El Gobierno dedicara 1.500 millones para la jubilaci¨®n anticipada de 140.000 agricultores

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, y los responsables de la Asociaci¨®n Agraria J¨®venes Agricultores (Asaja) suscribieron ayer un acuerdo por el que se modifica radicalmente el real decreto para el cese anticipado de actividad en el sector agrario o la jubilaci¨®n anticipada. Se espera que en los pr¨®ximos d¨ªas ratifiquen tambi¨¦n este acuerdo las otras dos organizaciones agrarias, la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA) de UGT y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). El colectivo de agricultores con posibilidad de acceder a esta ayuda se acerca a las 140.000 personas.

Con la nueva normativa, los agricultores mayores de 60 a?os que vendan o arrienden sus tierras recibir¨¢n una compensaci¨®n anual hasta su edad de jubilaci¨®n, los 65 a?os, que oscila entre 645.000 y un mill¨®n de pesetas, cantidades revisables cada a?o seg¨²n el aumento de las pensiones en el sector agrario.Para aplicar este real decreto, Agricultura tiene un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, aunque sus responsables han se?alado que habr¨¢ el dinero que sea necesario.

El importe de las ayudas por cese ser¨¢ de 645.000 pesetas por explotaci¨®n cuando no haya c¨®nyuge a cargo del agricultor, 745.000 pesetas si el titular tiene c¨®nyuge a cargo y un mill¨®n de pesetas si ambos cotizan a la Seguridad Social. Estas cifras ser¨¢n revisables anualmente seg¨²n el incremento de las pensiones en el sector agrario.

La posibilidad del cese anticipado de actividad en la agricultura tiene sus or¨ªgenes en el reglamento de abril de 1988 de la Comunidad, por el que se intentaba dar salida a los agricultores de edad avanzada que no quisieran seguir con sus explotaciones ante las mayores dificultades planteadas con la reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n. El reglamento de la Comunidad se?alaba el periodo para el cese de actividad entre los 55 y los 65 a?os, aunque dejaba libertad a cada Estado miembro para fijar otro periodo diferente.

La Administraci¨®n espa?ola desarroll¨® ese reglamento con un real decreto en septiembre de 1989 y una orden posterior en los primeros meses de 1990. El Ministerio de Agricultura, entre otras medidas, fijaba la edad del cese en los 60 a?os con una cuant¨ªa anual de 450.000 pesetas, a lo que hab¨ªa que restar el pago mensual de la cuota a la Seguridad Social, pero imped¨ªa el arrendamiento de las tierras para el cese en la actividad de padres a hijos.

Estas condiciones hicieron inviable la medida y fueron rechazadas radicalmente por todos los sindicatos agrarios que en el ¨²ltimo a?o plantearon la modificaci¨®n de este real decreto como una de sus principales reivindicaciones ante el Ministerio de Agricultura en las movilizaciones del pasado mes de junio.

La falta de respuesta oficial durante el ¨²ltimo a?o a las peticiones de los sindicatos agrarios hizo que las organizaciones agrarias COAG y Asaja presentaran meses pasados una iniciativa legislativa popular ante el Parlamento para la aprobaci¨®n de una ley para el cese anticipado de actividad. Aceptada la propuesta de los sindicatos, a partir de la pr¨®xima semana las organizaciones agrarias iban a iniciar la campana en todo el pa¨ªs para la recogida de 500.000 firmas que apoyasen su propuesta.

Cambio en Atocha

Con el acuerdo suscrito entre Carlos Romero y Asaja se introducen modificaciones b¨¢sicas para la viabilidad del cese anticipado de actividad. En primer lugar, se suprime el techo de 500.000 pesetas de ingresos brutos en una explotaci¨®n para que su titular pueda acceder a esta medida. Con la norma anterior se dejaban fuera miles de peque?as explotaciones con ingresos brutos inferiores.

El nuevo planteamiento autoriza el cese anticipado del padre y la transmisi¨®n de la propiedad al hijo tanto cuando tenga su propia explotaci¨®n agraria como si es colaborador del padre, siempre que lleve tres a?os en el R¨¦gimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Las explotaciones deben estar ubicadas en zonas de monta?a o desfavorecidas, lo que supone el 70% de la superficie del pa¨ªs.

Carlos Romero destac¨® que el objetivo del acuerdo era mejorar la estructura productiva ante la existencia de muchos agricultores.