero no se avanz¨® un ¨¢pice en relaci¨®n a la principal contrapartida sindical: la aceptaci¨®n de un pacto de moderaci¨®n salarial en relaci¨®n con la competitividad, que no significaba, a priori, p¨¦rdida del poder adquisitivo. Planteado el reinicio de las negociaciones, las centrales han recordado las reivindicaciones pendientes y sugerido otras; pero ante la propuesta de negociar un pacto de competitividad han respondido que ello no ser¨¢ posible mientras el Gobierno no var¨ªe su pol¨ªtica econ¨®mica, por considerar a ¨¦sta la verdadera responsable de los desequilibrios detectados.

La pretensi¨®n de que se modifique una pol¨ªtica que forma parte del programa electoral refrendado por las urnas resulta discutible en t¨¦rminos democr¨¢ticos y revela un cierto retroceso en el proceso de secularizaci¨®n de los sindicatos apreciado meses atr¨¢s. La vuelta a argumentos como el del giro social -incluyendo la amenaza de un nuevo 14-D- resulta poco realista y contradictoria con la din¨¢mica de acuerdos que se dice querer impulsar. La discusi¨®n sobre si los males de la econom¨ªa son "anteriores a la crisis del Golfo y en todo caso responsabilidad del Gobierno" es bastante vac¨ªa: si una cierta pol¨ªtica de ajuste ya era exigencia de la situaci¨®n al margen del Golfo, ahora lo ser¨ªa con m¨¢s motivo. Carece de sentido, entonces, la afirmaci¨®n de las centrales de que el Gobierno ha enterrado la concertaci¨®n por pretender discutir asuntos diferentes a los contemplados en la PSP.

Pero el confusionismo se ve favorecido tambi¨¦n por el escaso realismo del Gobierno a la hora de fijar los objetivos: cuando se sabe que en 1990 los salarios han crecido por encima del 8%, fijar en un 5% los incrementos para 1991 supone una invitaci¨®n al desbordamiento. Especialmente cuando existe una evidente asimetr¨ªa entre esa fijaci¨®n ejecutiva de topes y la mera recomendaci¨®n de moderaci¨®n de los beneficios empresariales. Una negociaci¨®n sobre pol¨ªtica de rentas deber¨ªa implicar, adem¨¢s de compensaciones en terrenos como la sanidad o la vivienda social -compatibles con el programa del partido gobernante-, ciertas iniciativas relacionadas con la fiscalidad. Por ejemplo, compromisos para destinar a determinados fines sociales parte de los fondos captados como consecuencia del descubrimiento de nuevas bolsas de fraude.

Si se admite que la eliminaci¨®n de los desequilibrios que afectan a la econom¨ªa espa?ola es un objetivo en s¨ª mismo deseable (en la medida en que su existencia perjudica tanto a empleados como a empleadores), la concertaci¨®n es objetivamente posible. Pero para que se produzca en la pr¨¢ctica ser¨¢ preciso que todas las partes se comprometan a asumir su parte en los costes que el acuerdo implica. Y contra lo que parecen pensar unos y otros, la claridad es siempre preferible a la ambig¨¹edad.