Endogamia

EL EMPE?O de los partidos pol¨ªticos en no facilitar la transparencia y el control de sus finanzas es parejo a la reiterada benevolencia con que el Tribunal de Cuentas transige con el incumplimiento de exigencias b¨¢sicas en cualquier actividad econ¨®mica, m¨¢xime si se nutre de fondos p¨²blicos. El caso es que, con estas actuaciones, unos y otros est¨¢n alimentando irresponsablemente las querencias antidemocr¨¢ticas que pueden subyacer en la sociedad y desconocen con descaro las razones que justificaron en su d¨ªa la asunci¨®n de esta carga por el erario p¨²blico.La financiaci¨®n de la actividad de los partidos pol¨ªticos fue presentada como algo imprescindible para favorecer su independencia y su implantaci¨®n popular, pero s¨®lo pod¨ªa ser socialmente aceptada si era transparente y el contribuyente recib¨ªa una puntual informaci¨®n del uso de los fondos entregados. Pues bien, tres a?os despu¨¦s de la puesta en marcha de este sistema, y de la celebraci¨®n de varias contiendas electorales, no se ha logrado ni una cosa ni otra. Los partidos pol¨ªticos siguen aferrados al m¨¢s cerril oscurantismo en lo que se refiere a la clarificaci¨®n de los fondos que manejan y el Tribunal de Cuentas no pasa de lamentarse de las dificultades que encuentra en su labor, a la vez que hace piadosas recomendaciones a quienes de manera reincidente se burlan de la ley.

En el informe remitido al Congreso de los Diputados sobre los gastos de los partidos pol¨ªticos en las elecciones legislativas de octubre de 1989, el Tribunal de Cuentas reitera las mismas quejas que ya expuso a ra¨ªz de la fiscalizaci¨®n de las subvenciones estatales percibidas en el a?o 1987. Los partidos pol¨ªticos ignoran ol¨ªmpicamente sus obligaciones contables, lo cual imposibilita el control interno de los actos y documentos de contenido econ¨®mico, y, a mayor abundamiento, la fiscalizaci¨®n externa de su actividad econ¨®mico-financiera.

Pero ante este panorama lo que no cabe es lamentar las infracciones y permitir la conducta del infractor. Los ¨®rganos de control no pueden escudarse en la impotencia cuando tienen autoridad y med¨ªos coercitivos a su alcance para hacer cumplir la ley, entre ellos el expeditivo de la retirada de la subvenci¨®n p¨²blica al partido que se resista a aclarar sus cuentas. El control fiscal que se ejerce con rigor sobre el dinero de los ciudadanos tendr¨ªa dif¨ªcil justificaci¨®n moral si se recurre a pr¨¢cticas de manga ancha en el seguimiento del que circula institucionalmente.

El que sean los partidos representados en el Parlamento los electores de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas no deber¨ªa fundamentar sospecha alguna de complacencia por parte de ¨¦stos en la fiscalizaci¨®n de las finanzas partidistas. La vinculaci¨®n con la soberan¨ªa popular de las instituciones del Estado es coherente con la naturaleza del poder democr¨¢tico. Pero ello no puede llevar a una especie de endogamia institucional que, al imposibilitar el mutuo control de los ¨®rganos de poder, vicie todo el sistema y lo desacredite ante la ciudadan¨ªa. Es justamente lo que puede suceder si lo que la propia ley considera transparente -el uso y destino de los fondos p¨²blicos entregados a los partidos- se convierte en opaco por la connivencia interesada de los beneficiarlos y de quienes manejan los mecanismos de control.