Partidos y dinero
EL JUEZ instructor del caso Naseiro ha decidido la apertura de juicio oral en relaci¨®n al proceso que se sigue contra varios ex dirigentes del Partido Popular (PP) y otras personas. Los dos anteriores tesoreros nacionales de ese partido y un concejal de Valencia habr¨¢n de hacer frente a una acusaci¨®n de cohecho en grado de conspiraci¨®n. M¨¢s concretamente, a la acusaci¨®n de realizar pr¨¢cticas orientadas a la financiaci¨®n irregular del PP y a la obtenci¨®n de beneficios particulares mediante el cobro de comisiones a cambio de la concesi¨®n de contratas de obras p¨²blicas.En numerosos pa¨ªses europeos, pero ¨²ltimamente sobre todo en los del sur del continente, la cuesti¨®n de la irregular financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos ha estado en el origen de todo tipo de esc¨¢ndalos de los que se ha derivado un enorme descr¨¦dito de los pol¨ªticos. La actuaci¨®n independiente de los jueces frente a esas formas de corrupci¨®n -en las que es dificil establecer una frontera entre el ¨¢mbito colectivo de los partidos y los intereses de las personas que maniobran en nombre de aqu¨¦llos- constituye la principal forma de defensa del sistema democr¨¢tico. En el caso Naseiro, las evidencias conocidas por la opini¨®n p¨²blica son de tal entidad que cualquier decisi¨®n judicial diferente a la de abrir juicio oral hubiera sido un esc¨¢ndalo mayor a¨²n que el de los hechos mismos.
La nueva direcci¨®n del PP encabezada por Aznar se encontr¨® con el esc¨¢ndalo cuando acababa de tomar posesi¨®n. Su primera reacci¨®n, solicitando la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n y encargando un informe interno con el compromiso de hacer p¨²blicos sus resultados, demostr¨® los reflejos de Aznar, en contraste con la torpeza, con que los socialistas respondieron al esc¨¢ndalo Guerra. Cualesquiera que fueran sus limitaciones -determinadas por la voluntad de exculpar a los dirigentes de cualquier responsabilidad en el asunto-, el informe interno, elaborado por Ruiz Gallard¨®n, ten¨ªa el ni¨¦rito de aceptar con valent¨ªa que los indicios derivados de las grabaciones eran de suficiente entidad como para deducir las responsabilidades que se especifican.
M¨¢s tarde, sin embargo, la oposici¨®n a la concesi¨®n del suplicatorio al diputado Sanchis puso en duda esa voluntad esclarecedora. El propio Sanchis ha dicho ahora que se alegra de la apertura del juicio oral porque en su desarrollo podr¨¢ demostrarse la nulidad de las actuaciones del juez que orden¨® la investigaci¨®n. Tal vez ocurra as¨ª, pero entonces no se entiende por qu¨¦ su partido se neg¨® a despejar el camino hacia la fase del proceso que ahora se abre.
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