El Ayuntamiento de M¨®stoles ceder¨¢ suelo a 25 familias gitanas si pagan el alcantarillado

La comisi¨®n del Ayuntamiento de M¨®stoles que estudia la situaci¨®n de las 36 familias gitanas expulsadas en septiembre de su asentamiento habitual propuso ayer que la corporaci¨®n ceda 2.500 metros cuadrados de suelo junto a la depuradora de El Soto para albergar a este colectivo. A cambio, estas familias deber¨¢n abonar 12 millones de pesetas para sufragar las obras de alcantarillado y de conexi¨®n de los distintos servicios p¨²blicos. No obstante, seg¨²n la parcelaci¨®n efectuada, cada familia recibir¨ªa 100 metros cuadrados de suelo, por lo que s¨®lo podr¨¢n asentarse 25 familias.

Para las 11 familias que se quedar¨ªan fuera del acuerdo, la comisi¨®n iniciar¨¢ conversaciones con la Iglesia para que les permita instalarse en unos terrenos que posee en M¨®stoles.El acuerdo alcanzado fija que los 11,7 millones de pesetas que cuesta la urbanizaci¨®n de calles y la acometida de las tomas de agua y electricidad y el alcantarillado deber¨¢n ser pagados por las familias gitanas.

Oposici¨®n vecinal

Mientras, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha visto obligado a paralizar las obras de acondicionamiento de una parcela municipal de 15.000 metros cuadrados que acoger¨¢ 34 viviendas prefabricadas en las que se instalar¨¢n las 32 familias gitanas del municipio afectadas por el desbordamiento del r¨ªo Jarama hace ahora un a?o. La causa de este par¨®n es la oposici¨®n de los propietarios de las tierras colindantes a la parcela, informa Javier Barrio.Seg¨²n fuentes municipales, estos propietarios han abierto zanjas, colocado montones de arena, arado el terreno y bloqueado con dos grandes tractores el camino a la parcela.

Las protestas de los propietarios de las tierras se basan en dos puntos: que las m¨¢quinas y camiones pasan por un terreno de propiedad privada y que el asentamiento de este n¨²cleo de gitanos "previsiblemente" les traer¨¢ problemas, tales como incendios de cosechas y ocupaci¨®n de tierras por otras familias gitanas.

Francisco Rivero, abogado de Pilar Fern¨¢ndez Villaplana, propietaria del terreno que atraviesa el camino utilizado por el Ayuntamiento para llegar a su parcela, afirma haber interpuesto un interdicto en el juzgado, ya que a su cliente no le notificaron jur¨ªdicamente la constituci¨®n de la servidumbre de paso.

El Ayuntamiento, que ya tuvo que pedir protecci¨®n en otras ocasiones para continuar los trabajos en el terreno, asegura que, de no ser por estos problemas, las familias podr¨ªan vivir ya en sus casas y habr¨ªa comenzado el programa de integraci¨®n que se pretende llevar a cabo en un tiempo de tres o cuatro a?os. Transcurrido este tiempo, est¨¢ previsto el desmantelamiento de estas casas y el paso de sus habitantes a viviendas del casco urbano.

Este proyecto, que supera en una primera fase los 25 millones, est¨¢ sufragado por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de San Fernando y Protecci¨®n Civil.